PLAYA DELCARMEN, QUINTANA ROO, 18JULIO2022.- Activistas de Greenpeace se manifestaron pacíficamente en el Tramo 5 del Tren Maya, ubicado entre Playa del Carmen y Tulum, donde usaron un salvavidas gigante con las insignias S.O.S y una manta donde se leía: protejamos la selva maya. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM
Logró la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) que fuera admitido un recurso de revisión contra la decisión de jueces que revocaron las suspensiones definitivas que durante 2022 mantuvieron por varios meses detenidas las obras del Tren Maya.
La asociación civil busca con esto que se reponga la suspensión de la obra, argumentando algunas irregularidades previas al otorgamiento de los permisos correspondiente al impacto ambiental que le fueron concedidas a este proyecto de manera extemporánea por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Por lo anterior, será el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, de Mérida, el que resuelva el medio de impugnación, en el cual se expone, entre otras cosas, que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) inició el desmonte de selva para el referido tramo 5 sur sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada, lo cual fue el argumento principal para que el Juzgado Primero de Distrito otorgase al menos tres suspensiones definitivas contra el proyecto desde mediados de abril de 2022.
Derivado de esto, el juez reconsideró sus argumentos iniciales y anuló las suspensiones de obra, luego de que Fonatur presentase de manera extemporánea la MIA autorizada del tramo 5 sur como prueba de que se habían tomado todas las previsiones de ley en materia de prevención y mitigación ambiental para el desmonte de selva en el tramo 5 sur.
Asimismo DMAS hizo referencia en su queja a otros casos como el de Arrecifes de Veracruz (AR 54/2021), en el cual se demostró que la evaluación ambiental no consideró los impactos acumulados generados, o el caso Malecón Tajamar (AR 88/2017), mediante el cual se demostró que la evaluación ambiental violentó Normas Oficiales como la NOM 059 y programas de ordenamiento ecológicos municipales luego de más de 10 años de que Semarnat autorizó dichos proyectos.
Con información de El Economista
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