“Este es un proceso que ha llevado mucho tiempo debido a la integración de expedientes, pero ya estamos en la línea de entrega”, aseguró Rivas Zavala, quien destacó que el trabajo avanza conforme se contratan los expedientes pendientes.

En la colonia Cristo Rey, los títulos habitacionales se están otorgando de manera gratuita, mientras que en casos donde los terrenos tienen fines distintos al habitacional, como usos comerciales, se establecen costos de regularización que varían dependiendo de la zona y el uso del suelo.

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Sobre el problema de invasiones en zonas como San Judas Tadeo, Rivas Zavala subrayó que se trata de un tema complejo. “Es necesario frenar las invasiones y buscar una conciliación de intereses con los dueños de las tierras para lograr la regularización. Sin embargo, las invasiones son difíciles de regularizar por la ausencia de acuerdos formales con los propietarios legales”, explicó.

Respecto al predio Chelsubul, ubicado en la zona costera de la colonia Colosio, el INSUS informó que los trabajos de investigación avanzan, aunque se trata de un proceso que requiere tiempo para su resolución.

Finalmente, Rivas Zavala puntualizó que el INSUS no interviene en asuntos relacionados con la fuerza pública en casos de invasión, limitándose exclusivamente a los procesos administrativos de regularización.

Fue la madre de Isabel (prima y sobrina de los hoy confesos asesinos) quien se percató de la desaparición de su hija al no tener contacto con ella después de tres días, por lo que llego a su casa y Rosa “N” salió para decirle que ya la familia se había ido de vacaciones.

Situación que fue sospechosa para la madre de Isabel por lo que dio parte a las autoridades, quienes iniciaron con las investigaciones correspondientes, ubicaron los cuatro cuerpos embolsados el pasado 4 de marzo por lo que inmediato detuvieron a los tres implicados en el multihomicidio.

Martha “N”, Rosa “N” y Carlos “N” confesaron que todo inició cuando Concepción esposo de Isabel habría permitido que los ahora detenidos vivieran en su casa, ubicada en la calle Norte 90, colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero en la CDMX y después de algunos días la pareja empezó a recibir malos tratos, insultos y amenazas de muerte de sus familiares.

En colaboración con la @FiscaliaEdomex, integramos una investigación que permitió cumplimentar órdenes de aprehensión contra dos mujeres y un hombre, por su probable participación en los delitos de feminicidio, robo y homicidio, en agravio de dos mujeres y dos menores de edad pic.twitter.com/vbWrbXvsUS

— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 23, 2023

Luego de unas semanas los tres implicados en el asesinato cumplieron con lo prometido y desaparecieron los cuerpos, en bolsas negras y los abandonaron en Chicoloapan, en el Estado de México y adueñándose del terreno.

En un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México, se dio a conocer que estos tres implicados en el multihomicidio ya fueron trasladados a prisión luego de lograr su detención, pero la investigación continúa porque al parecer queda un cuarto implicado.

En rueda de prensa dijo que ese cambio de uso de esos terrenos será para evitar que futuras administraciones puedan cambiar su uso de suelo y privatizarlas.

“Vamos a llevar a cabo una decisión profunda en el caso de Fonatur porque todavía hay terrenos, pero debe de haber como unas 10 mil hectáreas, en Baja California Sur, en Bahías de Huatulco (Oaxaca), en Quintana Roo, Playa Espíritu (Sinaloa). Si las dejamos así, y si regresan los de antes, toco madera, se las pueden robar.

“Entonces estoy pensando que se conviertan todos estos terrenos en ANP, para prevenir”, explicó López Obrador.

Dijo que en los próximos días también se informará cuántos departamentos de interés social fueron abandonados por los beneficiarios debido a que era inviable vivir en ellos por su lejanía de centros urbanos.

Una vez que se tenga el total de departamentos abandonados se determinará cómo se aprovecharán esos espacios.

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Lo anterior fue publicado hoy por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que especifica que dichas  propiedades privadas están ubicados en los tramos 5 y 6 del megaproyecto federal.

De acuerdo con este decreto, la Sedatu procedió a emitir la declaratoria en cuestión, sellada con el número SEDATU.1S.13.I110.UAJ.009.2022, con base en un dictamen técnico emitido por Fonatur, en el que enlistan los inmuebles que serán de utilidad para el Tren Maya.

Asimismo, se detalla en la publicación que en Tulum serán expropiados cinco terrenos, de los cuales tres serán de utilidad para el tramo 5 y dos para el 6.

Por su parte, en Felipe Carrillo Puerto serán expropiados el resto de propiedades, por donde pasará el tramo 6 del proyecto ferroviario.

El decreto, firmado por Román Meyer, indica que los propietarios tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF, para manifestar lo que a su derecho e interés convenga ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedatu.

“Previo convenio con los propietarios de los predios involucrados en la presente Declaratoria, procédase a la ocupación inmediata de los mismos, de conformidad con el artículo 9 Bis fracción III de la Ley de Expropiación”, concluye el decreto.

El anuncio fue formalizado a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante la Declaratoria de Causa de Utilidad Pública, refrendada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.

“Se declara de utilidad pública el desarrollo del Proyecto Tren Maya, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en el estado de Quintana Roo, que se materializará en la construcción de obras de infraestructura pública sobre los inmuebles que suman una superficie total aproximada de 1 383 122.91 (un millón trescientos ochenta y tres mil ciento veintidós punto noventa y uno) metros cuadrados”, se informó en el DOF.

La mayoría de los terrenos expropiados están en Solidaridad, con 36 predios, le siguen Puerto Morelos y Tulum, con cuatro cada uno, y Benito Juárez, con dos.

El gobierno federal informó que esos terrenos “son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya” y justificó su expropiación debido a que se trata de una obra de infraestructura que reactivará la economía del país.

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“En el caso concreto, se cumple con la causa de utilidad pública prevista en el artículo 1o. fracción III Bis de la Ley de Expropiación, ya que se trata de la construcción de una obra de infraestructura pública, cuya finalidad es atender y satisfacer las necesidades de la población en general, tanto para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas dentro de la Península de Yucatán, relativas a comunicar de manera eficiente y agilizar el transporte de todas las personas, y en consecuencia se reactivará la economía del país y el desarrollo en diversos sectores como el comercial y turístico”.

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A los propietarios de los predios se les otorgó un plazo de 15 días hábiles para responder legalmente y presentar las pruebas que estimen pertinentes.

“Previo convenio con los propietarios de los predios involucrados, procédase a la ocupación inmediata de los mismos”, se lee en la Declaratoria.

Esta es la tercera expropiación de terrenos que hace el gobierno federal. La primera por más de 2.4 millones de metros cuadrados y la segunda por más de 5.2 millones de metros cuadrados en esos cuatro municipios.

Los oficiales se dirigían a la carretera federal Playa del Carmen – Puerto Morelos tras recibir un reporte del C5 de varios sujetos que presuntamente invadían terrenos, cuando observaron a un hombre que les hacía señales de auxilio con las manos.

Al entrevistarlo, dijo que mientas se encontraba comiendo con su hijo y otro propietario del terreno donde habita, varios sujetos entraron a desalojarlos mostrando una carpeta con documentos que supuestamente probaban la posesión y propiedad de dicho terreno, mientras los amenazaban y destruían con una retroexcavadora su palapa y otras 6 más.

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Luego de ser identificados por varios testigos, Medel “N” de 44 años de edad y Jesús “N” de 37 años de edad, ambos originarios de Campeche, Juan “N” de 49 años de edad y Alan “N” de 31 años de edad, ambos originarios de la Ciudad de México, Benjamín “N” de 30 años de edad y Luis “N” de 23 años de edad, ambos originarios de Veracruz y Jorge “N” de 41 años de edad, originario de Oaxaca, fueron asegurados en posesión de 1 arma de fuego con cargador y 14 cartuchos, 2 cargadores con 14 cartuchos, 28 cartuchos, 1 porta arma y 2 motosierras.

Por lo anterior y tras informarles el motivo de su detención, los sujetos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

El nieto da la cara y afirma que al morir su abuela, otros familiares vieron la oportunidad de destruir a su familia y poner en contra a su abuelo. No lo dejan ni hablar con él, porque se lo niegan.

“Este testamento ya lo anularon, yo varias veces traté de buscar al abuelo para que llegáramos a un acuerdo antes de que llegáramos a todo esto, sin embargo no tuve la suerte de platicar con él porque la familia me lo ha estado escondiendo”, dijo en rueda de prensa.

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Cruz Sánchez dice estar en la mejor disposición de arreglar porque  siempre ha tratado que esto concluya de la mejor manera porque se es  familia, pero  “desgraciadamente no se ha dado porque ellos no han querido”.

“Yo me cansé de buscarlo para poder llegar a un acuerdo, tomé la decisión de buscar a mi tía e incluso fui a verla a su casa, tuve una plática con ella y le hice una propuesta donde le ofrecía lo que ya habíamos acordado de dividir la propiedad a la mitad  y la mitad de  la parte que yo he trabajado desde hace más de 20 años se les iba a quedar dentro de su parte de ellos y  yo me iba a quedar con la otra parte que es selva le dejé la propuesta, le dejé mi teléfono y nunca me buscaron”, explicó.

Dos días antes de la salida de Cristina Torres de la presidencia municipal de Solidaridad, o sea el 28 de septiembre del 2018 firmó una simulación de compraventa de terrenos de donación municipales y destinados a equipamiento, ubicados en el exclusivo desarrollo Mayakoba y que estaban destinados para una escuela y universidad.

Tales predios fueron prácticamente regalados por el precio en que fueron dados, convirtiéndose así en uno de los más grandes despojos y fraudes cometidos por una administración municipal al simular una compraventa de terrenos de donación municipales y destinados a equipamiento, ubicados en el exclusivo desarrollo Mayakoba y que estaban destinados para una escuela y universidad.

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Fueron vendidos por una bicoca a quien los tenía que haber entregado al municipio de Solidaridad que era Mayakoba y la compra en los últimos días de la administración de la hoy defenestrada Cristina Torres de un predio al gobierno del estado, mismo que supuestamente iba a ser destinado a una escuela y ubicado al sur de la ciudad en una de las zonas más exclusivas de Playa del Carmen. Playaaldia.com tuvo acceso al título de propiedad emitido por el gobierno del estado de dicho predio.

De las 530 hectáreas del predio Balamtun, propiedad de Marciano ‘Chano’ Toledo, 100 han sido invadidas y saqueadas por la empresa Agregados y Bloques del Carmen (ABC) SA de CV que fue denunciada como persona moral y cuyo representante, Eduardo Solís Preciat está en prisión domiciliaria.

Luego de que fuera imputado por los delitos de robo, despojo y daño al medio ambiente, Solís Preciat, socio y exjefe del excandidato a la presidencia de Solidaridad por Fuerza X México Gabriel Mendicuti, enfrenta ya condena. Presuntamente, sólo deberá salir por cuestiones de salud, como visitas al hospital.

Como se recordará, después de una denuncia interpuesta por Efraín Antonio González Martín, se determinó que dicha empresa realizó la ocupación ilegal del predio denominado Balamtun, en la manzana 21, lote 59, en el municipio de Solidaridad.

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“Agregados y Bloques hace invasiones de predios, explota las tierras con dinamita y saca el material pétreo para venderlo”, indicó el litigante, quien añadió que el terreno mencionado pertenece a su defendido Marciano Toledo.

Para sacar material pétreo fueron invadidos 100 hectáreas de selva en Playa del Carmen, generando contaminación y erosión de los suelos. Esta tarde trabajadores de la fiscalía acudieron al terreno pero no quisieron dar informes y argumentaron que solo comunicación social daría detalles.