De acuerdo con el testimonio de Noemí Mosqueda, quien difundió los hechos en redes sociales, la agresión comenzó durante un evento llamado «Neón Party» en el hotel Riu Caribe, cuando su hermano fue golpeado por personal de seguridad tras ser sacado de la alberca. Al intentar defenderlo, tanto ella como su padre fueron sometidos violentamente por más de 15 guardias del hotel. Mosqueda denuncia que, durante el forcejeo, fue tocada en sus partes íntimas, amenazada de muerte y despojada de sus pertenencias de valor, incluyendo un celular, joyas y un Apple Watch.

La situación empeoró cuando llegaron elementos de la Policía Turística, quienes, en lugar de mediar, presuntamente se sumaron a las agresiones. La familia fue trasladada a los separos policiales, donde aseguran haber sido golpeados, amenazados y encerrados durante 36 horas sin acceso a alimentos, agua o notificación formal de los cargos en su contra. Al ser liberados, acudieron a la Cruz Roja, donde se documentaron fracturas, hematomas y lesiones severas, incluyendo la ruptura de la nariz de su padre y hermano.

Ante la gravedad de los hechos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que la Fiscalía General del Estado investigará el caso para determinar responsabilidades. Por su parte, la cadena hotelera Riu emitió un comunicado defendiendo el actuar de su personal y asegurando que cuentan con videos de las cámaras de seguridad que respaldan su versión. Sin embargo, hasta el momento no se ha proporcionado evidencia pública que desmienta las acusaciones de la familia.

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El sector empresarial de Cancún también se pronunció al respecto, lamentando los hechos y haciendo un llamado a evitar este tipo de situaciones que dañan la imagen del destino turístico. Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, destacó que “no se puede celebrar este tipo de violencia” y pidió que se sigan los procedimientos adecuados para evitar que se repitan casos similares.

Mientras tanto, los elementos de la Policía Turística involucrados han sido separados de sus cargos mientras se lleva a cabo la investigación. Organizaciones defensoras de derechos humanos han instado a las víctimas a presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y han exigido una investigación transparente y expedita.

Este incidente ha reavivado el debate sobre el abuso de autoridad y la violencia en Cancún, un destino que ha enfrentado denuncias similares en los últimos años. Las autoridades han prometido actuar con transparencia y aplicar todo el peso de la ley, pero la presión social y mediática sigue en aumento, exigiendo justicia para la familia afectada.

Cancún.- El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) afirmó que la denuncia interpuesta por el Grupo RIU, en contra de padres de familia y representantes de menores de edad, amparados en contra de su proyecto hotelero en Cancún, replica los ataques sufridos por la activista ambiental Greta Thunberg, cuyo combate en contra del cambio climático ha sido descalificado por empresas internacionales, atribuyéndolo a la manipulación de adultos.

La cadena española denunció por corrupción de menores a los representantes legales -padres o abogados- de menores de edad en Cancún, acusándoles de haberlos manipulado con información probablemente falsa para interponer juicios que han frenado las obras del complejo hotelero de 530 habitaciones a edificarse en Punta Nizuc, lo cual ha perjudicado financieramente a la empresa.

Al respecto, la presidenta del GEMA, Araceli Domínguez, subrayó que la ofensiva de RIU pretende criminalizar a las y los menores de edad que, en ejercicio de su derecho constitucional a un medioambiente sano, garantizado por el artículo cuarto de la Carta Magna, buscaron el amparo de la ley en contra de un proyecto ubicado en una zona en la que se agotó la capacidad para garantizar los servicios públicos, a decir del propio Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Lo que está haciendo esta cadena española es totalmente criminalizante para los adolescentes que, de manera consciente, hacen uso de su derecho. Lo que está haciendo RIU es desconocer la capacidad de los menores de edad para comprender los impactos ambientales o urbanos de una obra y busca desalentar la participación ciudadana.

“Es gravísimo y puede sentar un precedente terrible en Quintana Roo y en México. Acusar de corrupción de menores a los padres o abogados de estos adolescentes, es como estas acusaciones a los padres de Greta Thunberg, diciendo que era manipulada para encabezar su lucha contra el cambio climático. Es verdaderamente una medida criminal para descalificar a la juventud y amedrentar su participación cívica”, sostuvo.

La ambientalista y defensora de derechos humanos, con más de 30 años encabezando la defensa de los recursos naturales del Caribe Mexicano, expuso que, si para las y los adultos que han dado la batalla contra grandes proyectos depredadores, han sido amenazantes las medidas tomadas por inversionistas nacionales o de talla internacional, para las y los adolescentes y jóvenes con derecho a alzar la voz, actos como el de RIU resultan aún más intimidantes.

“Lo que buscan es cansar económica y emocionalmente a estos adolescentes que firmaron los amparos. Y este proceder tiene un nombre, está ya calificado. Se le conoce como: Strategic lawsuit against public participation (SLAPP)”, dijo.

De acuerdo con organizaciones internacionales, las SLAPP son demandas estratégicas que buscan minar la participación pública, enfocados en acallar legalmente a las voces que se alzan en torno a temas de interés público, dañando la libertad de expresión y el debate saludable.

“Las SLAPP se utilizan para silenciar y acosar a los críticos obligándolos a gastar dinero para defender estos pleitos infundados. Quienes promueven SLAPP no van a la Corte para buscar justicia, más bien buscan intimidar a quienes no están de acuerdo con ellos o con sus actividades (…) Las SLAPP se presentan no para reivindicar derechos legales, sino para acosar e intimidar”, de acuerdo con el Public Participation Proyect, una organización con sede en Estados Unidos.

Para Domínguez Rodríguez, la intervención de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) es aún más reprobable, pues suma a la persecución de los representantes legales y de las y los adolescentes como promoventes de los amparos.

Icónico amparo

La activista recordó que en noviembre de 2015, 113 niñas, niños y adolescentes, promovieron el icónico amparo en contra de la autorización de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), concedió al Fonatur para desarrollar Malecón Tajamar.

Del otro lado, la defensa legal de Riu ha expuesto que es la compañía la que ha tenido que lidiar desde el 2015 con litigios, impulsados por Promotora Punta Nizuc -dueña del hotel contiguo- que, directamente o a través de otras personas, han promovido distintos recursos para frenar las obras del “Hotel Riviera Cancún”, tergiversando o abusando de un instrumento legítimo como lo es el amparo e invocando indebidamente el derecho a un medio ambiente sano.

La cadena española afirma que durante más de cinco años han ido demostrando en tribunales que les asiste la razón; sin embargo, sus detractores -como el abogado, Gerardo Solis- afirman que esto ha sido posible por la supuesta complicidad con autoridades locales y federales que les fueron allanando el camino mediante autorizaciones expedidas con vicios de origen.

Solis Barreto es uno de los abogados denunciados por RIU ante la FGE, como representante de menores de edad amparados en contra del proyecto hotelero, suspendido desde el cuatro de marzo del 2020 por una medida judicial. (Con información de El Universal)