Cancún.- “Te conviene aceptar la venta porque la esposa del Gobernador, la señora Gaby se enamoró de tu rancho”, con esas palabras la señora Cecilia, quien operó el despojo de un rancho de 37 hectáreas en Akumal a favor de José María Rejón de la Guerra, obligó a Antonio Manrique Mac, un anciano discapacitado de 72 años a “venderle” su predio al cuñado del gobernador Carlos Joaquín González.
Pero vender es un decir, porque el anciano no recibió un solo peso por la fraudulenta operación mediante la cual lo despojaron de su único patrimonio, un rancho en Akumal donde había vivido por alrededor de cuarenta años.
Con estudios de primaria sin concluir y con una vida entera viviendo en medio de la selva, dentro del rancho La Caverna, Antonio Manrique, tardó meses en comprender que lo que lo habían obligado a firmar el 25 de abril de 2019 en una Notaría de Mérida, Yucatán, era una fraudulenta venta de su terreno, al que ya no le permitieron entrar; y cuando denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, en Tulum, en un meteórico proceso, funcionarios de la Fiscalía, por consigna del gobernador Carlos Joaquín González, se encargaron de cerrar la carpeta en tres meses, decretando el no ejercicio de la acción penal a favor de José María Rejón de la Guerra, quien en un exceso de crueldad y para escarmiento, enderezó dos denuncias en contra del anciano, una por “falso testimonio” y otra por “denuncias falsas”, las cuales actualmente se encuentran en trámite.
Originario de Chemax, Yucatán, Antonio Manrique Mac llegó a lo que hoy es la Riviera Maya hace más de cuarenta años, en ese entonces se dedicó a sembrar milpa, a la extracción de chicle y a ubicar lugares que existían en los registros cartográficos del estado pero que nadie sabía con certeza dónde estaban. Era la génesis de lo que hoy es uno de los sitios turísticos más visitados del mundo. Don Antonio se estacionó en Akumal hace cuatro décadas cuando la carretera entre Chetumal y Cancún era apenas un camino de ida y vuelta, y nadie tenía idea de que este lugar se convertiría en un paraíso y a la vez en un infierno de ambiciones y despojos.
En 1999 la Secretaría de la Reforma Agraria le entregó a don Antonio su título sobre un terreno de 115 hectáreas, denominado Rancho La Caverna, que con el tiempo fue subdividiendo y vendiendo hasta quedarse únicamente con un lote de casi 37 hectáreas, su última porción y que le fue despojada por José María Rejón de la Guerra, hermano de Gabriela Rejón de Joaquín, la esposa del gobernador, Carlos Joaquín González.
A principios del año 2018, el señor Antonio conoció a Cecilia Yvette Castillo Parra, quien enseguida vio en el rancho La Caverna un negocio, y se ofreció a administrarlo. La mujer también se dio cuenta del estado de vulnerabilidad en la que se encontraba don Antonio: sin estudios, discapacitado, viejo y sin miembros en su familia que pudieran advertir la trampa a la que serían conducidos. Con una vida entre el pueblo de Chemax y el rancho La Caverna, el señor Antonio y su familia no habían evolucionado al ritmo que lo hizo la Riviera Maya.
Después de varias visitas y de llevarlos a pasear a Mérida, Cecilia se ganó la confianza de Antonio y su familia. Ese fue el principio de una trama que terminó con el despojo. Desde un inicio, Cecilia impuso al señor Antonio un trato por demás leonino que consistió en que ella promovería el ingreso de tours al rancho La Caverna y de lo que se cobrara le daría una mensualidad; nada quedó por escrito, todo fue de palabra. Cecilia nunca rindió cuentas de lo que ingresaba por concepto de tours, y durante un tiempo le dio dinero a la familia Manrique, apenas para lo básico. En marzo de 2018, con el pretexto de administrar mejor el lugar, y estar en posibilidad de encargarse de trámites, permisos y todo lo que se requiriera, Cecilia con engaños, llevó al señor Antonio a un “paseo” a Mérida, en el que aprovechó para que éste le diera un poder, se trató de un poder para pleitos y cobranzas y para actos de dominio, lo que significaba que ésta podía disponer del predio como si fuera dueña, el poder se realizó en la Notaría 26, en Mérida, Yucatán.
Con el poder en mano, Cecilia empezó a proponerle al señor Antonio que pusiera el rancho La Caverna en venta, a lo que éste siempre se negó. La insistencia le hizo dudar y de alguna manera comprendió que el poder que Cecilia tenía le permitiría a ésta vender su terreno, por lo que en febrero de 2019, le revocó el poder, aunque continuó con su relación de “amistad” y “negocios”.
Aún sin el poder para actos de dominio, Cecilia Yvette Castillo Parra continuó con su objetivo: vender el rancho La Caverna. El 25 de abril de 2019, llegó a la casa de Antonio Manrique, en Chemax, Yucatán, donde vivía con su esposa y sus hijos, todos muy jóvenes. Cecilia llegó acompañada por policías de Yucatán que se apostaron afuera de la casa y unos más entraron con la mujer, quien ordenó al señor Antonio, a su esposa y a su familia, que fueran con ellos a una Notaría en Mérida, donde firmarían una escritura, porque ‘la esposa del Gobernador se había enamorado del rancho la Caverna, y no aceptaría un no’. Los policías que acompañaban a la señora Cecilia intimidaron a la familia, que se subió a una van blanca sin comprender bien lo que sucedía. El señor Antonio y su esposa firmaron ante el notario número 85 de Mérida la escritura de compraventa del rancho La Caverna, de casi 37 hectáreas, por la ridícula cantidad de 7 millones 500 mil pesos. Como comprador, firmó José María Rejón de la Guerra, el hermano de la esposa del Gobernador, Gabriela Rejón de Joaquín.
El señor Antonio antes de ese día no había visto a José María Rejón de la Guerra, no realizó ningún trámite para obtener los documentos necesarios para escriturar, no realizó papeleo alguno, no pactó el precio de la venta de su terreno y no tenía la menor intención de venderlo. Nunca antes había visto al Notario 85 Rodolfo Cerón Palma quien fue el mismo que pidió un avalúo para ponerle el precio al rancho La Caverna y establecer su valor en 7.5 millones de pesos.
Cecilia “tomó la precaución” de grabar con su teléfono celular la firma de la escritura y en el video se nota al señor Antonio Manrique solo asentar con la cabeza a lo que le decía el Notario Rodolfo Cerón, pero sin entender nada; en todo el video solo expresa un par de frases sin conexión con el acto jurídico, y lo único que pregunta es que si le van a dar copia del papel que firmó.
La simulada compraventa en realidad se trató de un gran fraude. En la escritura acta 47 folio 201 pasada ante la fe del Notario Rodolfo Cerón, quedó asentado que José María Rejón de la Guerra depositó dos cheques por un millón de pesos cada uno a una cuenta del banco BBVA a nombre del señor Antonio, cuenta que fue tramitada por Cecilia Yvette Castillo, con el poder que tuvo, y a la que solo llevó a firmar a Antonio Manrique, en otro “paseo” a Mérida. Pero en los días posteriores al depósito de los dos millones de pesos, desde esa cuenta, manejada por Cecilia Yvette Castillo, se transfirieron, vía SPEI, un millón 299 mil 404 pesos a otra cuenta para pagar los impuestos por la operación de compraventa… Y en los días posteriores, se hicieron transferencias por el resto de los dos millones de pesos a otra cuenta.
El 22 de julio de 2019, José María Rejón de la Guerra transfirió, mediante cheque, 5.5 millones de pesos, a la cuenta del señor Antonio Manrique, para simular que cumplía con el pago de los 7.5 millones de pesos pactados en la escritura, pero al día siguiente, el 23 de julio, de la cuenta aperturada a nombre del señor Antonio Manrique, se realizó un cheque de caja por un millón de pesos a favor de José María Rejón de la Guerra, y ese mismo día 23 de julio, se realizó un traspaso de 4.4 millones de pesos a la cuenta bancaria a la que se transfirió el remanente, después de impuestos, del primer “pago” de dos millones de pesos. Es decir, en un día el señor José María Rejón de la Guerra depositó a la cuenta a nombre de Antonio Manrique 5.5 millones de pesos, y al día siguiente esa misma cantidad fue sacada mediante un cheque de caja a favor de Rejón de la Guerra y mediante la transferencia a otra cuenta. Todo ello, sin que Antonio Manrique sepa ni siquiera retirar dinero de un cajero pues tampoco sabe manejar cuentas bancarias. Antes de la de Bancomer, la misma Cecilia Yvette Castillo le aperturó otra cuenta en Banamex, para supuestamente depositarle el dinero de la “administración” de su rancho; fuera de eso, no había tenido contacto alguno con instituciones bancarias.
Después de la venta forzada, y para mejor cuadrar la venta fraudulenta, en mayo de 2019, Cecilia nuevamente bajo engaños, llevó a “pasear” a Mérida al señor Antonio Manrique, y esta vez, lo llevó a la notaria 26, de Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, donde le hizo firmar un préstamo a su favor por cinco millones de pesos, pagaderos a 20 años, y sin intereses… Fue esa la forma “legal” de justificar el traspaso de cinco millones de pesos de la cuenta a nombre del señor Antonio, a una tercera cuenta bancaria, por lo que en la práctica, Antonio Manrique nunca vio un solo peso.
El señor Antonio pasó las siguientes semanas en Chemax, sin saber que ya había vendido su rancho, sin enterarse de nada y con una salud cada vez más deteriorada. Fue hasta agosto de 2019, cuando Antonio Manrique, ya no pudo entrar a su rancho La Caverna, al que José María Rejón de la Guerra, ya le había puesto una reja para impedir la entrada de gente “ajena” y cuando se dio cuenta que él ya no era el dueño de nada.
El 31 de agosto de 2019, como pudo, Antonio Manrique interpuso ante el Ministerio Público de Tulum una denuncia en contra de José María Rejón de la Guerra, Cecilia Yvette Castillo Parra y su cuñado, por el presunto delito de fraude, despojo, robo o lo que resulte. Su denuncia, bajo el número FGE/QR/AMPTUL/UITUL/08/1113/2019, fue atendida con una prontitud inusitada: se giraron oficios de colaboración a Mérida, Yucatán; comparecieron los denunciados, se les recibieron pruebas a José María Rejón y Cecilia Castillo, y se hicieron peritajes; todo eso en un tiempo récord de tres meses, luego de los cuales los fiscales Jeans Gaspari Chable Yupit y Estela Noemí Labastida Rodríguez acordaron el no ejercicio de la acción penal, es decir, cerraron la denuncia interpuesta por Antonio Manrique.
A la víctima se le nombró como asesora jurídica a Fernanda Adriana Leo Barney de la Comisión Ejecutiva de Víctimas del estado de Quintana Roo, funcionaria que tomó protesta del cargo, pero no hizo absolutamente nada por el señor Antonio Manrique, jamás lo contactó, ni solicitó un acto de investigación a su favor, ni ofreció prueba alguna que lo beneficiara.
Óscar Montes de Oca Rosales titular de la Fiscalía General del Estado, puso a disposición de José María Rejón de la Guerra, el cuñado del gobernador, Carlos Joaquín González, toda la institución, que violó en perjuicio de Antonio Manrique su derecho humano a un debido proceso y su derecho a recibir un trato diferenciado en razón de su vejez y su discapacidad; y por lo contrario, lo revictimizó negándole el acceso a su carpeta tantas veces acudió al Ministerio Público y negándole su derecho a presentar pruebas y testigos y a solicitar actos de investigación.
Al igual que sus subalternos, el entonces vicefiscal general del estado, Alfonso Marcos García Ramírez, también actuó con una sospechosa velocidad, y en dos días autorizó el no ejercicio de la acción penal acordado por sus inferiores.
El fiscal Cristopher Sandoval Rosado continuó con las violaciones en contra de Antonio Manrique cuando determinó notificarle por “estrados” el no ejercicio de la acción penal. Es decir, la trascendente determinación, el funcionario la pegó en la puerta de la Fiscalía para que el señor Antonio se enterara…
A excepción del entonces vicefiscal, Marcos García, todos los demás fiscales han sido bien recompensados por sus servicios: Estela Noemí Labastida Rodríguez ahora es vicefiscal de la zona sur; Christopher Sandoval Rosado pasó de fiscal a Coordinador de la Fiscalía de Tulum, y Jeans Gaspar Chable Yupit, continúa con total impunidad, su carrera como “fiscal” estrella de despojos exprés. Apenas en julio pasado, el mismo día que recibió una denuncia, con copias simples ordenó el aseguramiento de un hotel en Tulum; y durante la madrugada del 14 de octubre, consumó el despojo de un predio en la zona costera de Tulum en agravio de Víctor Chávez, a quien con violencia sacó de su predio con el pretexto de haber recibido un reporte de hombres armados.
Por los hechos cometidos en agravio del señor Antonio Manrique, Estela Noemí Labastida Rodríguez, vicefiscal de la zona sur; el fiscal Jeans Gaspar Chable Yupit, y el ex vice fiscal general Alfonso Marcos García Ramírez, enfrentan una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, bajo la carpeta número FGE/QR/FECC/TUL/0359/11/2020.
Para persuadir al señor Antonio Manrique de continuar buscando justicia, José María Rejón de la Guerra, el hermano de la Primera dama de Quintana Roo, interpuso ante la Fiscalía de Óscar Montes de Oca, dos denuncias en contra del anciano, una por “denuncias falsas” por atreverse a denunciarlo por fraude; y otra por falso testimonio… Las denuncias con número FGE/QROO/TUL/11/1602/2019 y FGE/QROO/TUL/04/421/2020, actualmente se encuentran en trámite en Tulum.
El texto íntegro fue tomado del sitio Periodismo Colectivo
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