El gobierno que encabeza Carlos Joaquín González, lejos de solucionar los problemas de vivienda y regularización en la popular colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen; entorpeció el proceso que iniciará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Para ello, no sólo simuló una Asamblea para disolver a la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), en mayo pasado; sino que a través de la misma promovió un amparo para impedir el Acuerdo de la misma SEDATU mediante el cual “se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de terreno nacional, la superficie restante de las 1,200 hectáreas cedidas gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del Carmen, que no se hubieren ajustado a los Decretos publicados en fechas 2 de abril de 1973 y 15 de febrero de 1980”.
Hay que recordar, fue a mediados de diciembre del 2021, cuando la SEDATU publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dicho acuerdo, con el que iniciaba de manera formal el proceso para que los más de 5 mil lotes que hay en este asentamiento pudieran regularizarse, sin tener que pagar ya a la Derimaya.
Sin embargo, este organismo promovió un amparo en contra de dicho acuerdo, el 6 de enero de este año.
En el Número de Expediente Único Nacional 29340141; Número de Expediente Asignado 17/2022; y Número de control Oficina de Correspondencia Común 2022000004/2022, que aparece publicado en los estrados del Consejo de la Judicatura, el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la ciudad de Cancún, concedió una suspensión provisional el pasado 25 de enero de este año y el 21 de junio de manera definitiva.
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Es importante destacar, la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Desarrolladora de la Riviera Maya está conformada por dos partes, el Gobierno del Estado como socio mayoritario con el 51 por ciento de los derechos; y Ofelia González Witt. Pero, como se aprecia en el registro Público de la Propiedad y el Comercio, el actual consejo lo integran Carlos Joaquín González, Yohanet Torres Muñoz, que staba en su papel como secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), aunque actualmente ya es diputada integrante de la XVII Legislatura; y Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS); aparte de la particular.
Es decir, quienes promovieron este amparo fueron los mismos integrantes del gobierno del Estado para dejar por ahora sin efecto los estipulado en el acuerdo citado.
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Finalmente, hay que observar que en el multicitado acuerdo, en el tercer punto establece: “De igual forma este acuerdo respetará los derechos adquiridos con posterioridad a este término y que fueron regularizados mediante el Gobierno del estado de Quintana Roo, así como la Desarrolladora de la Riviera Maya S.A de C.V.; esto, por medio del reconocimiento de los folios reales generados sobre los predios escriturados a favor de terceros adquirientes de buena fe, así como aquellos que se encuentran en proceso de contratación y/o regularización con la empresa referida, para lo cual se emitirán los lineamientos de reconocimiento de dichas translaciones o procesos de regularización mediante el Comité que se integre para tales efectos”.
No obstante lo anterior, la Derimaya va por el resto de los lotes para obtener un beneficio económico de un terreno que se otorgó para el Fundo Legal de lo que hoy es Playa del Carmen.
