La familia de Agustina, en su búsqueda de la justicia mexicana, se toparon con una serie de irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado y es por ello que decidieron llegar hasta las últimas consecuencias contra el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca.

De manera que de acuerdo con el medio El País, la familia de Agostina denunciaron al fiscal por “omisiones, impedimento o estorbo” en las investigaciones acerca de este crimen, haciéndolo “responsable absoluto”.

Así como a Óscar Montes de Oca, también hay otros cuatro funcionarios a los que han denunciado los familiares de la modelo, por el mismo delito que al fiscal.

Entre los denunciados se encuentran el Vicefiscal de Asuntos Internos, José Carlos Villarreal Rosillo quien es el “superior inmediato” de dos empleados más señalados del entorpecimiento de la investigación: Jacobo Gutu Ramírez, policía especializado en homicidios (encargado de este caso) e Irlanda Ramírez Flores, fiscal “responsable inicial de la investigación” indicó el medio español.

Asimismo, continúa señalando que la denuncia se indica que “los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos. Encontraron un cadáver y dos personas, no procediendo como ante un feminicidio y, por tanto, no activaron el protocolo como marca la ley; no les tomaron declaración minuciosa sobre los hechos y se concentraron en características personales de la víctima revictimizándola; no les requisaron sus celulares, cuestiones elementales no solo de una investigación de feminicidio sino de una muerte que cuando menos era dudosa. Esta negligencia inicial se ve agravada en el caso del agente Jacobo Gutu Ramírez por su manifiesta intencionalidad de beneficiar al victimario, glosando en la causa una declaración falsa que parece redactada por el abogado del presunto feminicida”.

El medio señala que aunque la fiscalía del estado habría sido contactada por dicho periódico, esta no se habría pronunciado al respecto.

La familia asegura que llegará hasta las últimas consecuencias dadas las negligencias en el caso, aseverando que desde un inicio en la investigación las declaraciones habrían sido manipuladas y revictimizaron a Agostina Jalabert al indicar que su muerte habría sido un suicidio tras una supuesta depresión dejando ir al presunto asesino y pareja en ese momento de la occisa, habiendo sido Reverter la única persona que estuvo en la misma casa que Agustina cuando está habría muerto. Además, los denunciados por los familiares, habrían ignorado el protocolo legal de feminicidio que a decir de los dolientes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debió haberse aplicado en el caso. Todo lo anterior sabiendo que la autopsia habría revelado que la argentina fue golpeada, abusada sexualmente y/o violada y torturada con quemaduras de cigarrillo, según el documento.

Habría sido el 18 de febrero cuando la hermana de agostina llegó a la residencia de su hermana a las 7 de la mañana y el guardia de seguridad “le advirtió que la noche anterior había habido muchas quejas de los vecinos por los disturbios que hicieron Agustina y su pareja” se lee la denuncia que recoge El País.

Cuándo candela jala ver la hermana de Agustina intenta entrar al domicilio nota que la puerta “estaba trabada por dentro”. Entonces la hermana de Agustina insistió “tocó el timbre, golpeó e hizo sonar los celulares de Agustina y de su novio Juan” quien abrió después de alrededor de 15 minutos de la insistencia de candela.

Cuándo la joven ingresó al domicilio halló a su hermana “colgada por el cuello del toallero que se encuentra aproximadamente a un metro del piso”. Al momento de ser hallada agostina se encontraba vestida para salir y tenía puesto tacones.

Alrededor de las 10 de la mañana que se confirmó la muerte de la modelo y se tomó la declaración “Candela estaba muy nerviosa, pero la realiza, firma y la entrega a la policía (…) Misteriosamente y de la nada, en fecha 20 de febrero se incorporó a la carpeta de investigación una declaración que presuntamente había hecho Candela el mismo 18 de febrero a las 10 ante la gente de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, Jacobo gutu Ramírez, que mi hija desconoce por falsa y malintencionada” señala la denuncia.

Con información de El País 

La acción ‘emprendida’ se debió a la Recomendación CDHEQROO/10/2022/III, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tras vulnerar a la agraviada de su derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica por el aseguramiento arbitrario del bien inmueble que habitaba, entregándolo a un tercero, sin que la autoridad jurisdiccional determinara quien tenía mejor derecho sobre el inmueble, los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2021.

Cabe mencionar que durante el acto de ‘disculpa’ a la víctima, desfilaron por el atril y el micrófono una serie de personajes y funcionarios, pero ninguno de ellos fue quien encabeza la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; Óscar Montes de Oca.

Presuntamente con la “disculpa pública” en ausencia de Montes de Oca, pretende la dignificación de la víctima; así como el reconocimiento y aceptación de la responsabilidad de los hechos, en donde le fue violentado su derecho humano a la legalidad y a la seguridad jurídica por parte de personal que labora en la institución.

Supuestamente en los términos que establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se desarrollan las acciones necesarias para determinar la responsabilidad administrativa y penal a la que haya lugar por parte del personal de dicho organismo autónomo que desplegó dichas conductas, inducando que de ninguna forma se permitirá, ni tolerará actos que constituyan una vulneración de los derechos humanos.

Cabe mencionar que dicha disculpa pública se deriva de la Recomendación CDHEQROO/23/2021/III, la cual fue emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Y es que Vianca Yexenia Labastida habría sido vulnerada en su derecho humano de acceso a la justicia, luego de que careciera de perspectiva de género la investigación que había sido iniciada con motivo del feminicidio de su hija, Vianca Fernanda Moreno Labastida el 21 de enero del año 2018.

Así que la Fiscalía prácticamente se vio obligada a pedir dicha disculpa, luego de haber faltado al compromiso ético y jurídico de la justicia, así como de realizar transformaciones positivas para la sociedad, que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho, en el cual las víctimas tengan acceso a la verdad y la justicia.

Cabe mencionar que durante el acto de ‘disculpa’ a la víctima, desfilaron por el atril y el micrófono una serie de personajes y funcionarios, pero ninguno de ellos fue quien encabeza la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; Óscar Montes de Oca.

Por tanto, la ciudadanía ha interpretado su ausencia de muchas maneras entre ellas, la negación ante el error cometido, haberle restado una vez más la importancia debida a este acto, mientras que para muchos fue una burla no estar presente ni ver la cara en la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Y aunque, en múltiples ocasiones se ha dicho que con estás “acciones se refrenda” el compromiso Constitucional de la Fiscalía General del Estado, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con la finalidad de evitar malas prácticas en la procuración de justicia, en situaciones análogas y futuras, la ciudadanía continúa dudando de la veracidad de estas palabras cuando en el actuar, se tiene la ausencia del Fiscal.

El cierre de la zona hotelera de Cancún, el pasado 16 de noviembre, para exigir la destitución del fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, y de la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, por una parte visibilizó la grave situación que se vive en el destino turístico más exitoso de América Latina, en torno a la inseguridad y la procuración de justicia, reflejado de manera muy clara en la desaparición de personas; y por otra parte, dejó ver la polarización social que ha contribuido en buena medida a crear eso que se ha llamado los “dos cancunes”.

Mientras por casi nueve horas diversos colectivos pedían a la gobernadora del estado, Mara Lezama, atender de inmediato la creciente situación de personas desaparecidas en el Caribe mexicano, y que del 2016 a 2022 se calcula en alrededor de 1340; el sector empresarial reclamaba airado la pérdida económica por el plantón de manifestantes; y el gobierno municipal de Ana Patricia Peralta, contribuía al caos de movilidad con su errada “organización” y desahogo del tráfico.

La escena de miles de turistas y trabajadores caminando por varios kilómetros en la zona hotelera de Cancún convirtió el sol del Caribe en el más indeseable compañero, pero en contraste con la molestia de los empresarios, turistas extranjeros y nacionales se detenía a observar y preguntar la razón del bloqueo, mientras los trabajadores del sector transitaban una parte entre la molestia y otra parte entre la empatía. La arenga de consignas de las madres y familiares de personas desaparecidas que portaban camisetas con los rostros de los ausentes hacían innecesario dar muchas explicaciones.

En las largas horas que duró la protesta, los medios de comunicación ya transmitían el mensaje del empresariado a través de su vocero, Jesús Almaguer, quien ya buscaba a los “actores intelectuales” del bloqueo y enfatizaba el recuento de las pérdidas económicas y del daño a la “imagen” de Cancún.

Jesús Almaguer, el que siempre ha recogido los frutos buenos de Cancún, la bonanza y el éxito del destino turístico, se olvida que las cosechas dan frutos buenos y frutos podridos, y que esos frutos podridos, transformados en la inseguridad, la violencia, la pobreza, la desaparición de personas, la impunidad, la corrupción; han sido recogidos por los menos favorecidos de Cancún, por los que llegaron en busca de mejores oportunidades, como los trabajadores de la construcción que están quedando enterrados dentro de las obras a las que entran y de las que ya no salen, sin que a las autoridades les interese en lo más mínimo encontrarlos y sin que los hoteleros quieran perder ni un centavo por esas vidas extraviadas.

En septiembre pasado cuatro trabajadores de la construcción desaparecieron dentro del hotel Edén Rock, en Cancún, los hombres entraron pero no salieron, dos de ellos llegaron de Campeche en busca de un mejor salario, pero su plan de terminar la obra y regresar con sus familias concluyó de forma trágica, iniciando para sus familiares un infierno, un infierno que los empresarios no ven y que solo tasan en metálico. La Fiscalía no inició la búsqueda sino un mes después de la desaparición, y se negó a asegurar el hotel para realizar una investigación exhaustiva, porque vale más el éxito turístico que la vida de cuatro obreros, porque sobre la vida de los trabajadores están los intereses de los empresarios.

El miércoles del cierre de la zona hotelera fueron las voces de las personas a quienes les ha tocado cosechar los frutos podridos de Cancún, las que se hicieron escuchar; y que Jesús Almaguer ha calificado de personas incapaces de pensar por sí mismas, incapaces de organizarse, incapaces de manifestarse y de hacer lo que los empresarios han dejado de hacer: reclamar y exigir a un gobierno que funcione.  La visión clasista de Jesús Almaguer solo alcanza a ver a personas “manipuladas”.

No me queda duda que Jesús Almaguer es un buen representante del empresariado. En 2016, en el sexenio de Roberto Borge Angulo, la que esto escribe di cuenta del desvío de alrededor de mil 400 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje (IAH), desvío de recursos del que fue cómplice Jesús Almaguer desde su posición de director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún. Jesús Almaguer calló el saqueo de los millonarios recursos que derivaron en una denuncia de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, quien fue Tesorero del ex Gobernador preso, Roberto Borge.

El caso fue documentado por la que esto escribe y puede leerse en las siguientes notas:

Interpone Somos Tus Ojos demanda de Juicio Político contra el Secretario de Finanzas de Quintana Roo por el desvío de mil 464 millones de pesos.

Las 17 pruebas que sustentan el desvío de recursos por mil 464 millones del Impuesto al Hospedaje.

Si las instituciones, Fiscalía General del Estado y Fiscalía Anticorrupción, funcionaran, Jesús Almaguer habría sido procesado, y muy probablemente habría ido a prisión, pero la impunidad y la corrupción le han permitido seguir siendo la voz del empresariado y seguir recogiendo los frutos buenos de Cancún.

En su búsqueda por encontrar a los “culpables” del cierre de la zona hotelera, Jesús Almaguer se va a encontrar con las personas que le dijeron a la Gobernadora de propia voz, sin “tutores” ni “representantes”: si la impunidad continúa y si los responsables de la violación a su derecho humano de acceso a una investigación, no son removidos y castigados, volverán a cerrar la zona hotelera y otras arterias de Cancún.

Lo que hicieron los familiares de las personas desaparecidas al cerrar por casi nueve horas la zona hotelera de Cancún es inédito, y deberá servir para que el gobierno de Mara Lezama realice una profunda reforma al sistema de seguridad pública: Fiscalía y Poder Judicial, instituciones que en el sexenio de Carlos Joaquín González fueron utilizadas para satisfacer los intereses de algunos y que generaron un profundo deterioro social y un grave retroceso e el acceso y la impartición de justicia en Quintana Roo.

Los representantes de los diferentes colectivos junto con Fabiola Cortés Miranda quien encabeza “Somos Tus Ojos”, acusaron a Montes de Oca de diversas violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que habrían estado relacionadas con alrededor de 70 carpetas de investigación de colectivos como Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, así como del 9N.

Entre los señalamientos contra el fiscal de Quintana Roo se encuentran también impunidad en casos como despojos. Así como filtraciones de audios a medios de comunicación.

Fabiola Cortés dijo que esperan un cuestionamiento firme por parte de los diputados que integran la Comisión de Justicia, así como un seguimiento de la mandataria estatal en la petición de remoción al Fiscal Óscar Montes de Oca.

Aseveró que incluso el diputado Presidente de la Comisión de Justicia; Hugo Alday también le fue entregada la petición de remoción del fiscal con un anexo de las carpetas a detalle.

Cortés Miranda indicó que una prueba más contra el trabajo realizado con Montes de Oca al frente de la Fiscalía General del Estado, sería el penúltimo lugar que tiene Quintana Roo en Procuración de Justicia, según data el estudio Worl Justice Projet 2021.

La demanda fue presentada en un tribunal del estado de Nueva York en Manhattan.

Estamos tomando acciones legales contra Donald Trump por infringir la ley (…) con el fin de generar ganancias para él, su familia y su negocio”, dijo la fiscal en una conferencia de prensa.

La investigación de la fiscal general Letitia James se ha centrado en si la Organización Trump tergiversó los valores de sus propiedades inmobiliarias para obtener préstamos favorables y beneficios fiscales.

El caso se abrió tras el testimonio ante el Congreso de Michael Cohen, un ex abogado personal de Trump.

Cohen afirmó que se realizaban valoraciones fraudulentas de los activos de la organización, tanto al alza como a la baja, para obtener préstamos, reducir impuestos o mejores compensaciones de seguros.

James ha dicho que la investigación descubrió “pruebas significativas” de que Trump y la compañía tasaron de manera fraudulenta muchos de sus activos.

El expresidente republicano ha negado haber actuado mal y describió la investigación de James, quien es demócrata, como una “caza de brujas” con motivaciones políticas.

La Organización Trump ha calificado las acusaciones de James de “infundadas”.

Además de las demandas de la fiscalía del estado de Nueva York, hay varias investigaciones en curso en torno a Trump, incluyendo una sobre archivos oficiales en poder del expresidente que llevó a un registro por parte del FBI de la residencia del magnate republicano en Mar-a-Lago en Florida.

Te puede interesar Leer Niño recorría 40 minutos para ir a la escuela a pie y sin mochila