Tres de cada 10 llamadas de emergencia que realizan a los números de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Felipe Carrillo Puerto resultan ser “falsas alarmas”.
Roberto Bravo Peña, jefe de la dirección en el municipio, reconoció que no es un alto porcentaje, pero sí son números que afectan, y demuestran una tendencia donde la gente no está acostumbrada a respetar a las instituciones y que juega con los números de emergencia, cuando pueden ser vitales para brindar otra atención.
“Aun así con la presencia de las falsas alarmas, nosotros tenemos que darles respuesta a todos los llamados, no podemos jugar con la posibilidad de que se esté suscitando un hecho real; entonces si lo reportan tenemos que acudir, (lo) que implica que a veces se desatienden hechos que sí están pasando”, sostuvo.
Agregó que el 80% de las falsas alarmas se suscitan dentro de la ciudad, y el resto, en comunidades; asimismo, lamentó que sí representa pérdidas, pero más que monetarias, son de tiempo y recursos humanos; además, están en riesgo de sufrir algún accidente, porque se exponen a altas velocidades.
Consideró que es importante que la población comience a tener más responsabilidad con las llamadas que realiza; si son menores de edad, que los padres vigilen qué hacen los niños con sus teléfonos, porque toda acción tiene una reacción, y no por pasar un rato de risas tenga una mala repercusión.
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“Todavía existe esa mala costumbre de que personas jueguen con las líneas telefónicas, alertando a la corporación por cosas que no existen. No solo nosotros estamos en esas condiciones, sino también otras instituciones de rescate o atención social”, aseguró.
A pesar de que existe un artículo que castiga el uso indebido de los servicios de emergencia, hasta el momento ninguna persona ha sido procesada por este delito.
Según el Código Penal de Quintana Roo, el Artículo 220 quinquies, señala que a quien, a través de una llamada telefónica o cualquier otro medio, realice un aviso falso a los servicios de emergencia o su equivalente, que provoque la movilización de personal de emergencia, protección civil, bomberos o de las instituciones de seguridad pública, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.
La persona imputada tendrá que pagar una multa como mínimo 4 mil 481 pesos y máximo, 44 mil 810 pesos.
