El Juez de Distrito resolvió que los dos pobladores no demostraron que la falta de actualización de la herramienta generara una afectación a los ecosistemas de Tulum ni tampoco que ellos se beneficiaran de los servicios ambientales que estos les brindaban.
Por lo que los pobladores solicitaron que la Suprema Corte conociera la situación, el organismo reconoció que los solicitantes de amparo sí tenían interés legítimo debido a que acreditaron ser habitantes del municipio en el que se encuentra el ecosistema que les proporciona servicios ambientales de los cuales se benefician y que la falta de actualización del Atlas de Riesgos sí podía impactar en dicho hábitat.
Asimismo, la SCJN determinó que el Ayuntamiento de Tulum estaba obligado a actualizar el Atlas con el fin de que las propias autoridades y sobre todo a la población identificaran claramente todos los riesgos y peligros que pudieran afectarles.
De igual manera, se indicó que tomando como referencia el último Atlas de Riesgos Naturales de Tulum en 2016, la Sala advirtió que han existido cambios significativos en el municipio que ameritaban su actualización, entre ellos: la concentración masiva de población derivada de la migración de personas extranjeras, el flujo de capitales y las dinámicas del mercado inmobiliario, la pandemia causada por el virus del COVID-19, así como la construcción del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional en el municipio.
Derivado de esto, el organismo concluyó que las autoridades municipales incumplieron con su deber de actualizar el Atlas de Riesgos Naturales, lo que vulneró el derecho al medio ambiente sano. La Primera Sala modificó la sentencia impugnada y concedió el amparo para que las autoridades del Municipio de Tulum actualicen su Atlas de Riesgos en un plazo máximo de dos años.
Con información de Alcaldes de México
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