Una ficha roja y alerta migratoria fueron activadas contra Paul Rangel Merkley, director de Aguakan, empresa concesionaria del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya, la zona turística más grande del país.
Sin embargo, el directivo logró suspender temporalmente estas medidas que le impedían abandonar el país sin ser detenido, gracias a un recurso de queja de amparo tramitado ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo.
El pasado 22 de diciembre, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Policía Federal de Investigación intentaron detenerlo en su lugar de trabajo. Según expedientes judiciales consultados, los agentes no pudieron ingresar al inmueble debido a restricciones legales.
La denuncia penal que originó estas acciones fue presentada por el Gobierno de Quintana Roo ante la FGR a inicios de 2023, acusando a Aguakán de presunto fraude procesal. Se sospecha que la empresa obtuvo de manera ilícita una suspensión de amparo para frenar el retiro de la concesión, aprobado en 2023 por el Congreso estatal.
Tras el intento de detención, Rangel Merkley presentó una demanda de amparo indirecto contra la orden de aprehensión, así como contra la emisión de la ficha roja y la alerta migratoria, que podrían ser ejecutadas por la Interpol.
El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo concedió una suspensión provisional parcial, dejando sin efecto la orden de aprehensión pero manteniendo vigente la alerta migratoria. Posteriormente, el directivo impugnó esta resolución ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que le otorgó una suspensión provisional también contra la ficha roja y la alerta migratoria, en espera de la resolución definitiva.
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La audiencia incidental para determinar si Rangel Merkley recibirá la suspensión definitiva está programada para el 29 de enero.
El conflicto no es menor: Aguakan, propiedad de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, provee agua potable y alcantarillado a 1.48 millones de habitantes en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo, con mayoría de Morena, decidió poner fin de manera anticipada a la concesión otorgada en 2014 durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, quien actualmente está preso. Esta concesión, originalmente vigente hasta 2053, fue criticada desde su inicio por supuestos vicios legales.
Aunque Aguakán interpuso un amparo que mantiene suspendido el retiro de la concesión, el Gobierno estatal sostiene que esta medida cautelar fue obtenida de manera irregular. La disputa legal continúa mientras se define el futuro del servicio de agua en la región.
