El megaproyecto del Tren Maya ha dejado al menos a 48 trabajadores fallecidos los cuales estaban vinculados a la construcción de este ferrocarril, en estos tres años, además hay que sumar dos fallecidos sin vínculos con el proyecto y 31 heridos “por riesgos de trabajo, vinculados a posibles violaciones a derechos humanos laborales”.
Esta obra, con más de 1.500 kilómetros de vías férreas, está considerada una de las obras insignes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y para ella se emplearon unas 7.000 toneladas de piedra cubana.
La información y datos entregados, son el resultado de una investigación titulada Las muertes prevenibles del Tren Maya y elaborada por Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS), una asociación civil sin fines de lucro que ha documentado, entre febrero de 2021 y febrero de este año, los daños personales causados por la construcción de la infraestructura y que ocurrieron a los empleados “en el ejercicio o con motivo de su trabajo, durante su jornada laboral o en su camino desde o hacia el trabajo”.
Dentro de las principales causas de esas muertes durante estos tres años fueron “los atropellamientos, aplastamiento por maquinaria pesada, aplastamiento por vehículo de carga pesada, aplastamiento por material de construcción, caída desde estructuras, choques, golpe de calor, infartos y homicidio con arma de fuego durante la jornada”.
El informe fue publicado el pasado 28 de febrero destaca que los decesos se hubieran podido evitar si se hubieran aplicado los protocolos que debe tener un “proyecto prioritario” como era este, tal y como reiteró el propio Gobierno mexicano.
Asimismo, el documento lamenta que la obra, liderada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de la mano con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), haya generado “empleos que no son trabajos dignos”.
Además, es importante destacar que los fallecimientos ocurrieron en al menos 17 municipios de los seis estados en que se desarrollan obras del proyecto: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz. Además, según la investigación, se registra “al menos un caso de una persona trabajadora muerta por presuntos riesgos de trabajo en cada uno de los siete tramos”.
En tanto, con respecto a los dos casos catalogados como “personas que no trabajaban” en el Tren Maya pero que perdieron la vida “a causa de las labores de personas trabajadoras en dicho proyecto”, el documento no menciona mucho, ya que no precisa si eran residentes de las zonas en construcción, ni señala sobre la forma y las condiciones en las que perdieron la vida. Tampoco detalla si las familias fueron indemnizadas por el Gobierno.
Por otro lado, también se precisa que durante las obras del Tren Maya han resultado lesionadas 31 personas “por riesgos de trabajo, vinculados a posibles violaciones a derechos humanos laborales”. Una de ellas sufre de muerte cerebral, según lo informado.
Derivado de esto, Cohesión Comunitaria e Innovación Social exige que los empleos generados por el proyecto de la actual Administración mexicana “deben respetar, proteger y garantizar el derecho humano a un trabajo digno con características como: la seguridad e higiene en el trabajo y el respeto a la integridad física y mental de las personas trabajadoras”.
El pasado diciembre, López Obrador inauguró el tramo del Tren Maya que comprende la ruta Campeche-Cancún, la primera de tres etapas de construcción. En esos primeros 473 kilómetros de infraestructura ferroviaria sólo se emplearon 7.000 toneladas de piedra porfiria cubana de los 200.000 que el Gobierno de México tenía previsto traer de La Habana y que iban a representar un gran negocio para la Isla.
Sin embargo, el ancla del buque Melody, en que se transportaban 20.000 toneladas de la piedra proveniente de Cienfuegos, dañó un banco de corales de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, un área establecida para la biodiversidad marina, lo que obligó a abortar las maniobras de descarga. Así, el buque Melody quedó en altamar con 13.000 toneladas de piedra cubana de la que, hasta ahora, no se ha vuelto a tener noticia.
Distintas organizaciones civiles y activistas han alertado de los daños causados por los buques cubanos que cargaban balastro y que, con sus pesadas anclas, han herido importantes zonas de estas dos áreas naturales protegidas. El tema ha llegado a los tribunales de la mano del Centro de Derecho Ambiental tras las denuncias de varios sectores sociales, incluyendo organizaciones ambientalistas.
Ante tal panorama, la Administración de López Obrador blindó la información, quedando sin conocer el destino de la piedra cubana, los detalles de los contratos y los costos del acuerdo binacional.
Con la descarga de toneladas de piedra basáltica en medio de los arrecifes de coral, estos quedan vulnerables a accidentes y al propio peso de las embarcaciones que ya han causado daños en los sistemas arrecifales de Veracruz y Puerto Morelos, como han denunciado activistas.
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