Los delitos ambientales siguen sin freno en el noveno municipio, desde noviembre de 2023 comenzó la construcción de un edificio de departamentos.
A pesar de que se realizó una denuncia pública por parte de la agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la construcción de un edificio de siete pisos de departamentos denominado Adamar Solimán continúa en la Bahía de Soliman, del municipio de Tulum.
Ante esto, cabe mencionar que desde el fin de semana pasado, DMAS denunció que hay al menos cinco juicios de amparo a través de los que han logrado conseguir suspensiones, que a su vez, obligan a las autoridades a detener la obra, sin embargo ésta sigue adelante pese a que se encuentra próxima a la zona de anidación de tortugas.
Por su parte, la agrupación informó a través de sus redes sociales que la obra inició en noviembre de 2023 y en enero de este año se denunció que la obra comenzó ilegalmente ya que carece de los permisos ambientales emitidos por Semarnat.
Asimismo, mencionaron que el pasado 18 de febrero, el gobierno municipal de Tulum emitió la licencia de construcción. En tanto a través de una solicitud vía transparencia realizada en marzo, la agrupación investigó si el ayuntamiento había emitido alguna licencia y dio a conocer que no había.
«Pero a los inspectores de PPA (Procuraduría de Protección al Ambiente) les mostraron en enero una licencia digital. Y en abril, el municipio de Tulum, confirmó que sí, que tiene todo en regla y que la licencia es de fecha 18 de febrero», afirmó DMAS. Esto sumado a que presuntamente clausuró la Profepa la obra, pero no hay sellos.
En este sentido, se debe tener en cuenta que la ley establece que el Director Responsable de Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Estado de Quintana Roo y sus municipios, se le impondrá de cuatro a doce años seis meses de prisión y de mil a diez mil días multa, así como suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta.
Además, comete un delito urbano quien autorice o expida licencias, permisos, autorizaciones, constancias de compatibilidad urbanística o dictámenes de uso de suelo, viabilidad, construcción, fraccionamiento, urbanización, conjuntos urbanos o acciones urbanísticas en contravención con la normativa vigente.
Con información de Grupo Pirámide
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