La construcción del desarrollo Adamar Soliman vulnera un área protegida en Tulum, la playa y destruye el manglar. Se trata de la Bahía Soliman, al sur del santuario de la especie Xcacel Xcacelito, por su rico ecosistema, además de ser un lugar de anidación y desove de tortugas.
Ante esto, la asociación ambientalista Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) inició un procedimiento penal en contra de la firma Desarrollo Tulum 16 y autoridades de los tres niveles de gobierno, por la construcción, sin permisos, de este condominio de lujo en Tulum.
Al respecto, Antonella Vázquez, presidenta de DMAS, describió una serie de irregularidades que implican tanto la permisividad de autoridades de los tres niveles de gobierno en violaciones a la normatividad ambiental, como la configuración de delitos que incluso involucran a agentes inmobiliarios que han comercializado este desarrollo, de nombre Bahía de Solimán, sobre el cual pesan amparos y denuncias penales por desacato a resolutivos judiciales que han ordenado la detención de las obras.
El condominio de siete pisos se construye sobre un terreno costero de 730 metros cuadrados, donde los precios van desde 700,000 hasta los 1.5 millones de dólares, según la activista, quien es la misma que ha promovido y ganado suspensiones definitivas contra la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya.
Cabe recordar, que esta obra se inició en noviembre de 2023 sin autorización de Impacto Ambiental; también sin la constancia de congruencia ambiental que otorga el gobierno de Quintana Roo ni licencia de construcción municipal, según consta en actas levantadas tras inspecciones y colocación de sellos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Además, Antonella Vázquez asegura que después de las denuncias ante los tres niveles de gobierno con la evidencia de que las obras carecen de permisos federales, estatales y municipales, se ingresaron las demandas de amparo ante la omisión de las autoridades para detener los trabajos, los cuales en la actualidad siguen su curso a cargo de la empresa Desarrollo Tulum 16, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), a nombre de Daniel Briman, según consta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo.
Pese a que los juzgados fallaron a favor y concedieron las correspondientes suspensiones de las obras, los trabajos continuaron y en la actualidad se han construido cuatro de los siete pisos que conforman el condominio de lujo.
Por otra parte, junto a las denuncias de DMAS, la propia Profepa presentó otras dos denuncias penales y ha emitido un resolutivo en el que se reconoce el daño grave en materia ambiental. En este sentido, están dando la oportunidad de que la constructora promueva los permisos de manera extemporánea para que regularice las obras, lo cual está prohibido en la Ley General de Vida Silvestre, asegura la activista.
Por lo que ante todo esto, se puede considerar como un caso en el que resulta imposible hacer valer la ley vigente tanto en materia ambiental como urbana, donde el entramado involucra a los tres niveles de gobierno, que pese a la evidencia, colocación de sellos de clausura y mandatos judiciales, han sido omisas ya no sólo en obligar que los responsables detengan la obra, sino en impedir que este desarrollo fuera de toda norma sea comercializado por “brokers” certificados por la ley inmobiliaria estatal, añadió la activista.
Con información de El Economista
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