La violencia en el estado de Guerrero ha alcanzado un nuevo punto crítico. Este martes 12 de mayo de 2026, se confirmó que al menos 96 personas, entre ellas niños y adultos mayores, se vieron obligadas a abandonar sus hogares en comunidades del municipio de Chilapa debido a los constantes enfrentamientos entre los grupos delictivos conocidos como “Los Tlacos” y “Los Ardillos”.
La situación, que se ha agravado en las últimas 48 horas, provocó el despliegue inmediato de fuerzas federales y la intervención directa del gabinete de seguridad nacional.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se trasladó personalmente a la región para coordinar la atención a las víctimas y garantizar condiciones mínimas de seguridad.
“No permitiremos que la población civil siga siendo rehén de las disputas territoriales. Estamos trabajando para pacificar la zona y brindar refugio a quienes han perdido su tranquilidad”, declaró la funcionaria antes de partir a la entidad.
- Un conflicto que no da tregua
El desplazamiento forzado en Chilapa es el resultado de una disputa histórica por el control de las rutas de trasiego y las economías locales en la zona de la Montaña Baja de Guerrero. Los grupos enfrentados, “Los Tlacos” y “Los Ardillos”, han mantenido una pugna que ha dejado decenas de desaparecidos y comunidades fantasma en los últimos años.
Testigos que lograron salir de la zona relatan que el ruido de las ráfagas de armas de fuego y la presencia de hombres armados en los caminos rurales hicieron imposible la permanencia en sus viviendas. Las familias desplazadas han sido trasladadas a albergues temporales bajo custodia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
- ¿Qué sigue para las familias desplazadas?
El Gobierno de México ha prometido tres ejes de acción inmediata:
- Seguridad Permanente: Establecer bases de operaciones mixtas para evitar que los grupos criminales tomen control total de los pueblos abandonados.
- Ayuda Humanitaria: Garantizar alimentación, servicios médicos y apoyo psicológico a los 96 desplazados registrados hasta ahora.
- Retorno Seguro: Crear las condiciones necesarias para que las familias puedan regresar a sus tierras lo antes posible bajo vigilancia federal.
Sin embargo, organizaciones civiles han advertido que mientras no se desarticule la estructura financiera y operativa de ambos carteles, el retorno será sumamente peligroso.