Tras el nombramiento de Fernando Alonso Orozco Ojeda, las extorsiones y acosos contra propietarios del Parque Nacional de Tulum se reanudaron y es que este mismo funcionario fue destituido en 2020 por corrupción cuando fungió como director del parque.
Cabe señalar que ha causado bastante extrañeza su nombramiento ya que no solo fue cesado por actos de corrupción, sino por extorsionar también a los turistas, a quienes les cobraba una cuota para ingresar al parque.
En esos actos de corrupción y extorsión, el funcionario federal se apoyaba de operadores, como Marcos Salazar Bermúdez y Ana Luisa Talavera Sánchez, también denunciados ante la Fiscalía General de la República.
Desde que Orozco Ojeda asumió la dirección del Parque Nacional de Tulum nuevamente, los empresarios comenzaron a ser víctimas de extorsiones y cobros de cuotas; a quienes se niegan a pagar, se les impide el acceso a las instalaciones.
El funcionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), instancia dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, instaló un punto de revisión en el acceso del parque, donde hay ruinas arqueológicas e infraestructura hotelera, y cobra para que los empresarios ingresen con los insumos necesarios para operar.
Es importante señalar que Fernando Orozco consiguió el apoyo de la Guardia Nacional para implementar operativos y de esta forma poder amedrentar a los propietarios, todo esto bajo el argumento de que esos terrenos han sido expropiados por el gobierno mexicano, aunque con ninguno se ha pactado indemnización alguna.
Los empresarios y propietarios del Parque Nacional de Tulum afirman que la actuación del funcionario es completamente ilegal, pues hasta ahora no existe el Plan de Manejo de ese parque, a pesar de que la Semarnat debía tenerlo listo desde hace casi 40 años, cuando se emitió el decreto para elevar esa zona a rango de Área Natural Protegida.
Cabe señalar que se supo que algunos empresarios alistan una denuncia penal. la cuál será presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que, al no existir un instrumento jurídico, como el Plan de Manejo, cualquier tipo de cobro, inversión, infraestructura o mejora al interior del área natural o incluso el impedimento para circular por ahí es ilegal y anticonstitucional.
De acuerdo con el Artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se ordena a la Semarnat formular un plan de manejo dentro del plazo de un año, contados desde la declaratoria del Parque Nacional Tulum en el Diario Oficial de la Federación, pero a 39 años nada se ha hecho, pues el mencionado decreto se dio el 23 de abril de 1980.
Con información de La Verdad Noticias
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