Tras años de abusos, disolverán Derimaya

El 2 de Abril de 1994, una multitud, encabezada por la organización denominada Asociación de Colonos Fausto Leonel Villanueva, tomó por asalto los predios propiedad de, Rangel Castelazo ubicados al norte de Playa del Carmen. Al frente de multitud y organización venían los señores Gildardo Sosa López y Julio Cano Novelo.

La extensión de terreno propiedad de Rangel Castelazo era de 3 mil hectáreas de las cuales se invadieron 80 hectáreas únicamente. Éstas se dividieron de la siguiente manera: 160 manzanas de 20 lotes cada una.

La multitud que participó de la invasión y la repartición de lotes era de extracción humilde.

A decir del cronista de la ciudad, Raymundo Tineo Celaya, “aducían que las causas de haber invadido tal propiedad privada era la necesidad de una vivienda digna y un mejor acomodo de quienes formaron parte de la multitud que invadió el predio particular”.

Después se oficializó otra versión: “Playa del Carmen estaba creciendo y no podía hacerlo hacia ninguna otra parte que no fuera el terreno invadido”

Y es que, hacia el sur era imposible por la ubicación definitiva del desarrollo turístico residencial llamado Playacar, el cual había iniciado operaciones desde 1980. Este consorcio había adquirido legalmente los terrenos desde 1968.

La zona ejidal ubicada al poniente, tampoco podía considerarse “invadible” debido a la posición de los ejidatarios poseedores, quienes se ampararon legalmente desde que se les comenzó a insinuar la venta de una parte de la zona ejidal. Advirtieron que no cederían hasta que las negociaciones contemplaran sus propios intereses además de los que reclamaban ciertos políticos y especuladores.

Por supuesto, al oriente está el Mar Caribe y el predio propiedad de Rangel Castelazo estaba en litigio desde hacía años, entre el gobierno quintanarroense y el propietario; la supuesta causa del litigio basada en el recurso jurídico denominado FUNDO LEGAL, es decir, el derecho del Estado a expropiar tierras que considera ociosas o contempladas para  el bien común.

Para el cronista, en la década de los 90’s, los esfuerzos del gobierno a través del Instituto de la Vivienda en Quintana Roo (INVIQROO) y de empresas particulares para dotar  de vivienda a la creciente población de Playa del Carmen eran insuficientes. Las colonias Gonzalo Guerrero y Zazil-Há, así como el complejo habitacional Quintas del Carmen, ubicadas al Norte del poblado, fueron las primeras ampliaciones de la ciudad y fueron copadas rápidamente. A pesar de la descentralización que se realizó, trabajadores de escasos recursos se establecieron de manera violenta en terrenos pertenecientes al Gobierno Estatal, localizados al Norte de las zonas urbanizadas, debido a la necesidad de contar con un sitio para fincar sus viviendas, ya que las rentas en las áreas urbanas alcanzaban cifras muy altas, fuera de sus posibilidades económicas.

Esta invasión, para algunos, tuvo el apoyo del entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, quien desde que iniciara su campaña rumbo a este cargo, también se había comprometido en independizar a Playa del Carmen del municipio de Cozumel y que se reflejó en 1993 con el nacimiento del octavo municipio Solidaridad.

Pero, en el caso de la popular colonia, no fue sino hasta el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz cuando comenzaron a regularizar esta colonia, mediante la creación de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya).

Con una participación del 51% por parte del Gobierno del Estado y el 49% para los familiares de Rangel Castelazo, se lograron regularizar de los más de 5 mil lotes, 3 mil 104 predios, de los cuales 1 mil 162 están Escriturados por Compraventa; 807 son propiedad de Desarrolladora de la Riviera Maya, pero sin escrituras; 913, están pagando contratos; 16, escriturados por Contrato con el desaparecido Instituto de Vivienda de Quintana Roo (Inviqroo); 2 predios escriturados como Propiedad de Desarrolladora de la Riviera Maya, en donde están ubicadas las oficinas del organismo; y 14 predios en posesión a través de Terceros Escriturados. Asimismo, de los predios Irregulares sin contrato con esta Desarrolladora son 23 en posesión a través de Terceros Irregulares; 155 con subdivisión autorizada; y 12 por convenio de Ocupación con el Inviqroo.

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Ahora, con la disolución de este organismo, el futuro pareciera incierto para los restantes 2 mil posesionarios. Pero, al ser un compromiso de campaña del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la encargada de dar esta certeza jurídica.

Para otros, con la desaparición de Derimaya, quedará siempre la duda de cuánto se recaudó por parte de este organismo, y cuánto se destinó por parte del gobierno estatal como socio mayoritario para la introducción de obras y servicios pues la mayoría de los gobiernos, destinaron recursos públicos.

En otras palabras, la opacidad de lo ocurrido al interior de este organismo que ni siquiera será revisado, logra también sus objetivos de salir sin ningún tipo de responsabilidad gracias al acuerdo publicado el 16 de diciembre de 2021, por parte de la SEDATU,  y por el que se reincorpora al dominio pleno de la Nación en calidad de terreno nacional, la superficie restante de las 1 mil 200 hectáreas cedidas gratuitamente por el Gobierno Federal al Gobierno del entonces Territorio de Quintana Roo, para la formación del fundo legal del poblado de Playa del Carmen.