El movimiento Sélvame del Tren acusa al gobierno mexicano de mentir en la respuesta que envió a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que se interpusiera una queja contra México por violaciones a las leyes ambientales durante la construcción del Tren Maya.
Los ambientalistas hacen referencia a que el gobierno mexicano se defiende de las acusaciones aludiendo que los trabajos del Tren Maya están amparados por “autorizaciones provisionales” emitidas por las autoridades competentes.
“Sin embargo, dichas autorizaciones son inconstitucionales e ilegales, por ser contrarias al marco legal”, aseguran los ambientalistas.
“Además se contraviene al principio de Reserva de Ley, debido a que dichas autorizaciones provisionales corresponden a un trazo distinto, cuando el tren planeaban pasarlo por la zona urbana de Playa del Carmen sobre el derecho de vía de la carretera federal 307 y no sobre la selva, donde finalmente sin ninguna autorización iniciaron el proyecto”, añaden.
Sélvame del Tren indica que durante las obras del tren se han talado y desmontado millones de árboles sobre el derecho de vía de la carretera federal “innecesariamente, por lo que ya no podrían ni siquiera ser invocadas dichas autorizaciones”.
Acusan además que en su defensa ante la CCA, el gobierno mexicano refiere la tramitación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 5 sur, sin embargo, los ambientalistas señalan que éste hecho en sí viola el carácter preventivo de la ley, pues tanto su ingreso como aprobación por parte de la autoridad ambiental mexicana debió haber sido previa al desmonte e inicio de las obras del proyecto, lo cual no sucedió así, además de que la normatividad vigente no prevé ni reconoce la existencia de “autorizaciones provisionales”.
En referencia al decreto por el que se declara al Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional, indican que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretendió legislar con su acuerdo para evadir el estricto cumplimiento de las normas ambientales emitidas por el Congreso de la Unión.
“Invocó nuevamente la existencia de una autorización provisional para justificar el desmonte, cuando este tipo de autorizaciones no las prevé la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y contraviene al artículo 97 que expresa que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales en 20 años cuando la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por tala o desmonte”, exponen.
La CCA es un organismo que forma parte del T-MEC para atender temas ambientales regionales de preocupación común mediante la aplicación efectiva de la legislación ambiental.
El pasado 6 de diciembre del 2022, la CCA solicitó al gobierno mexicano un informe sobre el Tren Maya, ante las acusaciones de las que es objeto por parte de grupos ambientalistas, según los cuales, durante la construcción de la vía férrea se están violando leyes y tratados internacionales en materia ambiental.
El documento de respuesta, con fecha del 30 de enero del 2023, por parte del gobierno de México, alude al decreto del 22 de noviembre de 2022 por el que se declararon de interés nacional proyectos y obras a cargo del gobierno federal asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
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