Según el aviso judicial, Elva Karina Prieto Pérez incurrió actos indebidos en el desempeño de sus funciones como Servidora Pública del Subsistema C-4 de la Zona Sur, del gobierno de Tamaulipas, y se le señala como autora de la desaparición de bienes propiedad del Gobierno del Estado, y de haber violado la ley de servidores públicos.

Sin embargo, lejos de enfrentar a la justicia huyó y buscó refugio en Tulum, Quintana Roo, y desde 2011, es la apoderada plenipotenciaria de las empresas de Marciano Dzul Caamal.

El antecedente más claro de la relación entre Karina con el alcalde tulumnense está documentado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPC), en un acto de enajenación que se realizó en torno a la empresa Transportadora y Rentadora Turística Luu’mi Kustal S.A. de C.V.

En esta acción, el alcalde les compró las acciones a sus socios para convertirse en el único dueño y dejando a su prestanombres a cargo de la empresa.

Según el acta de RPC, se realizó la asamblea con el total de los accionistas, quienes aprobaron el 22/septiembre de 2011, la venta de las acciones de Carlos Leonardo García Pérez, José Julio Valerio Cruz y Juan Ariel Pat Fernández a favor de Marciano Dzul Caamal.

El documento que consiste en la primera inscripción con número de folio mercantil electrónico número 3832 ID: 3, también se aprueba el otorgamiento de un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y para abrir y cancelar cuentas bancarias, solicitar chequeras y suscribir cheques y demás títulos y operaciones de crédito a favor de Elva Karina Prieto Pérez.

Mexicana, ingeniera en sistemas, originaria de Tampico, Tamaulipas, nacida el 9 de enero de 1980, soltera, con domicilio en calle Mercurio, Manzana 63, lote 10, de Tulum, Quintana Roo, Elva Karina Prieto Pérez se convirtió en la representante plenipotenciaria del hoy alcalde señalado de presunto autor intelectual de un periodista y abogado de Tulum.

En Tamaulipas, Elva Karina Prieto Pérez fue servidora pública en el Subsistema C-4 de la Zona Sur, cargo en el cual se desempeñó por algunos años, durante el mandato del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, acusado por autoridades de Estados Unidos por los delitos de defraudación bancaria y asociación ilícita para lavar dinero

En el edicto, emitido por la contraloría estatal de Tamaulipas, pide a Elva Karina Prieto Pérez “se sirva presentar ante este Órgano de Control, sito en Boulevard Emilio Portes Gil, número 1270, Planta Alta, Edificio Tiempo Nuevo, de esta Ciudad Capital, dentro del término de diez días a partir de la última publicación de este EDICTO, día y hora hábil.

Con el fin de llevar a cabo “una audiencia que se celebrará con motivo de presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones, como Servidora Pública en el Subsistema C-4 de la Zona Sur, consistente en el faltante o extravío de un bien propiedad del Gobierno del Estado, con el número de inventario 54105-01-0024-02629, y número de serie 116663212032, correspondiente al teléfono Avaya.

El llamamiento agrega que “según se menciona en las documentales que a este oficio se le anexan para su conocimiento, infringiendo presuntamente lo dispuesto por el artículo 47 fracción I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, esta última en relación con el artículo 111 fracción XX y XXI del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo.

“Se le comunica que en la misma podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, pudiendo hacerlo usted mismo o por medio de un defensor, debiendo señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Procesal Penal del Estado. Lo anterior con fundamento en los Artículos 45, 64 y 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”, concluye el texto.

El edicto fechado el jueves 12 de junio de 2008 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, da cuenta del inicio de los señalamientos en contra del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien en años más tarde fue detenido por el presunto lavado de dinero
Como se recordará el exmandatario fue acusado por autoridades de Estados Unidos de los delitos de defraudación bancaria y asociación ilícita para lavar dinero. Eugenio Hernández Flores, fue detenido el viernes 6 de octubre en Ciudad Victoria.

El exmandatario enfrentó a las autoridades de Estados Unidos de los delitos de defraudación bancaria, asociación ilícita para lavar dinero y por ser parte de la operación de una empresa no autorizada para envío de dinero.

Hernández Flores declaró en el juzgado segundo penal, ante el juez Juan Manuel Ham Cortés, dentro del Cereso de Ciudad Victoria, como se establece en la carpeta de investigación 14/2017, la Fiscalía Anticorrupción indaga por diversos hechos ilícitos presuntamente cometidos por el político priista.

En 2015 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Hernández Flores y a su cuñado, Óscar Gómez Guerra, de “conspirar” para blanquear dinero a gran escala. Las autoridades de Texas procedieron a la expropiación de tres inmuebles de su propiedad valorados en más de dos millones de dólares y ubicados en la ciudad fronteriza de McAllen y otro en Austin. La red de lavado de activos fue descubierta gracias a una investigación de la DEA y el FBI, entre otras agencias federales. Los dos acusados enfrentan hasta 20 años de prisión en el país vecino si son declarados culpables.

Lo cierto es que Elva Karina Prieto Pérez, sería el eslabón que unió al presidente de Tulum, Marciano Dzul Caamal, con los capos del narcotráfico en Tamaulipas incrustados en Tulum, en su primer mandato, en la administración 2009-2011 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con información de Sol Quintana Roo 

Tal es el caso de la persona Lorena Castrejón Gómez, quien no figura dentro de alguna compañía dedicada a la construcción dentro del Registro Público de Comercio (RPC), pero sí ha sido beneficiada en más de una ocasión por la mano del presidente municipal de Tulum.

Para el 21 de julio de 2022 la supuesta empresaria se quedó con la licitación por invitación a cuando menos tres personas N° 006/2022, en la que, según los documentos de versión pública disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, se presentaron tres propuestas, pero únicamente se puede consultar el nombre de un participante.

Dentro del documento, solo aparece el nombre de la empresa LINIEROS AEREOS Y SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., la cual propuso el importe de 785 mil 165.26 pesos; una segunda propuso 771 mil 146.11 pesos; y la tercera, y ganadora, 767 mil 593.72 pesos. A destacar que el nombre de estos dos fue censurado dentro del fallo de la licitación.

El contrato de obra pública con el que se quedó Lorena Castrejón Gómez fue el HAT/DGOYSPM/COP3P/025/REM-R28/2022, el cual fue para la “Construcción de celdas de concentración canina para operativos de seguridad pública y rehabilitación del cuarto de armería”.

Dicho contrato fue por un monto de 890 mil 408.72 pesos, ya con el 16% de IVA incluido. Esto representa una diferencia de 212 mil 815 pesos con respecto a la propuesta hecha por la empresaria dentro de la licitación, por lo que, elegirla por ser la más conveniente económicamente pierde cualquier credibilidad.

Los trabajos deberían realizarse en un plazo no mayor de 60 días naturales, a iniciar el 1 de agosto de 2022, y para concluir a más tardar el 29 de septiembre del mismo año.

A pesar de que, dentro del contrato digital se pueden apreciar los datos y firmas de Marciano Dzul Caamal, Diego Castañón Trejo (tesorero municipal) y Carlos Efraín Yama Moguel (director general de Obras y Servicios Públicos Municipales), los datos y firma del proveedor también fueron censurados, sin embargo, debido a las información proporcionada por la PNT se pudo identificar quien obtuvo el proyecto.

La supuesta empresaria Lorena Castrejón Gómez es una de las prestanombres o personas físicas que le facturan al alcalde tulumense, ya que esta mujer tiene escasos antecedentes de ubicación, incluso domicilio falso, así como una obra que solo sirvió para desviar los recursos públicos.

Lorena Castrejón Gómez, aparecida de la nada, obtuvo a principios de año el contrato HAT/DGOYSPM/COPLP/012/FISMDF/2022 por más de 6.8 millones de pesos para la obra “electrificación y alumbrado público subterráneo de la Avenida Tulum, lado sur”.

Sin más referencia curricular que la publicación de su actividad empresarial en la página web LasEmpresasmx, con fecha de registro el 25 de septiembre de 2021, la persona física Lorena Castrejón Gómez asegura ser “un establecimiento en el Club Residencial Andara, en el municipio de Othón P. Blanco, y ofrece productos y servicios como obra eléctrica, obra civil, obra hidráulica y su principal actividad es la construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica”.

Sin embargo, en la misma página no hay algún dato de contacto, es decir, no hay número de teléfono, no hay algún email con el cual se pueda establecer algún lazo de comunicación, y en el supuesto domicilio no hay precisión sobre la dirección señalada.  En una búsqueda por el lujoso fraccionamiento Club Residencial Andara no se encontró algún negocio o comercio dedicado a la generación y conducción de energía eléctrica.

Lo que sí se sabe es que la misma persona física, Lorena Castrejón Gómez realizó una pésima obra que quedó inconclusa en Chetumal en el año 2021.

Lorena Castrejón Gómez, con Registro Federal de Contribuyentes CAGL750225P3, obtuvo el contrato COP-LO-OPB-035-2021, por 2 millones 666 mil 653 pesos, para la “rehabilitación de alumbrado público en la avenida Centenario entre la avenida Insurgentes y acceso a Calderitas de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco”.

Con información de Sol Quintana Roo