Se ‘adueña’ Sac tun de zona arqueológica en su interior

Periodismo en colectivo

Al igual que varios particulares, como Grupo Xcaret y Playacar, Vulcan Legacy-CALICA, posee una zona arqueológica dentro de los predios de su propiedad, con la diferencia de que las dos primeras en mención pueden ser visitadas por cualquier persona, pero las de CALICA, no, puesto que nunca ha permitido el acceso al público, pese a ser patrimonio.,

Antes CALICA, hoy Sactun, filial de Vulcan Legacy, está ubicada a la altura del kilómetro 283 de la carretera Chetumal-Cancún, y cuenta con diversos lotes conocidos como Punta Iñan y Rancho “la Rosita”, que en conjunto suman aproximadamente 1,200 hectáreas, donde existen yacimientos de materiales pétreos de tipo calcáreo, de los que se extrae caliza para cemento y piedra triturada para exportación, vía marítima.

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Dentro de esos terrenos, existe una la zona arqueológica denominada Calica, misma que forma parte de los conjuntos arquitectónicos que se extienden a lo largo de la costa de Quintana Roo, como parte del sistema de asentamientos prácticamente ininterrumpidos que ocupan varios kilómetros, que incluye los sitios de Xcaret, Calica (La Rosita y Rancho Ina), Punta Piedra y Kanakeuic, los cuales se encuentran vinculados a través de una red de muros residenciales y estructuras habitacionales bajas.

Este conjunto arqueológico no está abierto al público, pues para ello se requiere un acuerdo y la coordinación entre los propietarios del terreno y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual no se ha firmado nunca, entre otras situaciones debido a que, si la zona se abre, el INAH debe disponer de personal para verificar que los monumentos arqueológicos no sean dañados.

Vulcan Legacy y su filian Sactun, mejor conocida como Calica, nombre que tuvo al inicio la extractora de material de construcción, fue puesta en la mirilla pública luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que existe un arbitraje internacional iniciado por la corporación norteamericana, en contra del estado mexicano, y en el cual demanda una indemnización de mil 569 millones de dólares.