De acuerdo con información oficial, el 26 de diciembre se recibió una denuncia anónima a través del sistema institucional del Poder Judicial, acompañada de material gráfico difundido en redes sociales. Los hechos habrían ocurrido en la colonia Residencial Palmaris, en el municipio de Benito Juárez.

Jonathan Yong Mendoza está adscrito a los juzgados penales orales de Playa del Carmen, donde actualmente conoce y resuelve asuntos relacionados con violencia de género. Apenas unos días antes de que se viralizaran las imágenes, el juez había dictado resoluciones de imputación y vinculaciones a proceso en este tipo de casos, lo que ha generado una fuerte reacción pública y cuestionamientos sobre la actuación del sistema judicial.

Tras conocerse la denuncia, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de una medida cautelar de suspensión, con el argumento de proteger el interés público mientras se esclarecen los hechos y se integran los elementos de la investigación.

En los videos difundidos en redes sociales, el juzgador aparece descalzo, en short y playera, con un arma en la mano, mientras la mujer le suplica que no le haga daño. Versiones periodísticas señalan que durante el incidente incluso habría amenazado a personal de seguridad privada que intentó intervenir.

La difusión del material provocó indignación social y llevó a colectivas feministas a exigir su destitución, al considerar incongruente que un juez encargado de resolver casos de violencia contra mujeres sea señalado por una conducta de esa naturaleza.

El Poder Judicial precisó que la suspensión solicitada no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva para garantizar que la investigación se lleve a cabo con apego a la legalidad, transparencia y debido proceso.

Cabe recordar que Jonathan Yong Mendoza asumió el cargo a mediados de 2025, y que en 2021 ya había sido señalado públicamente por presuntos vínculos con una red conocida como la “mafia rumana”, relacionada con la clonación de tarjetas bancarias de turistas.

Conocido en redes sociales por la etiqueta #JusticiaParaRoberto, González relata desde su cama y su silla de ruedas la lucha que ha emprendido para que los responsables de la agresión que lo dejó inmovilizado enfrenten la justicia. Afirma que, lejos de apoyarlo, la autoridad lo ha revictimizado durante el proceso legal.

“Me ponen en peligro”

En un video publicado en sus cuentas, González acusó que el Ministerio Público lo presionó para difundir en redes sociales que había recibido justicia, advirtiéndole que, de no hacerlo, emitirían un comunicado oficial para desacreditarlo.

“Ese mismo día, personal de la Fiscalía cumplió su amenaza… haciendo creer que realizaron un buen trabajo y que yo ya había recibido justicia, compartiendo información tan sensible a los medios y al público en general”, relató.

El exbailarín señaló que esa versión oficial lo expone al hacer creer que obtuvo grandes cantidades de dinero, cuando en realidad ha sobrevivido gracias a préstamos, tarjetas de crédito y el apoyo de sus seguidores.

Manipulación del caso

González también acusó directamente a la Fiscalía de desaparecer pruebas fundamentales. Entre ellas, un video en el que se observa cómo Rodrigo N. y su esposa lo golpean y lo arrastran, dejándolo inconsciente.

“Fue acusado solamente de lesiones calificadas y no de intento de homicidio. Incluso el Ministerio Público minimiza la responsabilidad diciendo que supuestamente después del ataque me trataron de ayudar, cosa que es totalmente falsa”, aseguró.

Aunque la pena pudo alcanzar los 17 años y medio de prisión, el Ministerio Público no apeló y se conformó con una sentencia de 10 años y un mes. Según González, actualmente Rodrigo N. camina libremente por Quintana Roo, mientras él continúa enfrentando gastos médicos millonarios para sostener sus terapias.

“¿Ustedes creen que ya se me hizo justicia?”

“Hablan de justicia cuando Rodrigo no ha pisado la cárcel… vuelvo a preguntarles, ¿ustedes creen que ya se me hizo justicia?”, cuestionó González en su mensaje, al tiempo que reiteró su llamado para que las autoridades federales y la sociedad civil se sumen a su exigencia.

Cuando el empresario se retiraba del restaurante, Torres Suárez pasó cerca de su mesa y lo acusó de haberle silbado a su esposa. La víctima negó el hecho. Sus acompañantes intentaron calmar los ánimos. Todo indicaba que el conflicto quedaría ahí.

Sin embargo, minutos después, Carlos Eduardo regresó armado. Sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el empresario, quien perdió la vida en el lugar, frente a sus empleados.

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La Fiscalía Especializada en Procesos demostró su culpabilidad durante el juicio oral. Aunque el acusado había obtenido libertad condicional en enero de 2025 —presentando un diagnóstico falso de una supuesta enfermedad grave— el Ministerio Público logró desacreditar dicho diagnóstico.

Con las pruebas presentadas, un juez le revocó la medida cautelar y dictó una sentencia ejemplar: 31 años y seis meses de prisión por homicidio calificado. Además, deberá pagar 180 mil pesos de multa y más de 874 mil pesos por reparación del daño.

La justicia alcanzó al asesino. La tragedia ocurrida en Cancún no quedó impune.

Mercado enfatizó que la Justicia Cívica no se limita a sancionar faltas administrativas, sino que su verdadero propósito es mediar, educar y transformar. “Cuando resolvemos un conflicto vecinal o corregimos una falta con sensibilidad y rigor, evitamos que los problemas escalen y fomentamos una cultura de paz y respeto”, subrayó.

La Alcaldesa destacó el trabajo de Kandy Joana Mendoza Ramírez al frente de la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana, desde donde se impulsa un modelo humanista, eficiente y cercano a la ciudadanía, que busca no sólo resolver problemas, sino también reconstruir la confianza en las instituciones.

“En Solidaridad creemos en una justicia que construye, no castiga; que educa, no reprime”, agregó.

Mercado reiteró que la Justicia Cívica representa la primera línea de defensa para resolver conflictos cotidianos y prevenir situaciones que puedan derivar en violencia o inseguridad. Además, señaló que su éxito depende tanto de las autoridades como de la participación ciudadana.

Por ello, convocó a las y los solidarenses a respetar las reglas de convivencia y trabajar en conjunto con las autoridades desde sus familias y comunidades para avanzar hacia un municipio en armonía.

Por su parte, la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana exhortó a las nuevas juezas y jueces a ofrecer mecanismos efectivos para la solución de conflictos derivados de la convivencia diaria, con el objetivo de prevenir que escalen y se traduzcan en conductas delictivas, fortaleciendo así la paz y el tejido social.

La Presidenta Municipal entregó los nombramientos a:

• Gisela Guadalupe Mora Moo
• Daniel Carrillo Morán
• Juan Francisco Pérez Alcocer
• Claudia Ramírez Mejía
• Juan Carlos Álvarez Hernández
• Nayeli García Román
• Jorge Díaz May

En la ceremonia, Mercado estuvo acompañada por Raúl Tassinari González, secretario de Seguridad Ciudadana, y Fernando Muñoz Calero, regidor del Ayuntamiento.

Fernanda Cayetana desapareció el 21 de julio de 2022 cuando tenía 12 años, después de decirle a su familia que iría al negocio de un taquero en la zona continental de Isla Mujeres, donde trabajaba lavando platos, pero nunca regresó. Desde entonces, sus seres queridos han emprendido una campaña constante para localizarla, solicitando el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para obtener información sobre su paradero.

A pesar de los esfuerzos y de la detención del taquero y su esposa, el caso de Fernanda sigue sin resolverse. La familia espera que eventos como este movilicen a más personas y generen nuevas pistas para encontrarla. Además, la familia ha reiterado su confianza en que la justicia llegará y que Fernanda regresará a casa.

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A lo largo de los meses posteriores a su desaparición, familiares de Fernanda han organizado eventos públicos, marchas y protestas, en un esfuerzo por mantener su caso en la atención pública y exigir justicia.

El caso de Fernanda Cayetana es uno más en la lista de desapariciones en el estado de Quintana Roo, donde diversas organizaciones de derechos humanos han señalado la falta de avances en las investigaciones.

El caso de Dulce Yarely Flores ha sacudido profundamente a la sociedad de Chetumal, pero su muerte es solo la punta del iceberg de un problema aún más alarmante: la desaparición de al menos 52 personas más en el estado. Según trascendió, no se han realizado búsquedas exhaustivas ni se han mostrado signos de voluntad por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQROO) para encontrar a los desaparecidos, lo que ha generado un clima de desesperación y desconfianza entre las familias afectadas.

Los manifestantes, portando pancartas con mensajes de protesta y fotografías de sus seres queridos desaparecidos, recorrieron las principales avenidas de la ciudad clamando por justicia y pidiendo la intervención inmediata de las autoridades. “¡No están solos! ¡Exigimos justicia para Dulce y para todos los desaparecidos!” coreaban mientras avanzaban hacia el Palacio de Gobierno.

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La falta de acción por parte del gobierno estatal ha sido severamente criticada, con los manifestantes denunciando la indiferencia y la ineficiencia de las autoridades. “Estamos aquí porque ya no podemos quedarnos callados mientras nuestras familias desaparecen y el gobierno mira hacia otro lado,” declaró uno de los organizadores de la marcha.

La situación en Quintana Roo es alarmante, y la muerte de Dulce Yarely Flores podría ser un trágico recordatorio de la urgencia de abordar la crisis de desapariciones en el estado. Las familias de los desaparecidos claman por respuestas, justicia y, sobre todo, por la seguridad que el gobierno parece haberles negado.

El llamado es claro: se necesita acción inmediata para encontrar a las personas desaparecidas y evitar que más familias vivan la agonía de la incertidumbre y el dolor.

Este Viernes, tras darse a conocer el fallo a favor de Rosario Robles, la Fiscalía General de la República, a traves de su cuenta de Twitter, dió a conocer que interpondrá una queja sobre el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, quien absolvió a la ex titular de la Sedesol y la Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asi como el procedimiento penal correspondiente, ya que, de acuerdo con la Fiscalía el juez actuó contra la ley.

“Respecto a la resolución de un Juez federal sobre el proceso de Rosario “R”, esta Fiscalía interpondrá una queja, y procederá penalmente como corresponda”

Absuelven a Rosario Robles, de cargos por la Estafa Maestra

El día de hoy Viernes fue cuando la Ex Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Rosario Robles quedó absuelta de cualquier cargo por el caso de la “Estafa Maestra”, por lo que juez Roberto Omar Paredes Gorostieta ordenó el cese de prisión domiciliaria y demás medidas cautelares que pesaban contra la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fue a través de una audiencia que se llevó a cabo en las Instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, la cual tuvo una duración de aproximadamente tres horas, que se emitió una sentencia absolutoria, quedando libre de cualquier acusación penal sobre el desvío de más de cinco mil millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública que amerita que el caso se siga por la vía administrativa.

Con esto el juez determina que se concluye con la persecución penal y cesan las medidas cautelares. Sin embargo indicó que la resolución se emite bajo “los principios pro persona, interpretación conforme y control difuso de constitucionalidad”, es decir, que la acusada debió ser sancionada por temas administrativos y no penales. “Podrá ser sancionada conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, aclaró.

Siendo así que a la ex funcionaria, no se le podrá perseguir nuevamente por la vía penal por estos mismos hechos.

A su salida Robles, declaró, haber conocido la injusticia en México y que no buscará ajustar cuentas con nadie.

“Yo no quiero quedarme instalada en el pasado, no tengo rencores, ni resentimientos, mi pretensión no es, de ninguna manera, ajustar cuentas con nadie”

“Es un fallo histórico, y, como lo he dicho muchas veces, conocí la injusticia de México en carne propia. Se vulneró el debido proceso”.

Fue así mismo, que la ex secretaria enfatizó que seguirá luchando en favor de muchas mujeres que se encuentran dentro de las cárceles del país para ser escuchadas.

“seguiré luchando y seguiré alzando la voz para que ellas también sean escuchadas”.

Crédito imágenes a quien corresponda

Uriel Castellanos López, padre de Joan, el joven asesinado, aseguró que el homicida se encuentra disfrutando de su libertad, porque, de acuerdo al juez que dictó la orden, después de dos años, «si no se dicta sentencia a un acusado, tienen que dejarlo libre».

La falta de fuerza en la integración en el expediente pudo ser la grieta que la contra parte encontró para dejar libre al homicida, a pesar de que confesó el crimen que cometió.
Asimismo, la falta de recursos económicos le impidió contratar un abogado particular y le asignaron uno de oficio, el cual le cambiaron varias veces.

“Es injusto que un criminal ande libre por la calle buscando a su próxima víctima, pues se le conoce como a una persona conflictiva”, afirmó el afligido padre, quien buscará la intervención del gobierno del estado de Quintana Roo.

Los tres hombres oriundos de Macuspana Tabasco que contaron su historia al mundo por medio de un documental en la plataforma ‘Netflix’, recobraron su libertad este día luego de qué hace 7 años fueran recluidos por un crimen que siempre negaron haber cometido.

Hoy la SCJN derribó la sentencia condenatoria por 50 años de cárcel por el delito de secuestro dictada el pasado 11 de diciembre del 2018 por parte de la tercera sala penal de oralidad del tribunal superior de justicia de la entidad tabasqueña.

La liberación de los tres hombres fue concedida luego de que fueran llevadas a cabo 3 sesiones públicas y posteriormente los 11 ministros del máximo tribunal de la nación mexicana, señalaron que el ministerio público no pudo presentar las pruebas que permitieran demostrar la culpabilidad de los tres acusados.

La noticia de la liberación inmediata de los tabasqueños no no solo ha congratulado a todos los mexicanos quienes siguieron a detalle el proceso que desde un inicio mostró errores e inconsistencias, sino que además hoy la justicia en México ha sentado un precedente con este caso.

La Iniciativa de Decreto respaldada por la Fracción Parlamentaria del Partido Verde, propone adicionar el artículo 78-Ter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a fin que el término para ejercer la acción penal contra los feminicidas que actualmente es de 37.5 años, sea imprescriptible.

“El mensaje que se quiere dar con la iniciativa, es que en Quintana Roo, los feminicidas no pueden apostar por el paso del tiempo para evadir la justicia. Queremos decirles que permanentemente se les perseguirá si cometen este delito”, señaló Estefanía Mercado.

Dijo que de acuerdo a estadisticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Quintana Roo, del 2018 a septiembre de 2022, se registraron 74 feminicidios y, sólo en este año 2022, hasta septiembre, se han contabilizado 10 feminicidios.

La Diputada local, explicó que esta reforma constituye una acción afirmativa que se plasma en nuestro marco legal para brindar mayor protección a las mujeres y niñas quintanarroenses; una acción afirmativa tendente a compensar la situación desventajosa en la que históricamente se han encontrado ante el embate de la violencia feminicida.

“Con esta Iniciativa, estamos actuando para contribuir en la construcción de una vida libre de violencia para las mujeres y dar el claro mensaje que este delito una vez cometido en nuestro Estado jamás dejará de perseguirse a pesar de que el imputado esté evadiendo la justicia”, puntualizó la diputada Estefanía Mercado.