El movimiento ciudadano Playas Libres Tulum, integrado por prestadores de servicios, comerciantes y residentes, lanzó un enérgico pronunciamiento contra los nuevos cobros por acceso a las playas, que fijan una tarifa de $60 pesos para nacionales y $220 para extranjeros los domingos.
La agrupación califica estas medidas como ilegales y contrarias a la Constitución, además de un duro golpe a la economía local y al turismo.
⚖️ Playas públicas, no negocios privados
Aunque el colectivo reconoció la apertura de la vía pública hacia las playas Santa Fe, Pescadores, Maya y Mangle, subrayó que “no puede hablarse de playa libre si se condiciona la entrada con tarifas o brazaletes”.
El comunicado se apoya en el Artículo 27 Constitucional y los Artículos 7 y 8 de la Ley General de Bienes Nacionales, que establecen que las playas son bienes de uso común. Además, denuncia que estos cobros se suman a las tarifas de la Zona Arqueológica de Tulum y los cargos impuestos por la CONANP, lo que encarece la experiencia para visitantes y pequeños comercios.
🗣️ Exhorto a Claudia Sheinbaum
El movimiento solicita la intervención inmediata de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para garantizar el acceso libre y gratuito a las playas, así como los siguientes puntos:
- Que el cobro del brazalete de la CONANP no sea obligatorio para transitar, permanecer o acceder a servicios dentro del Parque Nacional Tulum.
- Que el ingreso al Parque del Jaguar sea voluntario y no condicionado.
- Que los baños y servicios básicos sigan siendo gratuitos para residentes y turistas.
❓ Preguntas que siguen sin respuesta
El colectivo también exige claridad sobre temas que afectan la movilidad y el derecho al libre tránsito:
- ¿El acceso libre incluye bicicletas, scooters y transporte ecológico?
- ¿Qué tipo de vehículos pueden ingresar sin pagar?
- ¿Deben pagar la cuota CONANP quienes solo visitan un restaurante o club de playa dentro del área protegida?
- ¿Se podrá usar el baño público sin pagar tarifas adicionales?
“Las playas no son caja chica”, recalca el movimiento, al exigir que se respete el derecho colectivo al mar y se ponga fin a los cobros injustificados.
