Se aprobó la Ley Ingrid, la cual sancionará a quienes difundan imágenes de víctimas de delitos como feminicidio en Quintana Roo, pero estará más enfocada a servidores públicos y no a los medios de comunicación, pero se recalca la ética que deberán tener.
Fue el 9 de febrero de 2020 cuando fue hallado el cuerpo sin vida de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, quien fue víctima de un brutal feminicidio. Por si no fuera suficiente el crimen, imágenes de su cuerpo mutilado fueron exhibidas en portadas de periódicos de nota roja.
Desde entonces colectivas feministas buscaron una ley que sancionara esta clase de prácticas que revictimizan a las víctimas de feminicidio y otros crímenes.
En Quintana Roo el diputado Édgar Gasca Arceo retomó esta iniciativa que ya había sido aprobada en otras entidades. Con 17 votos a favor se aprobó la Ley Ingrid.
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Al respecto, la diputada local Kira Iris San asevera que la mayoría de los periodistas afirman que ellos obtienen esa información pero de las autoridades que están en el hecho del crimen.
“Cuando hay una persona que la flagelaron o un feminicidio, son las autoridades quienes están con las víctimas y son quienes pueden pasar las fotos y demás. Igual es la forma de verbalizar sobre la persona que fue víctima de un hecho delictivo. Después de un debate y de muchas opiniones se optó de poner la Ley Íngrid a los servidores públicos porque se consideró y se llegó a la conclusión de que ellos son los que tienen las evidencias”, enfatizó.
Desde luego que para los medios de comunicación sigue existiendo la advertencia de no violentar con mecanismos poco éticos la comunicación de estos hechos.
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