El pulso de Playa
Eduardo Lara

Es hora de actuar con determinación y presentar una iniciativa de ley que prohíba de manera permanente a los funcionarios corruptos volver a ocupar un cargo público. ¿Por qué seguimos tolerando el circo de los juicios políticos que no son más que una burla al pueblo? Un claro ejemplo es el caso del hijo de José Luis Pech Várguez, quien desde 2015 fue señalado por desvío de recursos públicos. Ahora, casi una década después, acepta que robó, y la sanción que recibe es una ofensa: apenas un golpe simbólico que se burla de la justicia y del esfuerzo de la ciudadanía.

En el sector privado, cuando un empleado roba, enfrenta consecuencias severas: despido inmediato, cárcel y, sobre todo, el veto absoluto de volver a trabajar en la empresa afectada. ¿Por qué los servidores públicos, quienes administran los recursos que los ciudadanos aportamos con el sudor de nuestra frente, deberían ser tratados con privilegios? Si un trabajador incumple con el pago de impuestos, enfrenta multas, recargos y hasta prisión. Pero, ¿qué ocurre cuando un político roba? Nada comparable.

El caso del “junior” de Pech es indignante: con un desfalco de 20 millones de pesos, la justicia parece darle un trato especial. Por delitos menores, muchas personas cumplen condenas de al menos cinco años de cárcel. ¿Por qué este personaje, hijo del “honorable” doctor Pech, no enfrenta la misma suerte?

La justicia no puede ser selectiva. Es necesario implementar el cese inmediato de los funcionarios corruptos, acompañar su destitución con un juicio penal y garantizar que, si se les encuentra culpables, nunca más puedan ocupar un puesto en el gobierno. Los ladrones de cuello político deben dejar de reírse del pueblo explotado y sometido.

Es momento de exigir una ley que impida que los saqueadores de lo público sigan viviendo de nuestros impuestos. Si no tomamos medidas contundentes, seguiremos siendo testigos de un sistema que premia la impunidad. Playa del Carmen y México entero merecen un gobierno íntegro.

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Al abordar este tema, el senador lamentó la suspensión que se ha realizado en la construcción de dicha obra; en el caso de Playa del Carmen, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el o los motivos que llevaran a esta decisión.

“No han continuado he sabido de ellos y le vamos a dar continuidad al tema y vamos a intervenir nuevamente ante el nuevo director del ISSSTE y esperamos una reacción de parte de ellos”.

Recordemos que la construcción de una Unidad Médica Familiar del ISSSTE en Playa del Carmen, Cancún y Cozumel, era un proyecto ya aprobado y contemplado en el presupuesto 2021-2022. En el caso de Playa del Carmen; la edificación que contaba ya con un presupuesto de 17 millones 900 mil pesos, fue suspendida.

Respecto a lo anterior, Valerio Escalante Jiménez; Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTE), recalcó que es necesario saber qué pasó con este proyecto de gran necesidad, que en el caso de Cancún y Cozumel ni siquiera se iniciaron las obras.

“Todas las obras se detuvieron, no se hizo nada y la única que arrancó fue la de Playa que quedó en obra negra, solo se hizo la sedimentación, todo lo demás el material está tirado y todo hasta enmontado”.

Ahora, aseguró que ya se están buscando medios y conductos para saber qué ocurrió y se dé continuidad al proyecto. Incluso el senador José Luis Pech, se sumará a buscar respuestas y dar nuevamente impulso a las obras.

“El doctor José Luis Pech se comprometió conmigo, de que a partir de que llegue al Senado, saber por qué se suspendió la obra y dónde quedó ese dinero”.

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Para la construcción de la Unidad Médica Familiar del ISSSTE en Cancún fueron asignados 21 millones, para Solidaridad 17 millones 900 mil pesos y 10 millones para Cozumel, indicó Valerio Escalante.