Si bien la modificación de los artículos 182 y 185 Bis está dirigida principalmente a operadores del transporte público, en particular taxistas, que han protagonizado bloqueos y actos violentos en los últimos meses, la medida también afecta a otros sectores sociales que han recurrido a esta forma. de protesta como último recurso para exigir justicia.

Ejidatarios indígenas, motociclistas, madres buscadoras, colonos y ciudadanos que han manifestado su inconformidad en Quintana Roo ahora estarán bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual podrá iniciar procesos penales sin necesidad de una denuncia previa.

Protesta bajo amenaza de cárcel

Las movilizaciones en vías de comunicación han sido históricamente un recurso para que comunidades marginadas hagan oír sus demandas. Con esta reforma, quienes bloquean vialidades para exigir derechos podrían ser castigados de la misma forma que quienes ejercen la violencia para imponer sus intereses.

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Ejidatarios que han reclamado tierras, motociclistas que se opusieron a la “Ley Chaleco”, vecinos que exigieron servicios básicos o madres buscadoras que cerraron calles en demanda de la localización de sus seres queridos ahora podrían ser considerados delincuentes.

En lugar de atender las causas que llevan a la ciudadanía a bloquear calles, el gobierno estatal adopta una estrategia punitiva que profundiza la desconfianza hacia las autoridades y genera un clima de represión social.

Consecuencias en el tejido social

La reforma establece que cualquier alteración o daño a la infraestructura vial será sancionado. Sin embargo, preocupa que no se haga distinción entre protestas pacíficas y actos delictivos. Mientras que algunos taxistas han protagonizado enfrentamientos violentos, ciudadanos que han cerrado llamadas sin recurrir a la violencia podrían enfrentar la misma severidad legal.

Si bien es necesario garantizar la libre circulación, la criminalización de la protesta podría disuadir a sectores vulnerables de expresar sus necesidades, perpetuando la desigualdad y la desatención gubernamental.

Lejos de contribuir a la paz social, esta ley podría escalar el descontento en un estado donde la relación entre ciudadanía y gobierno es cada vez más tensa. Las leyes deben equilibrar el orden público con el respeto a los derechos fundamentales, no convertirse en un instrumento para silenciar el descontento.

Recordemos que la actual Secretaria General del Ayuntamiento de Solidaridad, ha sido impulsora de la Ley Vicaria en Quintana Roo, pues siendo diputada local dio empuje a esta iniciativa en el Congreso del Estado.

Fue en el mes de agosto del 2022 cuando luego de varias semanas de promover la Ley Vicaria, la legislatura en turno dio su aval a dicha iniciativa la cual a poco menos de un año ha logrado que sea vinculado a proceso el primer caso por este tipo de violencia.

Ante y ya fue que me dijo este triunfo para las mujeres de Quintana Roo, Kira Iris ha reconocido el trabajo realizado por el juez de control el pasado domingo al dictar la vinculación a proceso contra la persona acusada a la cual prohibió salir del estado por el tiempo que dure el proceso penal.

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— playaaldia (@playaaldia) May 22, 2023

Ahora, Grosella Balderas Jonguitud se ha convertido en la primera mujer en Quintana Roo, específicamente en Playa del Carmen, en recibir el apoyo por parte del Poder Judicial del Estado, en la vinculación a proceso contra su agresor.

Gobierno municipal fomenta la inclusión laboral en Playa del Carmen

Actualmente la administración municipal a cargo de su presidenta Lili Campos se destaca por fomentar la inclusión de las personas con capacidades diferentes, así como también a las personas de la tercera edad en la vida laboral, por lo que con más de 60 vacantes se realizó la 6ª Feria Inclusiva del Empleo en el municipio.

El titular de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y la Tercera Edad, Dagoberto Olguín, declaró que el principal objetivo de esta 6ª Feria Inclusiva es seguir abriendo espacios laborales para ellos, ya que de acuerdo a datos del INEGI del 2020, en Solidaridad hay un aproximado de 32 mil 044 personas con discapacidad; sin embargo, se cree que ya hay cerca de 42 mil.

“Este tipo de acciones promovidas por la presidenta Lili Campos son importantes pues ayudan a crecer como un municipio más inclusivo, con oportunidades tanto para las personas con discapacidad, así como para los adultos mayores”, recalcó Olguín. 

Por su parte, Leslie Mayorga, directora de Trabajo y Promoción del Empleo, recalcó que en esta ocasión que se realizó esta 6ª Feria Inclusiva del Empleo, fueron ocho las empresas presentes que ofrecieron 64 vacantes disponibles.

 “Agradezco a las empresas por sumarse a esta iniciativa y ser un apoyo más a la conciencia de que para todos hay oportunidades”.

A través de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, se presentó una denuncia en recientes días y fue multado un ciudadano por el delito de maltrato animal.

La titular de la secretaría, María de Lourdes Várguez Ocampo, indicó que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) le turnó un video de una denuncia anónima sobre un sujeto que maltrataba a un perro, de manera que solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, al llegar al lugar el sujeto huyó sin embargo, fue capturado.

El acusado fue presentado ante el Juez Cívico y pagó una multa de seis mil 244 pesos, además se le condenó a realizar trabajo comunitario, el cual lo llevará a cabo en las instalaciones del santuario animal.

Independientemente de estas acciones administrativas, de acuerdo a la competencia de dicha Secretaría, la funcionaria Várguez Ocampo acudió a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a interponer la denuncia correspondiente.

Várguez Ocampo lanzó un llamado a la ciudadanía para erradicar el abuso animal, en cualquiera de sus formas.

“Es importante pedirle a la población que no normalicen el maltrato, que nos den aviso a través del 911 o a nuestros números telefónicos de la Secretaría para que actuemos de manera puntual”.

Desde el primero de enero se ha invitado a los negocios cumplir con pagar el permiso para poder usar dispositivos de sonidos, los cuales están restringidos a cuatro horas al día, informó Josué Jiménez Herrera, director municipal de Fiscalización.

“Ha habido sanciones, a inicio de año llevábamos 12 sanciones económicas y se les prohíbe volver a instalar, aunque la mayoría de las personas sí cumplen, porque hay muchos que utilizan el sonido para su venta, para perifonear”, detalló.

El funcionario explicó que los establecimientos sancionados fueron principalmente durante eventos de aniversario, que, ante el desconocimiento de esta regulación, hicieron uso de bocinas a todo volumen para promocionarse sin el permiso correspondiente.

Es de recordar que en este año se hizo la modificación de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco, a la que se anexó la expedición de un permiso para poder usar bocinas para publicidad en negocios y cobrar un impuesto a todos los comerciantes de la capital.

La reforma al artículo 129 estipula que para eventos individuales se debe pagar la cantidad 311 pesos (o tres Unidades de Medida de Actualización, más 51.87 pesos por hora adicional), mientras que para comercios que hacen uso del sonido con frecuencia varía de entre 508 a 2 mil 74 mensuales.

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Estrictamente, Lili Campos se refirió en su informe semanal a los establecimientos que han permitido la presencia de organizaciones criminales y la ejecución de delitos en su interior, reiterando que se redoblarán los esfuerzos para mantener la paz en el municipio.

Sin dar marcha atrás, Campos se comprometió a continuar trabajando de la mano con los tres órdenes de gobierno para eliminar espacios de discrecionalidad que pudieran aprovechar criminales con el fin de ejercer presión en contra de funcionarios públicos “No están solos” declaró.

Asimismo, señaló que no permitirá actos de corrupción en su gobierno “El escrutinio será mayor y habrá sanciones con consecuencias serias para quienes incumplan con su trabajo, pero, sobre todo, con la confianza que les han dado las y los solidarenses”.

“Ahorita la ley entró en vigor en todos los espacios públicos y los lugares que tengan venta de alimentos; está totalmente prohibido. Todas las áreas que están son espacios libres de humo de tabaco, ya no hay áreas designadas”

Recordemos que está controvertida medida contra el consumo de tabaco en todo el territorio mexicano, entró en vigor el pasado 15 de enero, dejando en claro la prohibición de fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto religioso, restaurantes y bares, además de paraderos de transporte.

Ante esta medida Toledo Alvarado señaló que para evitar sanciones a comercios, Cofepris ha implementado brigadas de información con las que acercan las nuevas implicaciones de ley respecto al tabaco, si consumo y venta.

En este sentido acotó que aunque por el momento no han impuesto multas ni sanciones, es de importancia atender el llamado de la ley, pues de no hacerlo podrían ser acreedores de multas que irían de las mil a las 12 mil UMAS; es decir desde los 150 mil hasta el medio millón de pesos, dependiendo del tipo de establecimiento y la gravedad de la violación a la ley.

“Estamos haciendo la vigilancia necesaria y dándoles información así como vigilando la venta de tabaco que de acuerdo con la nueva ley, los productos no pueden estar exhibidos en mostradores y ningún lugar visible”

Por las especificaciones de la ley Antitabaco cobran relevancia los operativos; para que todas las normativas puedan ser cumplidas por ciudadanos y establecimientos, expresó Francisco Toledo.

En tanto, refiriéndose a los establecimientos como antros; señaló que tendrán que realizar Operativos Nocturnos para vigilar que se cumpla la Ley General del Tabaco en la Zona.

En conferencia de prensa, la legisladora del PAN, señaló que desde un principio cuando presentó la iniciativa de ley, “la misma estaba encaminada exclusivamente al beneficio de las mujeres, que son víctimas de abusos, agresiones y otros ilícitos como medida de presión por sus ex parejas sentimentales”, citó.

La iniciativa de Ley Vicaria recién aprobada por la XVI Legislatura no es exclusiva para aplicarla a hombres, sino para todos aquellos que atenten contra las niñas, niños y adolescentes sin importar la posición económica de las partes

Reconoció que durante la convocatoria para los parlamentos ciudadanos, en donde se escucharía todos los sectores de la sociedad, se encontró que en el ilícito también hay víctimas varones, lo que obligó a realizar ajustes en la iniciativa inicial e incrementar la punibilidad del delito cuando se trata de hombres los que cometen el ilícito.

“En un principio habíamos establecido que se creará un Código Penal en Quintana Roo, exclusivo para atender estos delitos, pero conforme se fue conociendo que también hay varones que son victimizados, decidimos hacer ajustes en la materia y, sancionar con mayor severidad los casos donde el delito sea cometido por hombres”.

La diputada del PAN, Kira Iris San lamentó que la Red Feminista de Quintana Roo pretenda apelar la Ley Vicaria, recién aprobada sin conocerla como lo han hecho otras personas ya

Señaló que, en la iniciativa de ley se pondera principalmente los derechos de la infancia, de las niñas, los niños y los jóvenes, “hoy podemos entender que la violencia vicaria no es violencia doméstica, sino que puede ser parte de la misma, y por eso podemos entender casos donde amenazan a mujeres con quitarles a los niños si se separaban de sus parejas”.

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La legisladora señaló que hoy día, esta problemática se va a visibilizar, “hoy tenemos casos de mujeres que no pueden ver a sus hijas y sus hijos, o que tiene que esconderse para ver de lejos a sus hijos, hoy tenemos muchas mujeres que con esta iniciativa su historia toma causa, al igual que ocurre con los hombres a los que se les impide ver a sus hijos”.

Manifestó de igual manera que los jueces deberán de ser observadores de los hechos antes de tomar decisiones, sin importar la clase social o los recursos económicos de ninguno de los integrantes, porque un juez puede ser destituido o tener multas económicas, “ya hay sanciones muy severas para la autoridad”.

Fue el 9 de febrero de 2020 cuando fue hallado el cuerpo sin vida de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, quien fue víctima de un brutal feminicidio. Por si no fuera suficiente el crimen, imágenes de su cuerpo mutilado fueron exhibidas en portadas de periódicos de nota roja.

Desde entonces colectivas feministas buscaron una ley que sancionara esta clase de prácticas que revictimizan a las víctimas de feminicidio y otros crímenes.

En Quintana Roo el diputado Édgar Gasca Arceo retomó esta iniciativa que ya había sido aprobada en otras entidades. Con 17 votos a favor se aprobó la Ley Ingrid.

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Al respecto, la diputada local Kira Iris San asevera que la mayoría de los periodistas afirman que ellos obtienen esa información pero de las autoridades que están en el hecho del crimen.

#Policiaca Capturan en Tulum a presuntos narcomenudistas que operaban en zona costera. https://t.co/32kklqeMlx Lee más noticias en https://t.co/LDQR22C7eh pic.twitter.com/YN8dzPLWdI

— playaaldia (@playaaldia) August 25, 2022

“Cuando hay una persona que la flagelaron o un feminicidio, son las autoridades quienes están con las víctimas y son quienes pueden pasar las fotos y demás. Igual es la forma de verbalizar sobre la persona que fue víctima de un hecho delictivo. Después de un debate y de muchas opiniones se optó de poner la Ley Íngrid a los servidores públicos porque se consideró y se llegó a la conclusión de que ellos son los que tienen las evidencias”, enfatizó.

Desde luego que para los medios de comunicación sigue existiendo la advertencia  de no violentar con mecanismos  poco éticos la comunicación de estos hechos.

A decir de sus padres, esta niña de Jalisco desde corta edad mostró rechazo a todo lo femenino sintiéndose más cómoda desenvolviéndose como el género opuesto.

Anteriormente llevaba por nombre ‘Alegra’, pero sus padres comenzaron a notar el rechazo a su género y se informaron más acerca del tema con expertos.

Con tan solo 5 años, ahora Leo es el orgullo de su familia por luchar por cumplir su deseo.

Debido a los tabúes que existen aún en el país, los padres de Leo enfrentaron un difícil proceso legal, además de múltiples señalamientos y comentarios en su contra.

Pese a lo anterior y después de años argumentando frente a la ley, han logrado oficializar el cambio de nombre de Alegra a Leo en el registro civil del municipio de El Salto.

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Actualmente en la República mexicana tan solo Jalisco y Oaxaca son los estados que tienen permitido oficializar el cambio de género en los menores.

Votación para despenalizar el aborto en BCS

• 16 votos a favor
  3 votos en contra
  0 abstenciones

Ahora, el Pleno del Congreso ha aprobado la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas (3 meses) de gestación.

La mayoría de votos a favor fue por parte de la bancada de Morena, otros tantos del Partido del Trabajo y Fuerza por México, independientes y uno del PRI.

En tanto, los voto en contra pertenecieron a diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Para apoyar este día histórico para las mujeres de Baja California Sur, acudieron al salón del pleno, colectivos y activistas quienes defienden los derechos de las mujeres, en respaldo a dicha iniciativa recién aprobada.

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Por otro lado, organizaciones y particulares se manifestaron en rechazo a la despenalización del aborto que hoy se ha convertido en ley para Baja California Sur.