Durante un encuentro, la morenista escuchó las preguntas de Playaaldía, que señaló una notable baja en la afluencia de turistas, atribuyéndola en parte a este sistema. “De por sí la temporada es baja, pero afecta no solo a turistas, sino a quienes vivimos aquí”, se argumentó.

Frente a esta problemática, Acosta Conrado aseguró que el movimiento “siempre hacemos el gobierno de acuerdo con las demandas populares”. Anunció que se trabajará de manera coordinada con el gobierno municipal para evaluar y presentar un plan de trabajo concreto que revierta los efectos del sistema de parquímetros, con el objetivo de devolver la accesibilidad y vitalidad económica al primer cuadro de la ciudad, de cara al próximo proceso electoral.

La aplicación digital, llamada Kigo, no especifica claramente los puntos donde se puede estacionar pagando una tarifa, a diferencia de municipios como San Nicolás o San Pedro, donde el mapa delimita con precisión el perímetro permitido. En el caso de Monterrey, la zona abarca todo el primer cuadro de la ciudad, desde Colón hasta Constitución y de Venustiano Carranza a Félix U. Gómez, lo que ha generado mayor confusión entre los conductores.

“Tengo 20 minutos sin poder bajar la aplicación, afortunadamente llegué temprano a mi cita, pero es muy complicado esto, ahorita pues no sé qué hacer, creo que terminaré por no pagar y ojalá no me pongan la multa”, comentó Diana Chávez, quien se estacionó frente al parque de la Iglesia La Purísima.

A las dificultades tecnológicas se suman quejas por el costo mínimo de recarga —20 pesos— cuando antes bastaba con uno o dos pesos para realizar una breve gestión. Además, el sistema ha sido señalado como excluyente, pues obliga a contar con un teléfono inteligente, conexión a internet, tarjeta bancaria y saldo disponible, lo que deja fuera a buena parte de la población.

“Oye, esto está mal porque, por ejemplo, ahorita no puedo descargar la aplicación porque no traigo saldo para el internet. Está bien innovar, pero creo que debería haber opciones para también pagar en efectivo”, opinó otro automovilista afectado.

Ante la imposibilidad de concretar el pago, muchos se estacionan sin pagar, esperando no ser multados, mientras otros optan por pagarle a franeleros que usan su propia aplicación, aunque esta práctica ha sido advertida por la policía municipal.

La inconformidad en Monterrey refleja un problema que también se vive en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde los parquímetros han generado molestia entre residentes, comerciantes y visitantes. La falta de claridad en la concesión del servicio, los cobros excesivos y la ausencia de beneficios tangibles han provocado un rechazo generalizado. Además, empresarios del sector turístico advierten que el sistema desalienta la visita de turistas y afecta directamente a los pequeños negocios, ya que muchos visitantes evitan estacionarse en zonas con parquímetros, reduciendo el consumo en restaurantes, tiendas y playas locales.

José Gómez Burgos, secretario de la Cooperativa Turística del Mar Caribe y presidente de la pesquera Xaman-Ha, recordó que desde el inicio su gremio se opuso a la instalación de parquímetros por considerar que la medida “lastimaba a las zonas residenciales y desalentaba el turismo”.

“Nosotros fuimos parte del movimiento No a los Parquímetros. Participamos en marchas y campañas porque en aquel entonces se afectaban áreas donde la gente vivía y trabajaba, y además se reducía la seguridad. Antes, muchas calles eran más vigiladas porque había cámaras y más movimiento; con los parquímetros, todo cambió”, comentó.

El dirigente explicó que en zonas como la calle 6, cerca del mercado municipal, hubo un incremento de robos y “cristalazos” en vehículos. Además, señaló que muchos turistas se quejan constantemente de haber sido inmovilizados por no entender el sistema o por llegar en horarios en que el cobro inicia sin previo aviso.

“Ayer vino un turista peruano y una boliviana; estaban molestos porque les inmovilizaron su coche. A veces les ayudamos a pagar el parquímetro para que no tengan problemas, pero no todos confían. Eso genera mala imagen”, dijo.

En el caso de los pescadores, explicó que han logrado mantener un pequeño espacio temporal para sus camiones y vehículos de trabajo durante la temporada de captura, pero reconoció que los espacios son insuficientes.

“Tenemos unos seis o siete vehículos de pescadores y dos o tres camiones que vienen por el producto o el hielo. Pero los turistas ya no tienen dónde estacionarse y se molestan. Es una situación que se volvió cotidiana”, añadió.

Gómez Burgos considera que el Ayuntamiento debería revisar y legislar nuevamente el esquema de parquímetros, buscando un equilibrio entre el orden urbano y la economía local.

“Se necesita un sistema más justo, que no afecte al residente ni al visitante. La ciudad debe ser ordenada, pero también amable con quienes viven del turismo”, concluyó.

Mientras tanto, las quejas continúan circulando en redes vecinales y grupos de WhatsApp, donde ciudadanos advierten a otros sobre los puntos con mayor vigilancia y riesgo de inmovilización, especialmente en las calles cercanas al Palacio Municipal.

Playa del Carmen, un paraíso que sigue debatiéndose entre el orden urbano y la hospitalidad turística.

El esquema concesionado ha sido duramente criticado por su falta de transparencia, pues fue aprobado sin consulta ciudadana y a puerta cerrada. Durante la pandemia, los jueces sobreseyeron todos los recursos presentados por los sectores afectados, dejando a la población sin posibilidades de impugnar el contrato.

Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Comisión de Turismo y coordinador del sureste de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER), se sumó a la exigencia de revocar esta concesión, calificándola de corrupta y perjudicial para Solidaridad. “No a las concesiones con origen corrupto”, afirmó.

Los inconformes consideran que, bajo los principios del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal Estefanía Mercado, este es el momento ideal para cancelar la concesión y devolver a la ciudadanía el control sobre el uso del espacio público.

Además, han señalado a la pasada administración estatal por presuntos conflictos de interés en la adjudicación del contrato, lo que refuerza el llamado a una revisión inmediata y a la intervención de las autoridades actuales.

Cabe señalar que los habitantes del municipio de Solidaridad han manifestado su descontento con los parquímetros desde su instalación, lo que generó una serie de inconformidades. Según Quiam, un empleado de Playaparq perdió la vida en circunstancias que considera producto de abusos relacionados con la concesión.

En ese contexto, Quiam opinó que los nuevos regidores del Ayuntamiento de Solidaridad deben presentar una iniciativa para realizar una revisión a fondo del servicio de parquímetros, considerando que es responsabilidad de los actuales regidores evaluar su continuidad.

“Las calles son públicas, pero hay esquinas como la 10 y la 15, que permanecen ocupadas por vehículos incluso con la instalación de parquímetros, obstruyendo la visibilidad para la circulación”, explicó.

Además, señaló la necesidad de revisar el Reglamento de Tránsito Municipal para determinar si está permitido estacionarse en las esquinas, cuántos metros son autorizados por la ley y si los parquímetros ofrecen garantías en caso de daños causados por otros vehículos o robos de pertenencias. “Hay muchas cosas que se desconocen”, agregó.

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Según Quiam, los parquímetros deben facilitar la circulación vehicular y permitir la fluidez del tráfico. “Para ello, se requiere un estudio de campo que identifique qué zonas realmente necesitan parquímetros, en lugar de instalarlos solo con fines recaudatorios”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la competencia que representan los parquímetros es desleal para los dueños de estacionamientos, quienes ofrecen espacios vigilados. “Es muy disparejo”, comentó, subrayando el impacto negativo sobre quienes invierten en ofrecer sitios seguros para vehículos.

Finalmente, Quiam mencionó que los regidores de Solidaridad tienen la obligación de resolver estos problemas revisando el contrato de concesión, determinando qué áreas deben tener parquímetros, hasta dónde se extiende su implementación y qué horarios deben regir. También destacó la necesidad de analizar la cantidad de parquímetros por zona y mencionó como ejemplo la Avenida Constituyentes, donde la instalación de ciclovías en ambos lados dificulta el acceso a comercios. “Ni siquiera puedes detenerte a comprar o pagar por algún servicio, porque los oficiales de tránsito te obligan a moverte”, denunció.

“La ciclovía es buena para los ciclistas, pero afecta la actividad comercial y vehicular. Hay mucho que revisar, analizar y tomar decisiones por el bien de todos”, concluyó Alberto Quiam.

La concesión de áreas públicas debió ser transparente, principalmente bajo consenso ciudadano, y definir el destino de los recursos públicos para una causa noble justificada, sin embargo no funciona de forma correcta.

Para el abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de abogados de la Riviera Maya, los parquímetros en Playa del Carmen tienen el beneficio de ordenar y medir el estacionamiento en áreas específicas, contribuyen a la movilidad urbana y ayudan a mantener la seguridad en la ciudad.

En entrevista con el abogado , Leopoldo Cruz, sostuvo que los residentes de esta ciudad pueden solicitar una autorización para exentar el pago de parquímetro. El permiso tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de otorgamiento.

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El problema dijo, no son los parquímetros, sino la falta de transporte Público eficiente para la movilidad de los ciudadanos, “debemos recordar que la movilidad es la capacidad de moverse libremente”, puntualizó.

Hizo énfasis que en Playa del Carmen la movilidad del transporte público es una necesidad común de desplazarse para acceder a bienes y servicios.

En ese sentido, refirió que el transporte público es el modo a través del cual el Estado garantiza que sus habitantes puedan trasladarse, particularmente en entornos dispersos.

Mientras el Municipio y el Estado sigan permitiendo que las rutas sean a criterio del sindicato de taxistas y de TUCSA, y no saquen una licitación del transporte público urbano y suburbano en ruta fija, con AUTOBUSES, el pueblo seguirá padecimiendo de falta de movilidad.

Además, es un derecho humano que debería estar garantizado por el Gobierno, ya sea porque ellos lo proporcionan, o porque lo licitan a las empresas privadas que si tengan la capacidad financiera y operativa para darlo de forma suficiente y eficiente, digno para los solidarenses.