El señor Cayetano Nieto Colín denuncia que fue despojado de su predio de 179 hectáreas, ya que al recibir el resumen para el pago del predial se dio cuenta de que estaba en ceros, al verificar sus datos todo coincide pero comenzó a investigar la anomalía y llegó a la conclusión que su predio estaba en manos de otra personas.
A raíz de esto don Cayetano, de más de 70 años acudió con el abogado Javier Tun Jiménez para que lo representara, quien no puede creer la cantidad de irregularidades cometidas para despojar a este adulto mayor de su predio de 179 hectáreas, señalando que en esta operación de despojo y fraude están involucrados notarios de Progreso, Yucatán, además de funcionarios del gobierno municipal de Tulum,
El predio denominado San Arturo está ubicado en el tramo carretero Tulum-Cobá, en la zona de transición y se trata de un terreno que tiene alta plusvalía ante el crecimiento de la zona turística, cuenta con 900 metros de carretera, esto a unos 30 kilómetros del centro de Tulum, que don Cayetano Nieto Colín adquirió en 1995 a Felipe Mazun y Uizil, cuya escritura pública es la 8752, es decir, hace 28 años.
Cabe señalar que originalmente estos terrenos fueron otorgados por la Secretaría de la Reforma Agraria y todo se desarrolló con normalidad durante décadas, hasta que llegaron los descuentos del pago del impuesto predial 2022, que es cuando se lleva la sorpresa de que ya no tiene predio y comienza la investigación que abarcará toda la península de Yucatán.
Primero aparece el nombre de Martín Adonay Sosa Cardeña, a quien supuestamente Don Cayetano le habría otorgado un poder con actos de dominio de todo el lote del predio, San Arturo, el 8 de junio de 2005, ante Fernando Agustín Cuevas Pérez, notario público número 8 de Chetumal.
“A estos aprendices de falsificar documentos se les fue que la escritura tiene número 15215, en la que se le otorga el poder, y cuando fallece el notario que la otorga, sus registros verificables terminan en el número 15030, de acuerdo a la dirección general de notarías en el estado”.
Pero cometerían un error más grave y verificable: aparece Martín Adonay Sosa Cardeña a venderle el predio a José Julián Cetina Burgos, el 15 de enero de 2016, y lo hace con un contrato privado ante el notario público Juan Ignacio Hernández y se ratifica ante el notario público Juan Ignacio Hernández Ornelas, en Chetumal.
En el Diario Oficial del Estado aparece que el notario Juan Ignacio Hernández Ornelas dejó de ser notario el 3 de noviembre de 2008. “Estos señores usaron sellos y firmas de notarios que ya no estaban en funciones: uno fallecido, y el otro, retirado”.
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La cadena de despojo va a Yucatán para hacer un nuevo contrato privado con el notario de Progreso, José Enrique Gutiérrez López, el supuesto contrato privado de Chetumal. Esto ocurre en 2022, el 16 de mayo, y con esa escritura pública, formalizada la supuesta venta, la propiedad pasa a manos de José Julián Cetina Burgos. Tanto Martín Adonay Sosa como Cetina Burgos formalizan la escritura.
Una vez hecha estas operaciones, los falsificadores van con el notario José Anastasio Manzanilla Torres, ya cuando el predio San Arturo está subdividido y vendido a otras terceras personas. Pero lo más extraño es que, tanto el Director de Catastro y de Desarrollo Urbano de Tulum, hicieron todo con una celeridad que les valdría un premio a la eficiencia pública. “En 14 días estaban hechos los papeles”. Se trata de Rubén Raziel Ek Cruz (Catastro) y José Antonio Miranda (Desarrollo Urbano).
Tras toda esta operación del despojo, las 179 hectáreas fueron subdivididas por 148 hectáreas, en el registro público también fue tan rápido que, en menos de 16 días estaba lista la escritura, pero lo increíble es que, un trámite de escritura ante un notario puede tardar de semanas a meses, en este caso la velocidad fue a modo exprés.
Ante todas estas anomalías, se levantó la denuncia con folio 8144/2022, dado que el notario José Manzanilla Torres hizo las escrituras a nombre de los “nuevos” propietarios. De acuerdo con las investigaciones, los predios vendidos fueron a parar al Grupo Ferram, SA.de CV, que lo integran como socios Andrés Millet González, Roberto Fitzmaurice Lubcke y Roger Alberto Evia González.
En tanto que en el segundo lote aparecen como compradores Edgardo Alberto Díaz Aguilar, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez, el tercero fue “vendido” a Denis Alaín Jiménez Santos, Roger Alberto Evia González y Andrés Oramas Rodríguez. El cuarto a Sandra Irene González, el quinto y sexto a Ana Yamilett Espinosa Ponce.
Por este motivo y a través de su abogado, Don Cayetano busca que nadie más sea defraudado, pero lo peor de todo es que ante las amenazas de las que es víctima tuvo que irse de Tulum, por lo que ni su abogado sabe a dónde se fue. Lo más llamativo del caso es la facilidad con la que dieron formalidad a los documentos en las notarías.
“Nosotros sabemos que cada notario está obligado a saber si cada poder está vigente o ha sido revocado; se trata de un protocolo”, señaló el abogado, quien dijo que el Colegio de Notarios no ha intervenido en absoluto.
“No sirve para nada”, dice el abogado, que en dos ocasiones acudió en su ayuda.
Finalmente, aclaró que la Fiscalía de Quintana Roo ha dado, en esta parte del proceso, todas las facilidades para llegar a la justicia que busca don Cayetano: recuperar su propiedad y que nadie más sea estafado.
Con información de Grupo Pirámide
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