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Sac-tun Calica se victimiza para continuar con el saqueo de recursos

La empresa dice que México no ha presentado pruebas del impacto negativo

Sac Tun, empresa dedicada a la extracción de material pétreo, reconocida anteriormente como CALICA, y filial de la empresa norteamericana Legacy Vulcan, se declaró “víctima” de una campaña de odio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Dentro del juicio que promovió en enero del 2019, donde acusa a los gobiernos municipal de Solidaridad, estatal de Quintana Roo y federal de impedirle continuar con sus actividades en los predios denominados El Corchalito y La Adelita, que adquirió en el año de 1998, la empresa, de acuerdo a un documento filtrado de este juicio, no sólo señala que  México nunca ha proporcionado justificaciones técnicas o legales para haber modificado el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) en el 2009, que afectó sus planes de expansión, sino que descalificó a ciudadanos y líderes sociales que se han manifestado constantemente para frenarlos, acusándolos de ser enviados del gobierno que encabezó Laura Beristain Navarrete.

Sac Tun hace mención específica a la manifestación que Marciano Toledo Sánchez encabezó el 21 de enero del 2018, cuando denunció que el muro que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump quería construir en la frontera con México, se haría con material extraído de la cantera de CALICA, en esta ciudad de Playa del Carmen.

El luchador social, cabe observar, fue uno de los principales críticos al gobierno de la entonces alcaldesa, pero la empresa filial de Legacy Vulcan, en este juicio promovido, pretendió convencer al tribunal que preside el holandés Jan Van Den Berg, de ser víctima de las autoridades locales,  estatales y federales, con el objetivo de que se le paguen 1 mil 569 millones de dólares como compensación pro supuestos daños; o se le permita continuar con su actividad minera en los predios antes citados y que desde el 2018 clausuró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

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En el documento de 77 páginas que Sac Tun entregó al tribunal del CIADI, en su punto 29, manifiesta:

“México nunca ha proporcionado justificaciones técnicas o legales para abandonar el proceso de modificación del POEL (Programa de Ordenamiento Ecológico Local). Tampoco ha podido refutar el hecho de que este abandono fue motivado políticamente para favorecer los intereses locales”.

(…)

Y sostiene que cuando “el Comité (municipal) para Modificar el POEL aprobó el informe de diagnóstico,  la concejal de Solidaridad, y eventual alcaldesa, Laura Beristain, manifestó su oposición a los “cambios de uso de suelo” en el POEL a favor de CALICA. Posteriormente, la legislatura de Quintana Roo aprobó un Punto de Acuerdo no vinculante presentado por Beristain, instando a que no se modifique el POEL para permitir que CALICA extraiga (material de) La Adelita porque supuestamente CALICA estaba suministrando materiales para construir el muro de odio”.

Y, continúa, “México nunca ha negado que un aliado y miembro del equipo de gobierno de la alcaldesa Beristain, asesores orquestaron una protesta frente a las instalaciones de CALICA en enero de 2018, enarbolando críticas peyorativas, carteles contra CALICA y el presidente Trump”.

Marciano Toledo, en la manifestación a la que aludió CALICA, denunció que esta empresa int5entaba comprar conciencias en el gobierno municipal, precisamente el de Laura Beristain.

De hecho, hay que recordar también, cuando se presentó el proyecto del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete ya le daba una vocación minera a la Unidad de Gestión Ambiental 14, donde se encuentran los predios de La Adelita y El Corchalito.

En otras palabras, Sac Tun intentó confundir a la corte internacional denostando un movimiento ciudadano, haciendo creer que fue orquestado por el gobierno municipal, buscando con ello un resolutivo a su favor.

Y es que, lo que se juzga en este caso, no es la manifestación ciudadana, sino el supuesto dolo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, contra la empresa transnacional.

Mencionar por último que en noviembre del 2021 el tribunal del CIADI estaba por dar un veredicto, pero CALICA presentó supuestas evidencias nuevas para prolongar el juicio. Entre estas “nuevas evidencias”, la manifestación enarbolada por Marciano Toledo quien llamó la atención al levantar una sierra eléctrica en señal de repudio a las políticas fascistas del expresidente Donald Trump y, por supuesto, los planes ecocidas de CALICA.

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