Una ola de indignación sacudió al comercio local tras concluir las celebraciones del Grito de Independencia en el municipio de Benito Juárez. Diversos vendedores de alimentos acusaron públicamente a las autoridades de imponer cuotas arbitrarias de hasta $50,000 pesos por permitirles trabajar una sola noche en el centro de la ciudad, desatando una fuerte exigencia de transparencia y cuentas claras.
La gravedad de los señalamientos ha escalado rápidamente en plataformas digitales, donde organizaciones de denuncia ciudadana y colectivos locales exigen una auditoría profunda sobre los criterios de recaudación para eventos masivos en el primer cuadro de la ciudad.
Los reclamos de los afectados apuntan de manera directa hacia la gestión de José Gamaliel Canto Cambranis, actual titular de la Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez. De acuerdo con las quejas públicas, el personal operativo de la dependencia habría condicionado la asignación de los lugares bajo montos que rebasan por completo las expectativas de rentabilidad de los microempresarios locales.
Ante la nula visibilidad de un tarifario explícito para la temporada de fiestas patrias, los vendedores han colocado sobre la mesa de debate una serie de interrogantes que las autoridades municipales y de la contraloría local están obligadas a responder:
- ¿Quién autorizó los montos?: Bajo qué marco legal o reglamento interior se estipula que un espacio por una sola noche pueda costar decenas de miles de pesos.
- ¿Existe un tabulador oficial?: Si estas tarifas están reguladas, la ciudadanía y los comerciantes tienen derecho a conocer el desglose oficial de costos según el metraje o el giro del negocio.
- ¿Dónde están los comprobantes fiscales?: Los denunciantes exigen que se aclare si los pagos exigidos se respaldan con un recibo oficial debidamente timbrado por la Tesorería Municipal.
- Destino de los recursos: ¿Este dinero ingresa de forma íntegra a las arcas del ayuntamiento o se desvía a través de recaudaciones informales en la calle?
Mientras que algunos sectores de la opinión pública exigen una investigación inmediata por presunta corrupción, análisis en redes sociales sugieren que el conflicto también podría derivar de una confusa aplicación de las normativas de operación.
En Cancún, los comerciantes en vía pública operan regularmente bajo permisos anuales con horarios específicos (habitualmente de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.). Trabajar fuera de ese horario implica un cobro por “hora extra” diaria que, al acumularse y proyectarse de forma obligatoria en la renovación anual, puede disparar los montos totales hasta los $30,000 o $50,000 pesos, lo que genera confusión e insolvencia cuando se intenta cobrar en bloque para fechas específicas.
Sin embargo, para los comerciantes locales, la falta de claridad y las exigencias de pagos inmediatos a ras de suelo no son menores. “Los comerciantes no merecen cobros en la oscuridad. Cancún merece cuentas claras, recibos y total transparencia institucional”, manifestaron usuarios en redes en apoyo a los afectados.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Benito Juárez ni la Contraloría Municipal han emitido un pronunciamiento formal aclarando si abrirán una línea de investigación hacia los inspectores de la Dirección de Comercio en Vía Pública o si se publicará el tabulador correspondiente para dar certeza a los trabajadores semifijos del destino.
El caso se mantiene abierto mientras el sector comercial exige que se aclare hasta el último peso recaudado durante la noche más importante del calendario cívico nacional.
Con información de Quintana Roo censurado