La propuesta del INE asigna 12,936 millones de pesos para cubrir los costos de infraestructura, capacitación del personal, instalación de casillas y campañas informativas necesarias para garantizar un proceso transparente y democrático. Esta cantidad refleja no solo la complejidad logística que exige la elección judicial, sino también el compromiso de acercar el sistema judicial a la ciudadanía.

El elevado presupuesto ha generado debate en sectores políticos y sociales, donde algunos consideran que podría ser reducido para destinar recursos a otras áreas prioritarias. No obstante, el INE defiende que este financiamiento es fundamental para asegurar que cada voto cuente con precisión en un proceso sin precedentes, abarcando todos los distritos judiciales del país.

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Además, el INE destinará una parte de los recursos a campañas de educación ciudadana, explicando el papel que tiene esta elección en el sistema judicial y la importancia de elegir representantes imparciales y comprometidos con la justicia.

A pesar de los beneficios proyectados, las críticas no se han hecho esperar. Figuras como la magistrada Ana María Durán han expresado que una elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial si no se regula con cuidado, advirtiendo que “la justicia debe ser autónoma y ajena a presiones políticas y sociales para ser eficaz”.

El INE enfrenta, por tanto, el desafío de justificar un presupuesto elevado en tiempos de austeridad y de diseñar un marco normativo que preserve la objetividad y legitimidad del Poder Judicial, abriendo con ello un debate sobre la relación entre la democracia y la independencia judicial en México.

La gravedad del hecho reside en que aquellos que lesionaron a la sociedad solidarense hoy están de nuevo en las calles debido a que los jueces encontraron presuntas irregularidades casi siempre a favor de los criminales con justificaciones como: “se calificó de ilegal la detención y retención” con 65 casos, seguido por 25 liberaciones por suspensión del proceso.

Otras razones para ordenar la liberación inmediata fue por medidas cautelares con 10 casos, tres con extinción de la acción penal, dos por fallo absolutorio y uno por auto de no vinculación a proceso; en contra parte, estos mismos delincuentes fueron capturados por los agentes por delitos como: (52) contra la salud, 12 por homicidio, cuatro por robo, dos por violación, dos por abuso sexual, y tres por robo y secuestro, extorsión y secuestro respectivamente.

Destaca el caso de Joseph Jesús “N” de 19 años, originario de Tabasco y que cuenta con 29 -sí veintinueve carpetas- IPH (Informe Policial Homologado) por distintas faltas administrativas y por delitos en el último mes por robo y narcomenudeo, pero para el juez de control, 29 expedientes por distintos delitos no fueron suficientes y ordenó su liberación el 22 de diciembre pasado con el argumento de “ilegal detención y retención”.

Otro caso es el Juan Carlos “N” de 30 años, originario de Chiapas, detenido con una fuerte cantidad de distintas drogas; ingresó el 21 de diciembre y en cinco días fue liberado debido a que nuevamente el juez de control justificó de “Ilegal la detención y retención”. Mismo caso ocurrió con Adán Gerardo “N” de 37 años, de Guerrero, con dos ingresos y dos salidas inmediatas ordenadas por el juez por extinción de la acción penal y la segunda por ilegal detención y retención.

Seis personas mas fueron capturadas por delitos el 21 de diciembre y el 24 de diciembre y los jueces los liberaron: los tabasqueños: Jorge Luis “N” (31 años), Carlos Mario “N” de 24, Jeremías “N” de 31, José “N” de 49, y José Luis “N” de 35 años, así como una mujer identificada como Josefa “N” de 49 años. Destaca el caso de José Eduardo “N” alias “Ñoño” de 21 años, asegurado con sustancias ilegales y liberado porque el juez consideró “ilegal la detención y retención”.

Es en este escenario en que los presuntos criminales capturados infraganti, vuelven a las calles, por lo que la pregunta obligada es qué siente un policía cuando descubre que el delincuente que detuvo hoy está libre en las calles y muy probablemente volverá a delinquir porque descubrió que el sistema tiene una falla y se llaman juez de control.

Entre los qué resalta el caso de “Doña Lety”, considerada como la principal traficante de drogas al sur de México.

Durante la Conferencia Mañanera del presidente AMLO, el subsecretario dio a conocer la absolución qué existe en los distintos procesos penales en relación con la “Reina de la Riviera Maya”.

“Queremos dar cuenta nuevamente de casos de resoluciones de jueces, en este caso jueces federales que con sus resoluciones benefician a grupos criminales, lo cual atenta contra la seguridad y genera impunidad” indicó Mejía.

En el caso específico de “Doña Lety”, apuntó que en el primer proceso en el cual esta mujer fue acusada por venta de cocaína quedó absuelta por parte de los diferentes jueces federales, debido a que echaron abajo pruebas documentales lo que permitió insuficiencia probatoria y que culminará en la absolución.

Otro más de los casos relacionado con la portación de armas de fuego, importación de metanfetaminas con fines de transportación, el argumento principal del juez fue que no era creíble el informe policial homologado lo que derivó también en absolución.

En una tercera ocasión en la que también quedó absuelta a decir de Ricardo Mejía, fue evidente que los jueces tumbaron pruebas y desacreditaron a los testigos, lo que llevaría a dejar a “Doña Lety” absuelta de los delitos mencionados.