• El vocero del gobierno municipal de Tulum, Adán Eduardo Quintanilla Ávila, no aparece en el Registro Nacional de Profesiones, en primera porque no estudió y solo usurpa una carrera y en segunda porque es de El Salvador, lo cual no está mal pero sí que lo niegue.

El director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tulum, Adán Eduardo Quintanilla Ávila, se ostenta como comunicador de profesión, con lo que les miente a los ciudadanos que pagan su sueldo como funcionario público porque no lo es.

No existe su nombre en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas, dado que no fue a la Universidad y tampoco es mexicano, pues en dicho sistema aparecen quienes realizan sus estudios profesionales en el país.

Es lamentable que, desde el poder público, se haya mentido a los ciudadanos, porque se presentó como un “joven quintanarroense, comunicador con amplia experiencia que ha prestado sus servicios profesionales en varios medios en el estado su trabajo y conocimientos ayudará a cumplir con gran responsabilidad las metas”.

Para empezar, un extranjero debe presentar los recaudos exigidos para procesar el ingreso al trabajo tomando en cuenta que estos serán diferentes y van a depender del país.

1. Documento de empleador de extranjero:  Es emitido por el Instituto Nacional de Migración y autoriza la contratación de empleados extranjero. Hace falta el original y una copia

2. Autorización de la contratación del empleado extranjero para su legalización:  Es emitida por el Instituto Nacional de Migración.

3. Carta de contratación laboral:  Debe especificar las condiciones y reglamentos para optar al cargo.

4. Permiso migratorio:  Autoriza al extranjero para desempeñar la actividad laboral en el país.

Si ha cumplido ya estos requisitos, el extranjero puede aplicar para el permiso laboral.

¿Cumplirá el flamante funcionario de Tulum, estas normativas? Playaaldia está investigando al respecto.

En aras de la transparencia, el funcionario municipal que se jacta de ser director y no un simple coordinador, debería acreditar su estancia legal en México y sus permisos de trabajo.

Cabe recordar, también, que de acuerdo al Código Penal Federal, en su Capítulo VII, que se refiere a: Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión y Uso Indebido de Condecoraciones, Uniformes, Grados Jerárquicos, Divisas, Insignias y Siglas, en su Título Decimotercero, Falsedad, Artículo 250.- se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:

II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional.

a).- Se atribuya el carácter del profesionista

b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. Constitucionales.

c).- Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista.

d).- Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello.

El pasado 10 de noviembre la Fiscalía Anticorrupción dió cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control del Distrito Judicial de Benito Juárez (Cancún), en contra del imputado de identidad reservada, quien se ubicaba en Estado de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León colaboró en la aprehensión y traslado a Quintana Roo del imputado, esto por los hechos relacionados con la carpeta administrativa 719/2021, por un hecho acontecido el día 5 de julio del año 2019.

El imputado fue señalado de calificar de procedente una falta administrativa así como imponer un arresto de 36 horas inconmutables, a un ciudadano de identidad reservada, quien conducía un vehículo bajo los efectos del alcohol.

Tras las investigaciones se supo que el imputado fungió como Juez Cívico sin tener el nivel académico requerido para desempeñar esa función ante el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Bajo dicha circunstancia, salió a la luz que solo contaba con secundaria.

Cabe mencionar que para desempeñar el puesto de Supervisor y/o Juez del Juzgado Cívico los requisitos mínimos son: al menos Licenciatura en Derecho, con experiencia de 5 años profesionales y 3 años en la administración pública.

Para desempeñar el puesto de secretario del Juzgado Cívico se requiere mínimo una carrera técnica y/o bachillerato, por lo que dicho imputado no cumplió con dicho requisito desde el año 2013 al 2020.

Una vez formulada la imputación (10 de noviembre), el detenido se acogió al término constitucional y fue citado ante el Juez de Control este miércoles 16 de noviembre, para celebrar la audiencia de vinculación a proceso, misma que fue decretada como procedente por el órgano jurisdiccional.

Se determinó como medidas: firmas periódicas cada 15 días y evitar salir del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Medrano Río acusó una militarización del INM, luego del nombramiento del general de brigada Aristeo Taboada Rivera, como representante del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo.

El polémico funcionario considera que militares no deben estar a cargo de esta dependencia.“La milicia no debe tener en sus manos los temas sociales; esto se complicará a nivel nacional así que mejor renuncio”, expresó tras ser corrido del gobierno federal.

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René Medrano estaba en el cargo desde septiembre de 2019, luego del asesinato de Iván Rojas, encargado de la oficina del INM en Playa del Carmen, momento en el que también renunció la coordinadora estatal.

Tras el paso del #CiclónTropical, usuarios del transporte público se vieron afectados. Las unidades se tardaban alrededor o no llegaban por tener fallas mecánicas, provocando que usuarios no pudieran llegar a sus destinos, otra vez las falencias de la ex alcaldesa #MaraLezama. pic.twitter.com/nhGuUVe089

— playaaldia (@playaaldia) June 3, 2022

Recordemos que René Medrano fue asesor de Beristain y titular del área jurídica por lo que explicó que su salida de la administración municipal se debió a que existen órdenes fatales que no se deben cumplir, por lo que ir en contra de las órdenes de Laura Beristain significó su salida del equipo de trabajo y en donde hasta el momento más de cien funcionarios habían renunciado.

Con las investigaciones derivadas del trabajo colaborativo entre ambas naciones, se pretende que los personajes que integren dicho listado sean llevados a juicio y a partir de ello, se logren sentencias condenatorias.

La asistencia técnica y legal recibida por México se efectúa como parte del Entendimiento Bicentenario (antes Iniciativa Mérida), por medio del Departamento de Justicia y colaboración del personal de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), la cual es la dependencia encargada de brindar asistencia a los fiscales y personal judicial radicada fuera de los Estados Unidos, para el desarrollo de instituciones efectivas de justicia criminal.

A pesar de que en el International Narcotics Control Strategy Report Volume II Money Laundering del Departamento de Estado de Estados Unidos han reconocido que las autoridades de México han logrado “cierto éxito” en la investigación y bloqueo de cuentas de dinero de procedencia sospechosa de lavadores de dinero, así como otros actos ilícitos, sin embargo, por otro lado existe “un progreso limitado” en el enjuiciamiento exitoso de lavado de dinero entre otros delitos financieros, por tanto se necesita aún fortalecer algunas áreas.

“Bajo el Marco del Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y el Comunidades, Estados Unidos y México profundizarán su alianza para contrarrestar el dinero lavado mediante el apoyo a la investigación y enjuiciamiento de funcionarios corruptos y otros delincuentes transnacionales”, señaló el Departamento de Estado.

Se ha indicado que los fiscales y las autoridades de México quienes son los encargados de hacer cumplir la ley se han enfrentado a dificultades en la investigación y para el enjuiciamiento de delitos financieros, lo que pueden resultar los fallos en desestimaciones de casos adicionales.

De acuerdo con datos del Poder Judicial Federal señalan la existencia de un total de nueve condenas por lavado de dinero en el año 2018, 19 en 2019 y tres en 2020.

“estos bajos niveles de condena demuestran la capacidad limitada de México para procesar estos delitos”.

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Es por ello que la OPDAT ha capacitado con curso a jueces de la SCJN, agentes del Ministerio Público Federal de la FGR y se espera hacerlo también con Protección Ciudadana (SSPC),  integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Secretaría de Seguridad y Servicio de Administración Tributaria (SAT) y varios más.

Habrían sido supuestas irregularidades de carácter administrativo y jurídico, las que dieron lugar a varias denuncias derivadas de presuntos actos de corrupción al interior de las diversas áreas de la Profeco.

Funcionarios de la Profeco destituidos:

Por su parte, la Secretaría de Gobernación detalló que fueron destituidos de su cargo el subprocurador jurídico, el director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y de Oficina de Defensa del Consumidor.

Ahora, Miguel Ángel Chico Herrera ha tomado el cargo como subdirector jurídico de la Profeco, en tanto Guillermo Priego de Wit fungirá como el nuevo director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles.

Como director general de la Oficina de Defensa del Consumidor ha sido designado; Rubén de Jesús Cervantes González quien ya rindió protesta en el cargo.

Comunicado |El titular de la Secretaría de #Gobernación, @adan_augusto, y de la @SFP_mx, acuerdan remoción de servidores públicos en @Profeco y realizan nuevos nombramientos.
https://t.co/0kb0Otbm2C pic.twitter.com/Fph4NlL9kf

— Gobernación (@SEGOB_mx) May 4, 2022

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Luego de lo acontecido con los ahora ex funcionarios, las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en todo México, han quedado sujetas a revisión.

Segob detalló que la decisión de remover a dichos funcionarios se dio como respuesta a las denuncias presentadas ante las secretarías de la Función Pública y de Gobernación, así como en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) solicitó formalmente la vinculación a proceso de cuatro personas, servidores públicos, del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Solidaridad.

Como un hecho histórico y sin precedentes, el Juez de Control calificó legalmente la detención de dichas personas, identificadas con las iniciales: A.U.C., E. J. C. H., R. A. M y H. S. A. M.

En el expediente se especifica que tenían en su poder más de 500 mil pesos, pero no acreditaron su procedencia y fueron imputadas por el delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado por el numeral 259 bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo.

Con la debida asesoría de su defensa, los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional a 144 horas, en una audiencia que tuvo una duración de nueve horas. El Juez de Control ordenó su continuación el día 12 de agosto del 2021, a las 14:30 horas.

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Por el momento, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva, como resultado del análisis de los argumentos de la Fiscalía y los defensores los detenidos.

El 05 de agosto de 2021, las personas imputadas fueron detenidas por Policías Ministeriales en las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Playa del Carmen, derivado de un reporte de una persona realizado a través de Corrupcel

Caen cuatro funcionarios del Registro Público de la Propiedad de Playa del Carmen

Previamente se supo que un total de cuatro funcionarios, identificados como Rodrigo “N”, Hilda “N”, Arbey “N” y Erick “N”, fueron capturados en un impresionante operativo desplegado alrededor del edificio ubicado en la calle 34 Bis, con 30 Avenida en el centro de la ciudad y que comparte con las oficinas de Conciliación y Arbitraje.

Trascendió que al momento de la captura estos portaban una fuerte cantidad de dinero de la que no se dio a conocer el monto, pero se sabe que los fajos de billetes aún conservaban las cintas del banco emisor, así mismo los detenidos habrían alegado que el dinero es fruto de sus ahorros de toda la vida.

Hasta el momento se sabe qué, los cuatro personajes realizaban operaciones desde la época del exgobernador Roberto Borge, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios del estado a familiares y amigos.

El operativo se habría llevado a cabo el pasado jueves 5 de agosto, cuando elementos ministeriales ingresaron a las instalaciones del RPPC del Estado de Quintana Roo en Playa del Carmen y habrían sorprendido a los ahora detenidos con una cantidad millonaria de dinero en efectivo de la que no pudieron acreditar su propiedad.

Este día, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo en Playa del Carmen abrió sus puertas, pero el personal estuvo en todo momento supervisado por personal que no portaba ningún tipo de identificación, incluso el nerviosismo hacia el interior fue más que evidente.

Finalmente se sabe que los ahora detenidos realizaban acciones relacionadas con los predios de la ciudad de Playa del Carmen y parte de Tulum por lo que contaban con información delicada respecto a los nombres de los propietarios, datos personales así como el archivo de cada propiedad por lo que las indagatorias podrían provenir por estas líneas.

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