El documento está clasificado y se pretendía abrir hasta 2035.
Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo de 1994, cuando era candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La versión oficial habla de un asesino solitario, Mario Aburto; distintas versiones hablan de un asesinato político relacionado con una pugna de poder dentro del Gobierno del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari.
“Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez resaltó que la información pública brinda la oportunidad de ampliar la memoria sobre los hechos históricos. ‘Cada documento oficial, cada video, cada estadística, cada expresión documental permitirá incluir más voces para ampliar el relato de lo sucedido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, de lo sucedido aquel año de 1994, y andar el camino hacia la memoria y verdad’”, afirmó el Instituto en un comunicado.
La Procuraduría decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en noviembre de 2000 y el último fiscal de la entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso y turnó al Archivo General de la Nación, “advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035”.
Salas Suárez afirmó que el Instituto “ha propugnado por la máxima publicidad: en 2011, el entonces IFAI ordenó a la PGR dar a conocer los 13 vídeos del momento exacto del atentado y, en agosto de 2018, el INAI instruyó al mismo sujeto obligado dar a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés”.
“Nuestra labor es garantizar el derecho de acceso a la información pública para, como dije, ampliar los relatos sobre los hechos histórico y colaborar a la construcción de memoria y verdad”, subrayó el comisionado, de acuerdo con el comunicado.
“La PGR clasificó la información solicitada –dijo el INAI–, argumentando que hacer público el vídeo representa un riesgo, ya que se relaciona con una indagatoria y corresponde a la información reservada en noviembre de 2000; el sujeto obligado indicó que la clasificación fue confirmada por su Comité de Transparencia”, explicó la institución.
En el análisis del caso, a cargo del comisionado Joel Salas, se advirtió que el contenido del videocasete solicitado reviste profundo interés público, “ya que se relaciona con uno de los momentos que marcó la historia política contemporánea de México”.
Además, “los videos recopilados por la PGR no dan cuenta del contenido de las líneas de investigación que emprendió el Ministerio Público, por lo tanto, la divulgación del videocasete BTC-01 constituye la medida adecuada para que los ciudadanos conozcan los hechos gráficos y sonoros en poder de la autoridad”.
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