Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como las modificaciones a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y la Ley de Puertos con lo que se trasladan facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina en el control de los puertos.

El dictamen de la Comisión de Gobernación de San Lázaro fue avalado en lo general con 263 votos a favor, 43 abstenciones y 85 en contra, mientras que en lo particular se aprobó con 262 votos a favor, 86 en contra y 45 abstenciones.

Con las modificaciones avaladas, se faculta a la Secretaría de Marina para el otorgamiento de permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones y transportes por agua y la conducción de políticas y programas en esa materia. También, se le otorgan las atribuciones para fungir como la única Autoridad Marítima Nacional, encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

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Durante la discusión, la presidenta de la comisión dictaminadora, la diputada federal de Morena, Rocío Barrera, aseguró que el dictamen busca sentar las bases para mantener un sistema portuario competitivo y ubicar al país como una potencia marítima mercante.

Aseguró que la dependencia federal mantiene facultades diferenciadas con la Armada de México como fuerza militar naval, por lo que las modificaciones no representan la militarización de los puertos, ya que sería la dependencia quien quede a cargo de la administración.

Por su parte, la diputada de Acción Nacional, Verónica Sobrado, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una escalada militarizadora en diversas áreas del Gobierno Federal y de la Función Pública.

“Estamos de acuerdo en todo lo que corresponda a la salvaguarda de la soberanía nacional y que esta se fortalezca, de eso no hay duda; sin embargo, el Ejecutivo ha decidido saturar de funciones a las Fuerzas Armadas, dándoles tareas de seguridad pública, de obra civil, de construcción y de administración”. (Con información de El Economista).