Miembros del gremio periodístico en este municipio denunciaron una sistemática campaña de desprestigio y hostigamiento en su contra. Los comunicadores locales señalaron directamente a Adán Quintanilla Ávila, titular de la Dirección General de Comunicación Social y Eventos del Ayuntamiento de Tulum, como el presunto responsable de coordinar estos ataques digitales a través de cuentas apócrifas en redes sociales.
La situación ha encendido las alarmas entre los profesionales de la información, quienes advierten un intento directo de censura y una grave violación a la libertad de expresión en la región.
Según los testimonios recolectados entre los afectados, la estrategia de difamación no busca debatir o refutar los datos periodísticos presentados por las empresas de comunicación. Por el contrario, las publicaciones emitidas desde los perfiles anónimos han escalado hacia el terreno estrictamente personal y privado de los reporteros.
Los periodistas aseguran que el objetivo central de esta “guerra sucia” es dañar su imagen pública, minar su integridad moral y restar credibilidad ante la ciudadanía a sus investigaciones y coberturas informativas.
El gremio periodístico destacó que el uso de perfiles falsos es una táctica recurrentes para evadir responsabilidades legales y civiles sobre los mensajes difundidos. Ante la gravedad de los señalamientos que involucran al director de Comunicación Social, los comunicadores exigieron una investigación interna y transparente.
Las peticiones de los afectados hacia las autoridades competentes incluyen:
Esta controversia ocurre en un contexto donde la prensa local mantiene un escrutinio constante sobre la administración pública. Los reporteros de Tulum han desarrollado coberturas profundas sobre temas prioritarios como la seguridad pública, el desarrollo urbano desmedido, el impacto al medio ambiente y la transparencia en el sector turístico.
Los comunicadores locales hicieron un llamado enérgico a las organizaciones de protección a periodistas y a los tres niveles de gobierno para que se garantice el libre ejercicio de su profesión y se detengan las presiones que buscan silenciar la fiscalización ciudadana en Tulum.
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