Este sería el segundo predio que el exedil “regaló” a la prensa amiga durante su administración. El primero también fue transferido de forma irregular bajo el argumento de “fomentar la comunicación social”, cuando en realidad se trataba de una cesión disfrazada que favoreció a un grupo mediático afín a su gobierno.

En este nuevo caso, el terreno tiene su origen en una donación del ejido Playa del Carmen realizada en 2010, destinada para la construcción de infraestructura pública: escuelas, hospitales, centros de rehabilitación o dependencias de servicio. De hecho, en la misma zona se encuentran Protección Civil, la Fiscalía, la Cruz Roja y el Centro de Conciliación Laboral. Sin embargo, el área terminó inscrita a nombre de particulares vinculados a dicho medio, anulando su propósito social.

La propiedad hoy está bajo embargo judicial, derivado de una disputa familiar entre Patricia Menéndez Cámara, hija de Mario Renato Menéndez, y otros herederos. El expediente 113/2021 del Juzgado Sexagésimo de lo Civil ordenó la inmovilización del predio, medida ratificada el pasado 23 de enero por la Fiscalía de Yucatán, dejando al inmueble en el abandono total: ni puede venderse ni edificarse nada en él.

Este episodio suma una mancha más al historial de Góngora, quien junto con el exgobernador Roberto Borge Angulo —hoy preso por corrupción— dilapidó bienes públicos y utilizó los recursos del municipio como moneda política.

Aun así, el exalcalde intenta regresar al escenario político presentándose como “perseguido político”, respaldado por Félix González Canto, otro de los exmandatarios señalados por enriquecimiento y manipulación del poder judicial en su beneficio.

En Playa del Carmen, las huellas de ese saqueo siguen visibles: terrenos que debieron servir al pueblo, convertidos en símbolos del tráfico de influencias entre el poder y los medios.

De los dos predios, uno está en avenida Chemuyil frente a las oficinas del Infonavit, el segundo está atrás del Hospital den IMSS 18 y se habla de un tercer predio junto a la playa del que ya estaremos informando.

Continuará…

Un juez de control retiró la medida cautelar de arraigo a Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, quien tiene iniciado un proceso por delitos relacionados con la función pública  y muy amigo del candidato de Fuerza por México, Gabriel Mendicuti Loria, dicho por éste en 2016, cuando el primero dejó la secretaría de Gobierno para buscar la gubernatura.

Otra vez hay saturación de hospitales por COVID-19 https://t.co/43n1TgUPU5 vía @playaaldia

— playaaldia (@playaaldia) April 30, 2021

El ex candidato del Partido Revolucionario  Institucional (PRI) a la gubernatura de Quintana Roo, llevaba siete meses en resguardo domiciliario y ahora puede moverse libremente por el municipio, luego que un juez le cambió la medida cautelar que tenía impuesta por la de firmas que tiene que realizar de manera mensual ante el órgano jurisdiccional local.

Hay que recordar que el ex munícipe tiene abierta la carpeta 227/2017, relacionada por el delito de desempeño irregular de la función pública y también la 229/2017, por el delito de peculado.

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En ambas carpetas de investigación hay un detrimento de 250 millones de pesos en contra del ayuntamiento de Solidaridad.

El ex presidente municipal de Solidaridad, en el periodo 2013-2016, fue detenido en enero de 2018 luego que la pasada administración local del  ayuntamiento presentó cargos en su contra luego de haber encontrado irregularidades a su paso por la función pública.

Desde esa fecha y hasta agosto de 2020 estuvo recluido, en los primeros días en el Centro de Reinserción Social de Chetumal; en diciembre de ese año, lo trasladaron al Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen.

A su vez, Mendicuti se encuentra haciendo campaña en su sueño de volver a ser alcalde de Solidaridad, pero con denuncias a cuestas y casi en el último lugar de las encuestas, que lidera Lilí Campos.

Playa del Carmen.- Un Juez de Control ordenó el cambio de medidas cautelares para Mauricio “N”, basado únicamente en un análisis de riesgo que resultó en nivel medio, determinando una supervisión estricta en la ciudad de Playa del Carmen pese a la oposición de la Fiscalía Especializada en Combate la Corrupción (FECCQROO).
Esto quiere decir que el ex funcionario estará bajo una rigurosa supervisión, por medio de un brazalete electrónico y estará bajo resguardo domiciliario, con base al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). En caso de violar cualquiera de las disposiciones, el ex funcionario municipal será llevado a prisión preventiva nuevamente.
Durante la audiencia, se llevó a cabo un intenso debate de manera virtual, en el cual los Fiscales Anticorrupción se opusieron a la solicitud de la defensa, debido a que no habían variado las condiciones objetivas que dieron imposición a la medida de origen de prisión preventiva.

El análisis y la determinaron fueron flexibles, debido a que existen tres carpetas administrativas, por los delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública, por montos millonarios que causaron un daño severo al patrimonio de la hacienda pública del municipio de Solidaridad.
La FECCQROO velará en todo momento por la justicia y la reparación del daño, es por esa razón que el proceso continuará, en lo que respecta a las carpetas administrativas 227/2017 y 229/2017 por el delito de peculado; existiendo garantía en la aplicación de una sentencia y la posible recuperación de activos para beneficio del Estado. Además, se realizará una investigación diaria, para cerciorarse que efectivamente se cumpla con lo dispuesto por el juzgador.

Cancún.- Un peritaje de grafoscopía confirmó que en 2016 el entonces candidato del PRI a gobernador de Quintana Roo, Mauricio Góngora, firmó 9 recibos por 200 millones de pesos para su campaña, dinero que siguió una intrincada ruta desde que Odebrecht lo entregó a Emilio Lozoya Austin y éste último al entonces titular del Ejecutivo estatal, Roberto Borge, preso ahora por cargos de corrupción y desvío de recursos públicos.

La detención de Lozoya, ex titular de Pemex, destapó depósitos millonarios por parte de Odebrecht para financiar campañas del PRI entre 2010 y 2016 en los estados de Chihuahua, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo, incluida la que llevó a la gubernatura al hoy preso Roberto Borge.
Sin embargo, las investigaciones sobre esos recursos fueron iniciadas hasta 2017 por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), como lo confirmaron en su momento el entonces fiscal Santiago Nieto y Diana Talavera, quien fungía como directora de Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la misma fiscalía.

Entre los gobernadores investigados, la mayoría de los cuales están ahora en prisión, Borge habría entregado los 200 millones de pesos a Mauricio Góngora por intermedio de Eliezer Villanueva, entonces subsecretario técnico de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Con cada entrega, de entre 20 y 50 millones de pesos en efectivo, Mauricio Góngora firmaba un recibo, según se desprendió de las investigaciones de la Fepade. El primer recibo fue el 7 de marzo de 2016 por 50 millones de pesos. La Fiscalía analizó la firma por medio de un peritaje de grafoscopía y los peritos confirmaron que se trataba de la firma de Mauricio Góngora, el ex candidato priista que firmó 9 recibos por una suma total de 200 millones de pesos.
En julio de 2017, antes de que fuera destituido de la Fepade, Santiago Nieto tuiteó: “Investiga la Fepade a Beto Borge. Es señalado del desvío de 200 mdp para la campaña del PRI en 2016″.

Borge debía garantizar que Mauricio Góngora llegara al poder para “tapar” las irregularidades de sus seis años de gobierno en Quintana Roo y que hoy lo tienen preso bajo proceso penal acusado de diversos delitos. (Con información de Quinto Poder).