Esta vez, el máximo tribunal analiza la acción de inconstitucionalidad 29/2025, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción aprobada por el Congreso local en enero. Dicha ley —avalada sin mayor debate— permitía a la Fiscalía geolocalizar personas en tiempo real sin orden judicial ni justificación clara.

El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García propone limitar esas facultades, al considerar que la legislatura quintanarroense autorizó una forma de espionaje discrecional, disfrazada de combate a la corrupción.

No es la primera vez que la SCJN corrige al Congreso estatal. En lo que va del año, la Corte ha invalidado diversas normas locales por invadir competencias federales o vulnerar derechos fundamentales. Pese a las promesas de “democratizar” el sistema de justicia, la mayoría morenista ha caído en una peligrosa práctica: aprobar leyes al vapor, con sesgo político y sin sustento constitucional.

La CNDH argumentó que el Congreso local otorgó a la Fiscalía facultades indebidas para intervenir comunicaciones privadas y geolocalizar ciudadanos sin criterios definidos. El proyecto del ministro Guerrero advierte que esas medidas constituyen una “habilitación desmedida” que puede derivar en abusos y violaciones a la privacidad.

Además, la ponencia subraya que el Congreso estatal invadió competencias exclusivas del Congreso de la Unión al regular materias penales y administrativas que no le corresponden.

Con este nuevo revés, la SCJN vuelve a poner orden donde el Congreso de Quintana Roo actúa con ligereza. Mientras la bancada morenista presume una supuesta transformación legal, la realidad es que sus leyes no resisten el escrutinio constitucional.

Cada corrección de la Corte no solo exhibe errores técnicos, sino también un preocupante desdén por el Estado de derecho y las garantías ciudadanas. La geolocalización sin control judicial es solo el síntoma de un mal mayor: un Congreso subordinado, improvisado y cada vez más alejado de su deber democrático.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fue la encargada de entregar el documento, el cual fue redactado tanto en español como en lengua mixteca, en un gesto simbólico que reconoce la diversidad lingüística de México.

Aguilar obtuvo más de 6 millones de votos en la jornada del 1 de junio, en la primera elección por voto popular de ministros del máximo tribunal. Su constancia lo acredita no solo como integrante del pleno de la SCJN, sino como su presidente para el primer bienio de su gestión.

El ahora ministro electo nació en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, el 1 de abril de 1973. Su designación representa un parteaguas en la historia jurídica nacional, al colocar por primera vez a un miembro de los pueblos indígenas en la cúspide del Poder Judicial.

“Este no es un triunfo personal, es un paso adelante para todos los pueblos indígenas de México”, expresó Aguilar tras recibir el reconocimiento.

Un presupuesto insuficiente, un desafío monumental

El INE había solicitado 13 mil millones de pesos para organizar esta histórica elección judicial. No obstante, la Cámara de Diputados aprobó solo el 50% del monto requerido, obligando al Instituto a reducir el número de casillas de 160 mil a 74 mil, menos de la mitad de lo necesario para cubrir el territorio nacional de manera adecuada.

¿Qué implica este recorte?

1. Acceso limitado para los votantes:
   La drástica disminución de casillas obligará a muchos ciudadanos a recorrer largas distancias para emitir su voto, lo que podría disuadir su participación.
2. Paralelismos preocupantes:
   La experiencia con consultas populares anteriores, como la revocación de mandato de 2022, muestra que una baja cantidad de casillas se traduce en una participación mínima. En dicho ejercicio, la asistencia alcanzó apenas el 18%, muy lejos del 40% necesario para ser vinculante.
3. Riesgos para la legitimidad:
   Aunque los resultados serán válidos desde un punto de vista legal, la falta de una participación robusta podría debilitar el respaldo ciudadano a los nuevos jueces y magistrados, afectando su mandato y la confianza en el sistema.

Elección judicial: ¿innovación o incertidumbre?

El modelo de elección judicial en México no tiene precedentes a nivel nacional ni internacional, lo que añade incertidumbre sobre las expectativas de participación. Algunos analistas lo comparan con consultas populares previas, como:

• La consulta para enjuiciar expresidentes en 2021 (7% de participación).
• La revocación de mandato en 2022 (18% de participación).

Ambos ejercicios estuvieron marcados por una difusión insuficiente y una cobertura limitada en casillas, lo que contribuyó a los bajos índices de participación. Ahora, con un presupuesto aún más reducido, la elección judicial enfrenta el riesgo de cifras similares.

De expectativas a realidades

Inicialmente, se esperaba que esta elección tuviera una participación comparable a la de una elección federal intermedia, rondando el 50%. Sin embargo, los recortes presupuestarios han llevado las proyecciones a un modesto 20%, poniendo en duda la legitimidad del proceso.

Legalidad vs. legitimidad: el verdadero desafío

Desde el punto de vista jurídico, la elección será válida si cumple con los requisitos establecidos. Sin embargo, la legitimidad, entendida como el respaldo ciudadano a los resultados, depende de una participación significativa.

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¿Por qué importa la legitimidad?

La elección judicial busca fortalecer el mandato de los nuevos jueces, magistrados y ministros a través del apoyo popular. Una baja participación podría:

• Debilitar su autoridad: Un respaldo limitado cuestionará su capacidad de representar los intereses ciudadanos.
• Generar desconfianza: La percepción de exclusión o desinterés podría minar la credibilidad del sistema judicial.

¿Qué se puede hacer?

Aunque los retos son evidentes, aún hay tiempo para implementar acciones que fomenten la participación:

1. Incrementar el número de casillas:
   Ampliar la cobertura, aunque sea parcialmente, facilitaría el acceso al voto.
2. Campañas de difusión efectivas:
   Explicar la importancia del proceso y su impacto en la vida cotidiana podría motivar a más ciudadanos a participar.
3. Mayor coordinación entre poderes:
   La Cámara de Diputados y el Gobierno Federal deben atender las necesidades del INE, garantizando un proceso transparente y efectivo.

Un experimento político de alto impacto

La elección judicial de 2025 no solo representa un desafío técnico y logístico, sino también un experimento político que podría redefinir la relación entre el sistema de justicia y la ciudadanía. A pesar de los obstáculos, este ejercicio tiene el potencial de marcar un antes y un después en la historia democrática de México, siempre y cuando se logre corregir el rumbo y asegurar un proceso que esté a la altura de su importancia histórica.

Con ocho votos a favor, y tres en contra (de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz), el Pleno de la Corte, en consulta, avaló que el Alto Tribunal puede analizar la constitucionalidad de la reforma judicial.

Esto, luego de que jueces y magistrados impugnaran la aprobación de la reforma al acusar que atenta contra la independencia judicial y pidieran a la Corte que atrajera el asunto para discutirlo.

Además, será facultad de la ministra presidenta Norma Piña Hernández determinar si concede o no una suspensión para que se congele la implementación de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación en lo que se resuelve el asunto en la Corte.

La resolución se dio en una sesión de poco menos de dos horas y media, en la que las y los 11 ministros del Alto Tribunal expresaron su punto de vista alrededor de las consultas abiertas por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, en las que se discutía si la Corte tenía facultades para admitir las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma judicial, y de qué forma abordarla.

El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá fue el aprobado por el Pleno de la SCJN, mismo que propone admitir la impugnación de los impartidores de justicia para basar que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los tres Poderes de la Unión con este tema. Esto, luego de modificaciones propuestas por sus colegas ministros.

Luego de que la mayoría del Pleno había expresado su postura, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien votó en contra, advirtió que “es demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución?”, cuestionó a sus compañeros.

En el mismo sentido, contra el proyecto, la ministra Batres Guadarrama apuntó;

“Claramente el artículo 11, fracción XVII, de la LOPJF (Ley Orgánica del Poder Judicial) limita, sin lugar a duda, la competencia de este Pleno para resolver controversias al interior del PJF, pues las facultades previstas en los artículos constitucionales a los que se circunscribe no pueden ser ejercidas para los particulares ni para otros órganos del Estado, sino exclusivamente para el PJF”.

En tanto, la ministra Margarita Ríos Farjat advirtió que “este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado”.

Durante su análisis final respecto al tema, el ministro González Alcántara Carrancá le recordó a las miistras Esquivel, Ortíz Ahlf y Batres Guadarrama —que acusaban que la Corte estaba resolviendo con arbitrariedad:

“Respecto de la arbitrariedad o el golpismo con el que supuestamente estaríamos resolviendo, simplemente me gustaría recordar que estamos todos nosotros, actuando con fundamento en una ley emitida por el propio congreso de La Unión, y con motivo de un escrito promovido por personas que forman también parte del pueblo de México, y además gozan, dentro de la constitución de una garantía de independencia y de autonomía”.

Alcántara recordó a personajes oficialistas como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que en algún momento le pidieron a la Corte que revisara una modificación constitucional:

“Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70/2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento los acusó de golpistas, lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo, el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este pleno que así ha logrado forjar consenso y criterios muy importantes para el país durante casi 30 años”, señaló.

La sesión se vio envuelta en reproches sobre calificativos durante las participaciones, e incluso el ministro Laynez Potisek cuestionó a las ministras Ortíz, Batres y Esquivel si, en determinado caso de que el Legislativo aprobara una reforma para implementar prisión por abortar, también se apegarían a la postura de ni siquiera cuestionarlo:

“Me queda clarísima la posición de ustedes en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, pues permitiría, lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo sea sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Yo me aparto totalmente de esa corriente”, indicó el ministro.

La resolución fue aprobada por los ocho votos a favor de Juan Luis Alcántara Carrancá, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán.

En próximos días se sabrá a qué ministro se turna el proyecto sobre el análisis de la reforma judicial, y si en su caso, Piña concede una suspensión para que no se implementen estas modificaciones constitucionales hasta que la Corte resuelva el tema.

Luego de que se realizarán 3 rondas de votaciones Lucía Piña obtuvo el triunfo con 6 votos.

Su oponente más cercano obtuvo 5 votos, se trata de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quién culminará su cargo en 2027.

Las primeras palabras de la hora presidenta señalaron qué el resultado se debió al voto de confianza de sus compañeros.

” Ni victoriosa ni triunfante me dirijo a ustedes, honrada, comprometida a representar al Poder Judicial de la Federación”.

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Piña Hernández no perdió oportunidad para aseverar qué al ser la primera Presidenta de la Suprema Corte, representa a las mujeres.

Los tres hombres oriundos de Macuspana Tabasco que contaron su historia al mundo por medio de un documental en la plataforma ‘Netflix’, recobraron su libertad este día luego de qué hace 7 años fueran recluidos por un crimen que siempre negaron haber cometido.

Hoy la SCJN derribó la sentencia condenatoria por 50 años de cárcel por el delito de secuestro dictada el pasado 11 de diciembre del 2018 por parte de la tercera sala penal de oralidad del tribunal superior de justicia de la entidad tabasqueña.

La liberación de los tres hombres fue concedida luego de que fueran llevadas a cabo 3 sesiones públicas y posteriormente los 11 ministros del máximo tribunal de la nación mexicana, señalaron que el ministerio público no pudo presentar las pruebas que permitieran demostrar la culpabilidad de los tres acusados.

La noticia de la liberación inmediata de los tabasqueños no no solo ha congratulado a todos los mexicanos quienes siguieron a detalle el proceso que desde un inicio mostró errores e inconsistencias, sino que además hoy la justicia en México ha sentado un precedente con este caso.

Para el próximo 2023 el INE Vera reflejado un recorte total de 18% que asciende a 4 mil 475 millones de pesos.

Lo anterior se ha contemplado en el Paquete Económico 2023 en el que también se han contemplado recortes a otras dependencias tales como: Poder Legislativo, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Poder Judicial entre otros.

Asimismo, se ha contemplado aumento para algunas obras de la 4T, algunas de estas son: el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Así que en el caso del INE pasará de 24 mil 696 millones 868 mil 749 20 pesos a 20 mil 220 millones 367 mil 571 pesos.

Los integrantes de la Primera Sala dieron su aprobación por unanimidad a la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, derivada de la controversia constitucional que fue presentada por el órgano electoral tras el recorte de 4 mil 913 millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Ahora, con la decisión de este máximo tribunal se debe preparar la Cámara de Diputados para revisar de nuevo el anteproyecto de presupuesto presentado al INE y así lograr determinar lo correspondiente para el ejercicio fiscal 2022.

En pocas palabras deberán aclarar la disminución de recursos mediante una justificación y de no ser así, entonces deberán hacer entrega del recurso al INE.

La @SCJN da la razón al @INEMexico.

La Cámara de @Mx_Diputados comprometió las facultades del INE al aplicarle un recorte presupuestal sin motivación para 2022.

Una resolución que evita la arbitrariedad que afecta las atribuciones de los órganos constitucionales autónomos. https://t.co/TURkgaEHjT

— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) June 1, 2022

La determinación de la Primera Sala de la SCJN fue celebrada por el consejero electoral, Ciro Murayama, quien afirmó desde su cuenta oficial de Twitter que había valido la pena llegar hasta dichas instancias. 

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Fue el pasado 7 de diciembre del 2021 cuando el Instituto Nacional Electoral indicó que el recorte impedía el ejercicio pleno de atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, como fue el caso de la realización del proceso de revocación de mandato llevado a cabo en abril pasado.

Esta norma señala que las menores pueden acceder al aborto, incluso sin tener la autorización por parte de sus padres.

Con mayoría de votos los ministros dieron su aval a la modificación a la NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, para quedar NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Con esta modificación se ha facilitado el acceso de niñas y mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo de ser víctimas de violación sin que necesite de una autorización judicial y en cuanto a las menores de edad, sin que tener el aval de sus padres.

En caso de violación ninguna niña o adolescente debe ser obligada a ser madre ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores. Cualquier obstáculo para obtener la interrupción del embarazo en estos supuestos supone una revictimización y una crueldad inimaginable. pic.twitter.com/uR8k7ASlqg

— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 24, 2022

Este proyecto lo realizó el ministro Luis María Aguilar Morales y debido a la aprobación de la Corte, por lo que la NOM ya puede ser aplicada en todos los hospitales públicos de todo México. 

En tanto, la NOM modificada fue impugnada por los gobiernos de Baja California y  Aguascalientes por medio de controversias constitucionales, al considerar que se invaden competencias de las Legislaturas estatales en materia penal y familiar.

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Durante su intervención el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que “Resulta inconstitucional requerir una autorización previa para proceder a la interrupción del embarazo en los casos de violación, así como requerir que padres o tutores presenten la solicitud en los casos de menores de edad que tengan entre 12 y 17 años”.

Como recordaremos fue el pasado martes cuando los  integrantes del máximo tribunal decidieron postergar la discusión sobre la validación o no de los superdelegados para este lunes, debido a que ese día se dio un empate en las votaciones al no estar presente una ministra.

Avala SCJN figura de ‘Superdelegados’

Este lunes 23 de mayo el tema fue retomado y ahora sí, con la presencia de la ministra Loretta Ortiz se obtuvo el desempate, que tuvo como resultado el aval de la Corte sobre la constitucionalidad de ‘superdelegados’ del gobierno federal.

Un total de cinco ministros dieron su respaldo a la propuesta del ministro Luis María Aguilar, quien planteó la invalidez de los artículos 17 Ter y 32 fracción 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

“El Poder Ejecutivo Federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de conformidad con los lineamientos que emitan la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para  el Desarrollo”, señala el artículo 17 Ter.

En tanto, otros cinco ministros avalaron la constitucionalidad de la figura de Superdelegados. Por su parte, la ministra Ortiz votó por la validez de la norma al considerar que no se estaba transgrediendo el federalismo.

“A mi consideración el artículo 17 Ter impugnado no transgrede el principio constitucional de federalismo”, aseveró la ministra.

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Las reformas fueron impugnadas por legisladores de oposición por medio de acciones de inconstitucionalidad al considerar que esta figura genera un estado generalizado de incertidumbre en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica.