El Juez Octavo de Distrito, Mario Fernando Gallegos León, declaró válido el Decreto 195, mediante el cual el Congreso de Quintana Roo revocó la concesión de agua potable y alcantarillado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan). La resolución judicial confirma la terminación del contrato en cinco municipios del estado, tras un proceso legal que se extendió por más de un año.
La controversia inició en diciembre de 2023, cuando la XVII Legislatura local derogó el Decreto 250, que otorgaba a Aguakan los derechos para operar los servicios hídricos hasta 2053. La empresa reaccionó interponiendo un amparo, lo que permitió que continuara con sus operaciones en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Paya del Carmen mientras se resolvía el litigio.
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Sin embargo, con la reciente sentencia del caso 1323/2023, el Poder Judicial federal respaldó la decisión del Congreso estatal, abriendo paso a la posible transferencia de la infraestructura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). Hasta el momento, Aguakan no ha anunciado si acatará el fallo o presentará nuevos recursos legales.
Denuncias por presunto fraude
En paralelo, el gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal contra la concesionaria por supuesto fraude, basándose en documentos que la propia empresa incluyó en su demanda de amparo. Cristina Torres, secretaria de Gobierno, señaló que existen inconsistencias en los informes financieros de Aguakan, particularmente en los recursos destinados a la ampliación de la concesión.
“Hay elementos que sugieren fraude procesal, ya que la concesionaria habría proporcionado información falsa ante el juez”, afirmó Torres. Además, se inició un procedimiento administrativo para que la empresa justifique el uso de los fondos públicos recibidos.
El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades estatales preparan la transición de los servicios hídricos a CAPA.
