El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, manifestó su respaldo legislativo y jurídico a las y los quintanarroenses que enfrentan altas tarifas de agua potable por parte de la empresa Aguakán, mismas que —denunció— llegan a superar los mil pesos mensuales por familia, cuando antes oscilaban entre 200 y 600 pesos.

El legislador consideró positiva la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible compra de Aguakán por parte del Estado; sin embargo, subrayó que la urgencia inmediata es establecer un subsidio que permita reducir de manera real el costo del servicio.

“Así como el gobierno federal subsidia proyectos de la 4T que no son autosuficientes, como el Tren Maya con más del 90 por ciento o el Tren Interoceánico con el 97 por ciento, debería destinar recursos públicos para aliviar el gasto de las familias en algo tan básico como el agua”, sostuvo.

Sánchez Rodríguez señaló que el agua es un derecho esencial, no un lujo, y reprochó que mientras se inyectan miles de millones de pesos a proyectos como Mexicana de Aviación, la Refinería Dos Bocas, el AIFA y otros, los habitantes de Quintana Roo sigan enfrentando recibos “impagables”.

“El gobierno del estado y los municipios deben intervenir de inmediato. No se puede permitir que la tarifa del agua sea un asalto para las familias”, afirmó.

Finalmente, el diputado anunció que impulsará acciones legislativas para que el gobierno federal intervenga de manera positiva en este conflicto y reiteró que los gobiernos de Morena no han priorizado el bienestar de las familias quintanarroenses, sino intereses económicos ajenos a la ciudadanía.

A una semana de que concluyera funciones el pleno anterior, la entonces ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández determinó desechar la solicitud presentada por la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo, que buscaba revertir la suspensión definitiva otorgada a la empresa desde enero de 2024.

Con ello, Aguakán conserva el control del suministro de agua potable en la zona turística más importante del país, que atiende a más de 1.5 millones de habitantes y alrededor de 130 mil cuartos de hotel de gran turismo.

Se trata de la segunda ocasión en que la Corte rechaza intervenir en este caso: en mayo también desechó revisar una cláusula de la concesión que prevé la resolución de controversias mediante arbitraje en Francia, acuerdo pactado desde 2014 bajo la administración del exgobernador Roberto Borge.

Aunque en abril de 2025 Aguakán no obtuvo un amparo contra la revocación de la concesión, el servicio no puede retirársele mientras esté vigente la suspensión definitiva. El asunto ahora deberá ser resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo.

La controversia inició en diciembre de 2023, cuando la XVII Legislatura local derogó el Decreto 250, que otorgaba a Aguakan los derechos para operar los servicios hídricos hasta 2053. La empresa reaccionó interponiendo un amparo, lo que permitió que continuara con sus operaciones en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Paya del Carmen mientras se resolvía el litigio.

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Sin embargo, con la reciente sentencia del caso 1323/2023, el Poder Judicial federal respaldó la decisión del Congreso estatal, abriendo paso a la posible transferencia de la infraestructura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Hasta el momento, Aguakan no ha anunciado si acatará el fallo o presentará nuevos recursos legales.

Denuncias por presunto fraude
En paralelo, el gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal contra la concesionaria por supuesto fraude, basándose en documentos que la propia empresa incluyó en su demanda de amparo. Cristina Torres, secretaria de Gobierno, señaló que existen inconsistencias en los informes financieros de Aguakan, particularmente en los recursos destinados a la ampliación de la concesión.

“Hay elementos que sugieren fraude procesal, ya que la concesionaria habría proporcionado información falsa ante el juez”, afirmó Torres. Además, se inició un procedimiento administrativo para que la empresa justifique el uso de los fondos públicos recibidos.

El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades estatales preparan la transición de los servicios hídricos a CAPA.

“Nosotros no establecemos la tarifa, es el Congreso quien regula el precio del agua y quien ha castigado a los ciudadanos con los aumentos”, afirmó Rangel Merkley en su intervención televisiva. Según él, la tarifa es la misma en todo el estado, lo que contradice las acusaciones del gobierno estatal sobre abusos en los cobros y deficiencias en el servicio.

El próximo 6 de febrero, Rangel Merkley enfrentará una audiencia de imputación y vinculación a proceso por el delito de falsedad de declaraciones en el juicio contra el gobierno estatal. La Fiscalía General de la República lo investiga por presuntamente proporcionar información falsa en el juicio de amparo que permitió a Aguakan continuar operando, pese a la cancelación de su concesión en diciembre de 2023.

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La gobernadora de Quintana Roo ha sido una de las principales impulsoras del proceso legal contra la concesionaria, argumentando que su permanencia es ilegal y va en contra de la voluntad popular expresada en la consulta ciudadana de 2021. Sin embargo, Rangel Merkley, ahora prófugo, no solo defendió la permanencia de la empresa, sino que acusó al gobierno estatal de orquestar una campaña en su contra.

“Nos persiguen por razones políticas, no legales. Aguakan ha cumplido con su contrato y ha respetado las decisiones judiciales. El problema aquí es que el gobierno estatal quiere expropiar el servicio sin seguir los cauces legales”, afirmó el directivo.

La concesión de Aguakan, que data de 1990, fue ampliada en 2014 hasta el año 2053 por el entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso por corrupción. En 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el decreto 195, anulando esa extensión y dando por terminada la concesión el 31 de diciembre de ese año. No obstante, la empresa impugnó la decisión y logró una suspensión definitiva del decreto, lo que le ha permitido seguir operando en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

A pocos días de su audiencia, la aparición de Rangel Merkley en medios de comunicación solo ha avivado la polémica. Mientras el gobierno estatal insiste en que Aguakan debe dejar de operar, el empresario mantiene su postura de que la empresa ha actuado conforme a la ley. Con su paradero aún desconocido y una orden de captura en su contra, su futuro legal sigue en suspenso.

La concesionaria del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales promovió un juicio de amparo contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, pero su solicitud fue desechada apenas un día después de ser admitida en el Juzgado Cuarto de Distrito.

El reclamo legal tenía como objetivo impugnar dos oficios emitidos por la CAPA, los cuales notificaban observaciones por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con el título de concesión otorgado a la empresa el 20 de octubre de 1993.

El primer oficio, identificado como CAPA/DRAEF/1574/2024 y generado el 27 de diciembre de 2024, forma parte del expediente CAPA/DG/CJ/0480/2024 y corresponde a obligaciones fiscales pendientes de 2019. El segundo, CAPA/DRAEF/1580/2024, fue emitido el 30 de diciembre de 2024 dentro del expediente CAPA/DG/CJ/0481/2024 y está relacionado con el ejercicio fiscal de 2020. Ambos documentos fueron notificados a la empresa el 31 de diciembre de 2024.

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En un intento de frenar la fiscalización, Aguakan recurrió a otro juicio de amparo para cuestionar tanto las notificaciones como la constitucionalidad de disposiciones del Código Fiscal de Quintana Roo. Sin embargo, la justicia federal negó las suspensiones provisional y definitiva, y desechó el recurso con una sentencia adversa el 17 de diciembre de 2024.

La concesión que Aguakan obtuvo en 1993 por un periodo inicial de 30 años ha sido objeto de controversias, pues fue modificada en 1999 y 2014 para extender su vigencia hasta 2053. Sin embargo, un decreto legislativo en 2023 revocó dicha ampliación, terminando formalmente la concesión el 31 de diciembre de ese año.

Pese a esto, la empresa continúa litigando para mantener su operación, en un contexto marcado por el hartazgo ciudadano por los constantes abusos y deficiencias en el servicio. En 2022, una consulta ciudadana vinculante decidió retirar la concesión en tres de los cuatro municipios donde opera: Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.

Entre las principales quejas destacan los cobros excesivos, la falta de suministro de agua potable y las deficiencias en el drenaje sanitario.

Sin embargo, el directivo logró suspender temporalmente estas medidas que le impedían abandonar el país sin ser detenido, gracias a un recurso de queja de amparo tramitado ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo.

El pasado 22 de diciembre, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Policía Federal de Investigación intentaron detenerlo en su lugar de trabajo. Según expedientes judiciales consultados, los agentes no pudieron ingresar al inmueble debido a restricciones legales.

La denuncia penal que originó estas acciones fue presentada por el Gobierno de Quintana Roo ante la FGR a inicios de 2023, acusando a Aguakán de presunto fraude procesal. Se sospecha que la empresa obtuvo de manera ilícita una suspensión de amparo para frenar el retiro de la concesión, aprobado en 2023 por el Congreso estatal.

Tras el intento de detención, Rangel Merkley presentó una demanda de amparo indirecto contra la orden de aprehensión, así como contra la emisión de la ficha roja y la alerta migratoria, que podrían ser ejecutadas por la Interpol.

El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo concedió una suspensión provisional parcial, dejando sin efecto la orden de aprehensión pero manteniendo vigente la alerta migratoria. Posteriormente, el directivo impugnó esta resolución ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que le otorgó una suspensión provisional también contra la ficha roja y la alerta migratoria, en espera de la resolución definitiva.

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La audiencia incidental para determinar si Rangel Merkley recibirá la suspensión definitiva está programada para el 29 de enero.

El conflicto no es menor: Aguakan, propiedad de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, provee agua potable y alcantarillado a 1.48 millones de habitantes en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo, con mayoría de Morena, decidió poner fin de manera anticipada a la concesión otorgada en 2014 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, quien actualmente está preso. Esta concesión, originalmente vigente hasta 2053, fue criticada desde su inicio por supuestos vicios legales.

Aunque Aguakán interpuso un amparo que mantiene suspendido el retiro de la concesión, el Gobierno estatal sostiene que esta medida cautelar fue obtenida de manera irregular. La disputa legal continúa mientras se define el futuro del servicio de agua en la región.

Las labores de la CFE, que iniciarán en la mañana del miércoles 6 de noviembre y se espera concluyan en la noche, afectarán la operación de los cárcamos de captación de agua en Cancún, provocando baja presión y falta de agua en supermanzanas clave y zonas turísticas. Sin embargo, la pregunta que se hacen los afectados es por qué, después de numerosas interrupciones similares, Aguakan no cuenta con equipo de emergencia que permita garantizar un suministro constante en situaciones así.

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La concesionaria ha recomendado a los ciudadanos almacenar agua y limitar su consumo durante el día, pero para muchos habitantes estas medidas no son suficientes. Con una concesión constantemente cuestionada, Aguakan no parece estar a la altura de las necesidades de una ciudad en crecimiento y un destino turístico internacional, que requiere un servicio eficiente y proactivo.

Mientras tanto, las quejas en redes sociales aumentan, y los ciudadanos exigen una solución que garantice el acceso continuo a este servicio básico, criticando la falta de inversión en infraestructura y el deficiente mantenimiento de la red hidráulica.

“El agua potable es vital para la población, pero está en manos de una concesionaria que ha fallado en ofrecer un servicio digno”, afirmó el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez. Recordó que hace años, los vecinos de la región se organizaron para exigir la revocación de la concesión a través de un plebiscito, pero hasta el momento, no han sido escuchados.

El problema afecta principalmente a los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum e Isla Mujeres, donde los habitantes enfrentan cobros excesivos y deficiencias en el suministro de agua. “Exigimos a las autoridades que revisen la concesión, frenen los abusos y garanticen un servicio digno de este recurso vital”, añadió el legislador.

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Sánchez también adelantó que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados seguirá exigiendo que el servicio de agua sea mejorado y, de ser necesario, que se revoque la concesión, como han solicitado los ciudadanos de Quintana Roo. “No vamos a quedarnos callados”, sentenció.

Es importante recordar que Aguakan es la empresa encargada de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, donde las quejas han sido constantes.

En redes sociales de la plataforma Facebook afloran las inconformidades, vecinos de diversos fraccionamientos manifiestan sus quejas por la carencia del servicio.

La pasada legislatura local omitió atender este problema, nadie mostró interés en darle seguimiento para buscar la revocación de la concesión.

En tanto, los usuarios de Aguakan siguen expresando su malestar por la deficiencia en el suministro del vital líquido, y a pesar de que es un derecho humano no le interesa a la concesionaria atender el problema.

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La gente expresa su malestar todos los días, ojalá que los nuevos diputados locales retomen el punto y lo lleven a una mesa de revisión y análisis, ya que la concesionaria cobra puntal y si te atrasas un día aplican multas..

Cabe señalar que la concesionaria Aguakan ha sido blanco de quejas debido al deficiente servicio que ofrece, a pesar de los altos cobros.

En ese contexto, el regidor del Partido de Acción Nacional (PAN), Juan Novelo, afirmó que el deficiente servicio de abastecimiento de agua potable es un problema social que aún no se ha solucionado.

“La concesionaria debe brindar el servicio de agua potable de manera adecuada y garantizar que llegue a todas las familias en el municipio de Solidaridad”, señaló. “Lamentablemente, esto no está ocurriendo; si no logras pagar puntualmente, Aguakan te suspende el servicio, lo cual es inaceptable porque el agua es un derecho humano que todos debemos tener”.

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El edil subrayó que hay numerosas quejas por la falta de servicio adecuado, ya que no llega a todas las colonias ni con la capacidad necesaria.

Reconoció además que la concesionaria no ha mostrado voluntad para mejorar, y que, sumado al alto crecimiento poblacional, Aguakan debe invertir más recursos para modernizar su infraestructura y ofrecer un servicio adecuado a la comunidad.

Juan Novelo exhortó a la concesionaria a dar mejor atención al público y mejorar las instalaciones de la red de agua potable. Explicó que, debido a la situación actual, se debe analizar la posibilidad de presentar una iniciativa que examine si es factible revocar la concesión. “Primero que nada, debemos exhortar a la empresa a brindar un servicio digno en Quintana Roo, como corresponde a este derecho humano fundamental: el derecho al agua”, concluyó.