Diversas autoridades no han acatado una serie de suspensiones de amparo a pesar de ser señaladas como responsables de verificar y sancionar la construcción de un edificio proyectado para siete niveles en Bahía Solimán ubicada al límite de la Biosfera del Caribe Mexicano, en el municipio de Tulum el cual es hábitat de infinidad de especies protegidas.
Al respecto, Antonella Vázquez Cavedon, miembro de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas), explicó que el edificio tipo condominio que es construido por un particular, pone en riesgo la anidación de la tortuga marina, ya que se encuentra a seis kilómetros del núcleo del santuario Xcacel-Xcacelito, lugar que es hogar de la especie, además aledaño a una importante reserva de manglar.
“Lo que hicimos fue pedir los permisos, pues como sabemos, los permisos de construcción son información pública y accesible. La sorpresa fue que están llevando las obras sin un solo permiso, y primero que nada se requiere un permiso e impacto ambiental, ya derivado de eso, necesitarías autorización estatal y municipal; no hay ni uno solo”, explicó la abogada en materia de derecho ambiental.
Además, indican que se ha podido constatar, según solicitudes de Transparencia, que el proyecto de nombre “Adamar Solimán” carece de permisos de impacto ambiental de nivel federal, estatal y municipal. Pese a esto, su comercialización continúa en redes sociales.
Es en este contexto que los vecinos interpusieron denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo hasta la fecha no ha acudido a verificar.
Posteriormente, la asociación civil Dmas tramitó demandas de amparo en enero pasado por la falta de acción de la Profepa y otras autoridades señaladas como responsables por la probable violación del derecho a un medio ambiente sano de las personas.
Cabe mencionar que estos juicios son resueltos en los juzgados Segundo, Cuarto, Quinto, Octavo y Noveno de Distrito, todos en la ciudad de Cancún, los cuales otorgaron suspensiones definitivas que obligan a las autoridades acudir al lugar, aunque hasta ahora no ha ocurrido.
A pesar de esto, actualmente los trabajos continúan con normalidad, según evidencias recabadas. Por este motivo, los quejosos prevén tramitar nuevos recursos en caso de que las autoridades continúen con la negativa de no acatar las suspensiones judiciales.
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