En entrevista con Azucena Uresti, Calderón explicó que antes de tomar una decisión desea conocer a fondo “en qué consiste y cómo se ejecuta este proceso”, pues considera fundamental que el PAN logre una verdadera apertura hacia la ciudadanía.

El exmandatario reconoció algunos avances en la renovación interna del partido, y destacó que esa apertura ciudadana es clave para recuperar la confianza de los votantes.

Calderón recordó que se alejó del PAN por diferencias internas y tras fundar el extinto México Libre, aunque mantiene su atención en la evolución del blanquiazul rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante la entrevista, hizo un llamado a la dirigencia nacional panista para revalorar sus alianzas políticas, especialmente con el PRI, y reforzar su identidad como partido.

“El PAN, para ser reconocido, debe identificarse con sus siglas, liderazgos y militancia. Las alianzas pueden ser necesarias, pero no deben sustituir la esencia del partido”, subrayó.

Calderón no descartó futuras coaliciones, pero insistió en que estas deben responder a circunstancias electorales concretas y no convertirse en una dependencia política.

En resumen, el expresidente mantiene su interés en volver al escenario político, siempre y cuando el PAN consolide su proceso interno de renovación y defienda su identidad frente a nuevas alianzas.

La sala del tribunal en Brooklyn se había convertido en el escenario de un drama judicial. Durante semanas, los fiscales presentaron pruebas contundentes que llevaron a García Luna a ser hallado culpable de cinco cargos, entre ellos conspiración para el tráfico de drogas. La presión sobre su defensa era intensa.

En su argumentación, César de Castro, uno de los abogados de García Luna, sostuvo que 20 años de cárcel son “más que suficientes” para satisfacer los intereses de justicia. Este argumento no solo buscaba reducir la sentencia, sino que también planteaba la necesidad de establecer un precedente en relación a otras condenas en casos similares.

La defensa argumentó que García Luna no estuvo involucrado en actos de violencia directa, a diferencia de otros acusados en casos de narcotráfico que han recibido penas severas. “La conducta por la que fue condenado no incluye su participación en ningún tipo de violencia”, afirmaron los abogados, haciendo hincapié en la supuesta “disparidad injustificada” en la imposición de penas.

Para reforzar su posición, los defensores mencionaron el caso de Tony Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua por delitos graves, incluyendo asesinatos. La defensa de García Luna argumentó que imponerle una pena similar sería desproporcionado, dada la naturaleza de sus crímenes.

Te recomendamos leer: ‘Nadie puede obligarlos a ir a trabajar’, dice gobernadora Mara Lezama, ante huracán Helene

Este enfoque comparativo busca posicionar a García Luna como una víctima del sistema judicial, a pesar de su papel central en la estrategia de seguridad en México durante años. ¿Es esta estrategia suficiente para cambiar el rumbo de su condena? Con el reloj en cuenta regresiva hacia el 9 de octubre, la atención está centrada en cómo el juez Brian M. Cogan decidirá sobre el futuro de García Luna. La sala de tribunal se ha convertido en un microcosmos de la compleja relación entre México y Estados Unidos, donde las implicaciones de la corrupción y el narcotráfico se entrelazan.

Mientras tanto, la presión pública también juega un papel importante. La comunidad, que ha seguido de cerca el caso, espera que se haga justicia. Las reacciones en redes sociales y medios de comunicación han sido variadas, reflejando la polarización del tema.

El caso de Genaro García Luna es emblemático de los retos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La defensa que solicita 20 años de prisión plantea interrogantes sobre la justicia y la equidad en la imposición de penas. Con el desenlace tan cerca, la sociedad espera respuestas que puedan ayudar a reconstruir la confianza en las instituciones.

Fue este miércoles cuando el ex narcotraficante en su declaración comentó que los Beltrán Leyva fabricaban cocaína falsa para entregársela a policías corruptos en los decomisos de drogas elaboradas a base de azúcar y harina, hecho que el gobierno del expresidente Felipe Calderón presumía en los medios.

“Envasaríamos como si fueran otros ladrillos de cocaína, los cubrimos con barniz para que se vieran brillantes y parecieran ladrillos de cocaína”, dijo el Grande en la corte de los Estados Unidos.

Además, mencionó que los ladrillos de azúcar y harina fueron luego intercambiados con los funcionarios de Aduanas por las 20 toneladas de cocaína real, esto gracias a que fueron funcionario de Aduanas los que hicieron todo el movimiento.

Cabe recordar que este decomiso de droga se realizó en noviembre del 2007, cuando medios nacionales e internacionales publicaban las 23.5 toneladas de cocaína que México decomisaba, en lo que para el Gobierno panista, era la mayor incautación de esa droga en el mundo.