El 27 de marzo de 2021, Victoria Salazar, mujer salvadoreña, reconocida como refugiada en México en 2018, fue asesinada en la vía pública por cuatro policías municipales en Tulum, obligando a la sociedad y a los gobiernos, salvadoreño y mexicano, a reconocer las violencias que las mujeres refugiadas y migrantes viven en el país.
Sin embargo, la presión, el enojo y la indignación ante lo ocurrido no ha sido suficiente para lograr que Victoria y su familia obtengan justicia y reparación del daño.
En los días posteriores al feminicidio, los gobiernos de México y El Salvador dieron a conocer, de forma pública, su solidaridad con la familia y anunciaron acciones para que el caso no quedara impune, así como la no repetición, no obstante, las promesas no se han cumplido.
A dos años de los hechos, la audiencia penal ha sido diferida en múltiples ocasiones por problemas de logística del poder Judicial así como estrategias de dilatación de la defensa, la reparación del daño por parte de las autoridades del gobierno mexicano sigue pendiente, y el proceso judicial abierto por la violencia sexual de una de las hijas de Victoria tampoco ha obtenido avances sustanciales para acceder a la justicia.
La Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), quienes acompañan el caso, han realizado esfuerzos de articulación e incidencia transnacional a fin de lograr la colaboración del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) de El Salvador para brindar apoyo psicosocial con profesionales privados a la madre e hijas de Victoria.
“Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su gobierno se respetan los derechos humanos y su política es de cero impunidad, lo que se ha observado son audiencias suspendidas e insuficiente apoyo de las instancias gubernamentales involucradas en el proceso, dejando, en diferentes momentos, a las organizaciones que acompañan el caso, limitadas y con pocas herramientas para lograr avances positivos. Por su parte, el presidente Nayib Bukele, quien se comprometió, en un comunicado oficial, a dar seguimiento al caso y a cubrir la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria tampoco ha cumplido. Es la abuela quien con grandes esfuerzos provee estudios y manutención básica a las adolescentes”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación 34/2021, el 24 de agosto de 2021, en la que llama al entonces presidente municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Víctor Mas Tah, a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, ante el uso excesivo de la fuerza por parte de sus elementos, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, a que brinden a las víctimas indirectas del caso la reparación integral por los daños causados, que incluya una compensación justa y suficiente. Tampoco hay avances significativos en el seguimiento del cumplimiento de la recomendación.
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