Como recordarás la empresa de recolección de basura Redesol interpuso una denuncia contra la ex presidenta del municipio de Solidaridad por el delito de abuso de autoridad, luego de que se hiciera caso omiso a una sentencia judicial en la que se dictaba la reinstalación de dicha empresa.

Como era de esperarse, ante el incumplimiento de la Beristain, el desacato volvió a manos de las autoridades y durante una audiencia en marzo del pasado 2022, la ex munícipe obtuvo como medida cautelar el arraigo con el cual no se le permite poner un pie fuera de Quintana Roo, además el juez de control que la vinculó a proceso, añadió como medida de requerimiento, la presentación de Laura Beristain en el juzgado de penalidad oral para presentarse a firmar periódicamente.

Sin embargo, las medidas antes mencionadas, para nada fueron del agrado de Laura y quiso una vez más “imponer su ley” y recurrió al recurso de revisión con el que intentaba revertir las condiciones impuestas por el Juez, pero tal parece que ni ella ni sus representantes legales conocen “al 100” las leyes interponiendo así en enero de este 2023; un recurso legal que finalmente fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito Judicial en Cancún.

Y es que “se le pasaron las fechas” a la Beristain y sus abogados para meter la impugnación de amparo, las cuales de acuerdo con la ley, esta contaba con 10 días hábiles para ingresar su recurso de revisión y la ahora regidora por Morena lo ejerció 12 días después, ahora sí que “con la pena”, debió decir el Juez.

Con lo anterior, quedó nuevamente reafirmada la sentencia otorgada en diciembre pasado por el Juzgado Noveno de Distrito en Cancún, el cual también dictó que la ex presidenta debe permanecer en la entidad e ir a “colocar su firmita” periódicamente al juzgado.

Para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia del Gobierno encargado de la obra, el Tren Maya es legal y sigue en el sureste de México.

Es absolutamente falsa la versión de que la obra en el Tramo 5 se haya suspendido en forma definitiva”, aseguró a EFE Fernando Vázquez Rosas, vocero de la dependencia.

El funcionario federal explicó que la obra emblemática de López Obrador “cuenta con todos los permisos y autorizaciones sobre el cambio de uso de suelo”.

“No existe ningún impedimento para que el Tren Maya avance porque cuenta con todos los permisos necesarios”, reiteró.

Por el contrario, “Sélvame del Tren” envió un comunicado en el que asegura que el titular del I Distrito de Yucatán, Adrián Pérez Novelo, otorgó una suspensión definitiva contra la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

La agrupación reiteró que la obra, que contempla más de mil 500 kilómetros de vía en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, “ha estado llena de inconsistencias”.

“Nuevamente se otorga la suspensión definitiva al proyecto del Tren Maya, reafirmando que no se realiza con el debido proceso, estudios, permisos y autorizaciones”, añadió el pronunciamiento.

El comunicado aseveró que el juez otorgó la suspensión definitiva para evitar que se sigan talando árboles en los terrenos donde no se concretó el cambio de uso de suelo.

Sin embargo, Vázquez Rosas desmintió a la organización al argumentar que Fonatur está entregando toda la información requerida por el juez que lleva el caso del amparo 2878/2022.

Reiteró que la construcción cuenta con los permisos correspondientes, “actualmente ya se está en los trabajos de terraplén e infraestructura y por eso es falsa la versión de que la obra del Tren Maya haya sido detenida”.

El Tren Maya, con una inversión contemplada de casi 300 mil millones de pesos (unos 15 mil millones de dólares), ha despertado denuncias de organizaciones por el presunto desplazamiento de pueblos originarios y su daño ambiental.

Pero el vocero de Fonatur insistió en que “la obra es responsable con el medio ambiente y se inaugurará este año”.  Como ejemplo, citó que con el programa “Sembrando vida” se reforestan 500 mil hectáreas en el sureste con 500 millones de árboles.

“En toda la ruta se sembrarán árboles y las reservas naturales se ampliarán hasta en un millón y medio de hectáreas”, señaló.

Añadió que “prácticamente la mitad de la vía del Tren Maya será electrificada, eso contribuirá a disminuir emisiones contaminantes”.

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Se informó que el juez primero del Distrito en el estado de Yucatán fue quien concedió esta suspensión el pasado 17 de enero bajo el amparo 2878/2022. Lo anterior con base en el artículo 68, fracción primera de la Ley General de Desarrollo Sustentable, el cual refiere al uso de cambio de suelo.

Así lo dio a conocer el movimiento “Sélvame del Tren”, el cual es conformado por diversos activistas, artistas, actores y defensores del medio ambiente que se han opuesto a la construcción del Tren Maya, debido a las repercusiones en la selva, los cenotes y el hábitat natural de las especies que se encuentran en la zona del Tramo 5, el cual abarca más de 100 kilómetros.

“A partir de hoy se debe suspender o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos mencionados, de modo que no se permite la remoción o destrucción de la flora del terreno”

El polémico Tramo 5

El Tramo 5 del Tren Maya se ha visto envuelto en una serie de controversias por los amparos promovidos, suspensiones provisionales y activistas que se han manifestado en la zona de construcción, como los de Green Peace.

El año pasado se promovieron los amparos 820/2022, 821/2022, 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 ante el juzgado primero de Distrito en Yucatán, debido a la devastación generada por las obras de construcción de este megaproyecto, así como por la omisión de entregar información sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Sin embargo, a principios de agosto de 2022, el titular del Fondo Nacional al Turismo (Fonatur), Javier May, dio a conocer que las suspensiones definitivas de dichos amparos habían sido negadas, lo cual dejó sin efecto las suspensiones provisionales que habían en esos expedientes. De esa manera se podía continuar con la construcción en el Tramo 5.

En aquella ocasión, May Rodríguez señaló que “ya van 5 de 6 suspensiones revocadas”, lo cual celebró y calificó como una noticia positiva. “El interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo”, comentó el funcionario al mismo tiempo que aseguró que la obra siempre ha sido legal.

Utilidades del Tren Maya

En su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las utilidades del megaproyecto serán destinadas para pensiones y jubilaciones, tanto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) como de las Fuerzas Armadas. “No es una empresa la que va a obtener las utilidades”, aseguró el tabasqueño el pasado 18 de enero.

Asimismo, el mandatario federal señaló que en el aeropuerto de Cancún se llegó a una cifra récord de 30 millones de viajeros. Según López Obrador, lo que se busca que es que al menos tres millones de ellos usen los servicios que ofrece el Tren Maya.

“Lo que estamos buscando es que cuando menos el 10 por ciento utilicen el tren (de los 30 millones de pasajeros), porque no queremos que el crecimiento quede nada más en Cancún”, indicó.

“Nos da gusto que se desechara por parte del juzgado federal, era una aberración lo que querían hacer, querían mantenerse todavía, cuando desde principio era ilícito, ilegal, espurio; nunca tuvo manera de ser porque el gobierno federal determinó que es fundo legal”, manifestó al respecto.

El amparo se promovió el 6 de enero, luego de que fuera publicado el acuerdo de la SEDATU, para reincorporar dicha superficie, en el Diario Oficial de la Federación. La Derimaya logró en agosto, la suspensión definitiva pero, de acuerdo con Marciano Toldo, desistieron del mismo y por eso fue sobreseído.

“Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les apretó los pantalones para que desistieran porque ya habían formalizado la disolución de la empresa y no se dio, porque metieron el amparo para que fue favorable”, consideró, siempre va a ver gandallas, gente abusiva y corrupta que va querer seguir quedándose los terrenos de manera ilegal”.

“Es el tema que se echaron para atrás porque los iban a auditar, había hecho el comentario de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se les iba auditar porque le dimos el expediente completo donde demostramos la ilegalidad que había al respecto”, añadió Toledo Sánchez.

Pero, una vez que fue sobreseído, y el gobierno tiene en sus manos dar la certeza a las más de 5 mil familias que cuentan con un lote en esta popular colonia Luis Donaldo Colosio, comentó que se debe instalar una mesa intersecretarial con representantes de los tres niveles de gobierno y hacer una revisión real porque también predios pendientes como el de Punta Esmeralda “y otros pulmones de playa que tienen familiares, que hay que rescatar ahorita que el gobierno federal tiene metidas las manos ahí”, remató.

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Y es que el ex mandatario veracruzano que ahora se encuentra en el Reclusorio Norte, había interpuesto el recurso 697/2020 en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual ya no es procedente.

En el proyecto que fue aprobado por mayoría de cuatro votos durante la sesión pública, quedó establecido lo siguiente:

“El proyecto propone primero, se desecha el recurso de revisión al que este expediente se refiere; segundo, queda firme la sentencia del recurrente”.

Recordemos que el ex gobernador de Veracruz habría aceptado en un inicio llevar un proceso abreviado, en el cual este reconoció su culpabilidad en las acusaciones imputadas, de tal forma que se le impuso una pena de 9 años en prisión, sin embargo, tiempo después el veracruzano promovió un amparo con la finalidad de acortar la pena que le fue establecida, así como de poder recuperar parte de los bienes confiscados.

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Ante lo anterior, los deseos de Javier Duarte de reducir su sentencia ya no es posible, debido que así lo marcan las reglas del sistema penal acusatorio, debido a que la sentencia dictada es parte del acuerdo que suscribió al admitir su culpa desde un inicio.