La SCJN invalidó reformas que les garantizaban acceso a la justicia en su propia lengua; los diputados tomaron decisiones sin consultarlos. La morenista Silvia Dzul Sánchez preside la Comisión de Desarrollo Indígena, pero es como si no existiera
Gregorio Valdés
La ignorancia y la torpeza de los diputados locales de Quintana Roo afectaron a indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, que tienen derechos como toda la sociedad, pero al ser una población vulnerable tienen otras consideraciones o deberían tenerlas sin embargo, eso no le importó a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena del Congreso local, Silvia Dzul Sánchez.
En la legislatura pasada, en junio de 2022 los diputados aprobaron reformas a la Ley de Víctimas y la Ley del Instituto de Defensoría Pública de Quintana Roo, que buscaban mejorar la atención judicial que reciben estos grupos considerados vulnerables. La actual legislatura nada hizo para privilegiar al pueblo maya de Quintana Roo.
Pero los diputados estaban obligados a realizar una consulta antes de tomar una decisión y la omitieron, así que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que a los indígenas se les violentaron varios derechos al no ser tomados en cuenta.
Se crearon medidas tendientes a garantizar que en los procesos o procedimientos en los que intervengan personas indígenas cuenten con 
asistencia de defensores, traductores e intérpretes, que tengan conocimiento de su lengua y cultura y así hacer efectivo su derecho al acceso a la justicia; sin embargo, el análisis del procedimiento legislativo se advierte que no se llevó a cabo una consulta previa que cumpliera con los parámetros establecidos”, señaló la CNDH.
En su defensa, los diputados de la legislatura anterior argumentaron que habían omitido realizar la consulta porque las reformas eran a favor de esos grupos vulnerables; sin embargo, para el Observatorio Ciudadano del Estado de Quintana Roo esto es una muestra más de la ignorancia con la que actúan los diputados de la entidad.
Su representante, Eduardo Galaviz Ibarra, opinó que los diputados están omitiendo las consultas por falta de oficio político, ignorancia en los temas y comisiones que presiden y temor a ser juzgados por los ciudadanos.
“Esta última decisión de la Corte no es un caso aislado, ya son varios los que se están presentando este año y el año pasado también, que han echado abajo. Muchos de los trabajos que realizó la decimosexta Legislatura no están siguiendo los procedimientos de consulta que la ciudadanía requiere”.
“Parece ser que consideran que no es necesaria, que solamente con lo que los diputados opinen es suficiente y no. La ley establece perfectamente que debe de haber consultas para cualquier modificación de leyes y, específicamente, a las que están afectando o beneficiando a unos grupos de la sociedad que siempre han estado marginados”, comentó.
Galaviz recordó que en los últimos meses también se invalidaron las reformas a la Ley del Notariado y a los programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial que se aprobaron en esta legislatura, por la misma razón.
“Estamos pagando los platos rotos por legisladores con falta de preparación, que están haciendo los trabajos sin conocimiento y sin respetar las leyes y sin considerar las observaciones que hicimos nosotros y otros grupos organizados, que señalaban que no tenían por qué hacer las leyes sin tener una consulta previa”, señaló.
Como representante del Observatorio Legislativo, Galaviz consideró que el problema radica en que los diputados que encabezan las comisiones no tienen ninguna formación ni información y son nombrados por posición de grupos políticos y no por sus conocimientos.
¿Qué pasará?
Una vez invalidadas las reformas, los ministros de la Corte ordenaron al Congreso de Quintana Roo hacer la consulta ciudadana y les dio un plazo de 12 meses para acatar esta disposición.
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Pasado este tiempo, los diputados podrán retomar en el Congreso todo el procedimiento para que lleguen esos beneficios a indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad.
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Según datos del Inegi de 2020, en Quintana Roo hay más de 204 mil personas que hablan la lengua maya y, por ahora, debido a las omisiones de los diputados, ninguno tiene defensores ni intérpretes que conozcan su lengua y su cultura durante procesos judiciales.
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=738
