El pulso de Playa
Eduardo Lara
Es hora de actuar con determinación y presentar una iniciativa de ley que prohíba de manera permanente a los funcionarios corruptos volver a ocupar un cargo público. ¿Por qué seguimos tolerando el circo de los juicios políticos que no son más que una burla al pueblo? Un claro ejemplo es el caso del hijo de José Luis Pech Várguez, quien desde 2015 fue señalado por desvío de recursos públicos. Ahora, casi una década después, acepta que robó, y la sanción que recibe es una ofensa: apenas un golpe simbólico que se burla de la justicia y del esfuerzo de la ciudadanía.
En el sector privado, cuando un empleado roba, enfrenta consecuencias severas: despido inmediato, cárcel y, sobre todo, el veto absoluto de volver a trabajar en la empresa afectada. ¿Por qué los servidores públicos, quienes administran los recursos que los ciudadanos aportamos con el sudor de nuestra frente, deberían ser tratados con privilegios? Si un trabajador incumple con el pago de impuestos, enfrenta multas, recargos y hasta prisión. Pero, ¿qué ocurre cuando un político roba? Nada comparable.
El caso del “junior” de Pech es indignante: con un desfalco de 20 millones de pesos, la justicia parece darle un trato especial. Por delitos menores, muchas personas cumplen condenas de al menos cinco años de cárcel. ¿Por qué este personaje, hijo del “honorable” doctor Pech, no enfrenta la misma suerte?
La justicia no puede ser selectiva. Es necesario implementar el cese inmediato de los funcionarios corruptos, acompañar su destitución con un juicio penal y garantizar que, si se les encuentra culpables, nunca más puedan ocupar un puesto en el gobierno. Los ladrones de cuello político deben dejar de reírse del pueblo explotado y sometido.
Es momento de exigir una ley que impida que los saqueadores de lo público sigan viviendo de nuestros impuestos. Si no tomamos medidas contundentes, seguiremos siendo testigos de un sistema que premia la impunidad. Playa del Carmen y México entero merecen un gobierno íntegro.
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