La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, se encuentra en el centro de un torbellino judicial y mediático. Quien fuera presidenta municipal de Tecámac, Estado de México (Edomex), entre 2019 y 2024, reconoció públicamente que durante su administración fueron sacrificados 10 mil perros.
Ante la difusión del video donde la legisladora admite la autoría de estas muertes bajo su gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió de inmediato una investigación de oficio para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. Gutiérrez Escalante no negó los hechos, pero intentó blindar su gestión argumentando que las acciones se realizaron bajo el estricto marco de la ley a través del Centro de Bienestar Animal local.
“Aquí no hubo indiferencia, no hubo crueldad. Enfrenté una realidad difícil y tomé decisiones dentro de la ley, buscando el menor daño posible”, sostuvo la legisladora, justificando que las inyecciones letales se aplicaron exclusivamente en casos de enfermedades incurables y ataques a ciudadanos.
Para matizar el escándalo, añadió que su administración logró concretar 50 mil esterilizaciones y 3 mil adopciones. También aseguró que no está en contra de los “seres sintientes, como ahora son llamados, simplemente hemos hecho el trabajo que establece la Constitución”, insistió la ahora legisladora.
- La versión oficial choca con los señalamientos de los defensores de los derechos de los animales
Tras la denuncia pública de la activista Zyanya Polastri, funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) advirtieron serias anomalías en el procedimiento municipal, destacando la falta de diagnósticos clínicos previos, ausencia de personal verdaderamente capacitado y posibles violaciones a las normas de trato humanitario.
- Las justificaciones políticas de la senadora podrían estrellarse contra el rigor del código penal.
Actualmente, la FGJEM investiga posibles violaciones directas al artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México (Edomex), el cual tipifica como delito causar la muerte a cualquier animal que no constituya una plaga. El panorama legal para la exalcaldesa y su equipo de trabajo se vuelve más oscuro al considerar el artículo 235 Ter, el cual agrava las sanciones cuando se comprueba la intervención directa de servidores públicos en el maltrato y manejo animal.
De concluirse que existió responsabilidad penal, la pena máxima que podrían enfrentar los implicados alcanza los 6 años de prisión, un castigo que sentaría un precedente histórico contra el maltrato animal institucional en México.
Con información de Ámbito
