El proyecto Puerta al Mar, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revivió antiguas pugnas en el pueblo maya porque no fue consultado para la rehabilitación del antiguo camino a Vigía Chico, en la costa oriental de Quintana Roo, donde en la época porfirista existió un tren que la población desdeñaba pues sirvió, recuerdan, para la destrucción de su mismo territorio.
Además este proyecto viene aparejado al Tren Maya, el cual ya ha dejado una estela de descontento en dicha comunidad, pues las expropiaciones de terrenos comunales no han sido justas, como lo han venido denunciando desde hace más de un año.
Puerta al Mar busca conectar al pueblo de Felipe Carrillo Puerto con una salida a la costa, a través de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an. Como ha ocurrido con los recientes proyectos federales en la Península de Yucatán, se ha iniciado sin la emisión y aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Este municipio es cuna de la insurrección maya, con el surgimiento de la llamada Guerra de Castas o Guerra Social Maya, el evento bélico más trascedente en la que ha participado la comunidad contra el gobierno mexicano.
El pasado 8 de mayo, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del proyecto Puerta al Mar para conectar a esta localidad con la costa, por el antiguo camino a Vigía Chico.
En este contexto, el pasado 29 de agosto, sin ninguna consulta indígena, el Gobierno de Quintana Roo dio el banderazo de salida de obras, junto al Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, los mismos que construyen el Tren Maya en diversos tramos de Quintana Roo y, por supuesto, también en Felipe Carrillo Puerto.
El proyecto, de acuerdo con información del gobierno de Quintana Roo, es un camino de 55 kilómetros de longitud que parte de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico (Punta Alen), a través de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.
Un total de 22 kilómetros serán pavimentados y los 33 restantes serán de tipo artesanal, con cinco metros de ancho. En la intersección de ambos tramos habrá un estacionamiento y zona de descanso.
Pero para diversos colectivos mayas, como Múuch Xíinbal y U kúuchil k ch’i’ibalo’on, el proyecto sólo servirá para la entrada de cacicazgos a la zona maya, que amasen más tierras y continúe el detonante turístico, similar a lo que ha ocurrido en Cancún y la Riviera Maya.
En un comunicado que circuló entre los colectivos de la zona maya, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, también se aclara que el proyecto no lleva al mar, sino a la bahía de la Ascensión, la cual forma parte de un conjunto lagunar cercano al Mar Caribe.
Consulta negada
Tras el inicio de los trabajos de desmonte para la reconstrucción del camino a Vigía Chico –a mediados de agosto– indígenas mayas de Felipe Carrillo Puerto tramitaron una demanda de amparo contra la obra Puerta al Mar, debido a que no se les consultó.
Señalan a la Sedena como autoridad responsable por la violación de diversos derechos humanos por falta de consulta indígenas ante obras que los militares han emprendido en su territorio, no sólo por Puerta al Mar, sino también por el Aeropuerto Internacional de Tulum, ubicado en Muyil, y el Tren Maya. Todas estos se construyen, alegan los quejosos, sin consulta indígena.
Aunque en el caso del Tren Maya sí se consultó a los mayas, pero en reiteradas ocasiones se ha alegado que dicha consulta fue viciada y no se han cumplido acuerdos como la reconstrucción de los centros ceremoniales, entre otros (Proceso 2389).
Asimismo, la demanda es por la abstención de celebrar con el pueblo maya un convenio para la explotación y protección del patrimonio cultural originario, “convenio que tiene obligación de celebrar con nuestras comunidades por el uso y aprovechamiento no autorizado de nuestro territorio, con las obras que está desarrollando”, agrega.
La demanda de amparo indirecto fue inicialmente tramitada en el Juzgado Primero de Distrito, de Yucatán, que se declaró incompetente, pues, aunque éste resuelve asuntos del Tren Maya, la acción legal también contiene proyectos federales diferentes.
El Juzgado Primero de Distrito, de Chetumal, también se declaró incompetente, al igual que un juzgado federal de la Ciudad de México.
Ahora es el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de la capital del país, el encargado de resolver a quién le corresponde ver este asunto que ha derivado en un conflicto de competencias bajo el número de expediente 45/2023.
Es el magistrado Sergio Urzúa Hernández el encargado de la ponencia de resolución del conflicto de competencia. Se espera un escenario similar a los amparos contra el Tren Maya en la Península de Yucatán, dicen abogados consultados: los procesos legales se encuentran detenidos a más de año y medio de haberse tramitado.
Con información de Proceso
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