El pasado 25 de enero, Paul Andrew Rangel Merkley, director de Aguakan y prófugo de la justicia, apareció en cadena nacional para defender a la concesionaria y atacar al gobierno de Quintana Roo. Desde la clandestinidad y con una ficha roja de Interpol en su contra, el empresario sostuvo que la empresa no fija las tarifas del agua en la entidad, sino que son los diputados locales quienes deciden el costo del servicio, afectando directamente a los ciudadanos.
“Nosotros no establecemos la tarifa, es el Congreso quien regula el precio del agua y quien ha castigado a los ciudadanos con los aumentos”, afirmó Rangel Merkley en su intervención televisiva. Según él, la tarifa es la misma en todo el estado, lo que contradice las acusaciones del gobierno estatal sobre abusos en los cobros y deficiencias en el servicio.
El próximo 6 de febrero, Rangel Merkley enfrentará una audiencia de imputación y vinculación a proceso por el delito de falsedad de declaraciones en el juicio contra el gobierno estatal. La Fiscalía General de la República lo investiga por presuntamente proporcionar información falsa en el juicio de amparo que permitió a Aguakan continuar operando, pese a la cancelación de su concesión en diciembre de 2023.
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La gobernadora de Quintana Roo ha sido una de las principales impulsoras del proceso legal contra la concesionaria, argumentando que su permanencia es ilegal y va en contra de la voluntad popular expresada en la consulta ciudadana de 2021. Sin embargo, Rangel Merkley, ahora prófugo, no solo defendió la permanencia de la empresa, sino que acusó al gobierno estatal de orquestar una campaña en su contra.
“Nos persiguen por razones políticas, no legales. Aguakan ha cumplido con su contrato y ha respetado las decisiones judiciales. El problema aquí es que el gobierno estatal quiere expropiar el servicio sin seguir los cauces legales”, afirmó el directivo.
La concesión de Aguakan, que data de 1990, fue ampliada en 2014 hasta el año 2053 por el entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso por corrupción. En 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el decreto 195, anulando esa extensión y dando por terminada la concesión el 31 de diciembre de ese año. No obstante, la empresa impugnó la decisión y logró una suspensión definitiva del decreto, lo que le ha permitido seguir operando en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
A pocos días de su audiencia, la aparición de Rangel Merkley en medios de comunicación solo ha avivado la polémica. Mientras el gobierno estatal insiste en que Aguakan debe dejar de operar, el empresario mantiene su postura de que la empresa ha actuado conforme a la ley. Con su paradero aún desconocido y una orden de captura en su contra, su futuro legal sigue en suspenso.
