El abogado Javier Tun Jiménez presentó una denuncia formal en la que señala a Manuel David Montoya, Hugo Uribe Nicolás y Shannon Stephanie Jiménez Muñoz como presuntos responsables de operar un esquema de venta de justicia en la región.
En su exposición de hechos, el profesional del derecho expuso el caso de una persona sentenciada a 40 años de prisión. De acuerdo con la denuncia, dicha pena le habría sido impuesta ante la falta de pago de un millón de pesos exigidos por el juzgador en turno. Por razones de protección de datos personales y seguridad de la persona afectada, su identidad se mantiene en estricta reserva.
Con más de 27 años de trayectoria en la región, Tun Jiménez denunció de manera frontal la existencia de lo que denominó un “cártel de la justicia en materia penal”. Según el litigante, esta célula opera al interior del Poder Judicial del Estado, dedicándose presuntamente a la fabricación de sentencias a modo, extorsiones millonarias y al despojo de predios de alta plusvalía en los municipios de Playa del Carmen y Tulum, operando de forma coordinada con actores externos como la Notaría Número 38 de la ciudad de Cancún.
El ‘modus operandi’: Despojos costeros y extorsión telefónica
El litigante expuso que este grupo no realiza anomalías menores, sino que se enfoca de manera selectiva en terrenos de alto valor comercial que interesan a mafias inmobiliarias, afectando directamente la inversión extranjera. Destacó el expediente relacionado con el Predio Balanjá (un terreno costero de entre 178 y 270 hectáreas), donde asegura que Montoya y Jiménez Muñoz instruyeron un fallo en contra de las víctimas. Asimismo, acusó un patrón idéntico en el expediente de un terreno costero en Tulum.
Como prueba de las extorsiones a litigantes, exhibió desde su teléfono el número 984 137 4246, detallando que mediante ese canal y bajo las órdenes del juez Hugo Uribe Nicolás se exigió el soborno de un millón de pesos para evitar la condena. Durante el encuentro con los medios, reveló además la existencia de una grabación de audio donde el juez Uribe Nicolás fue captado extorsionando a una ciudadana en su oficina privada; al percatarse de que estaba siendo grabado, el funcionario expulsó a la mujer del lugar y posteriormente falló en su contra.
Un aspecto particular de esta denuncia es que el abogado Tun Jiménez no solicitó la destitución o expulsión inmediata de las personas señaladas. En su lugar, planteó la necesidad de que los funcionarios judiciales acusados sean sujetos a un proceso de revisión, evaluación y, en su caso, rehabilitación.
Esta postura difiere de los procedimientos habituales en este tipo de querellas, al centrarse en la posibilidad de corregir conductas y restablecer la legalidad dentro del propio sistema de impartición de justicia, en vez de aplicar una separación inmediata del cargo. El litigante lamentó el silencio de gran parte del gremio de abogados en Playa del Carmen, atribuyéndole al temor a represalias, amenazas latentes o la existencia de convenios oscuros.
La denuncia ha llamado la atención de la opinión pública local por la gravedad de los hechos expuestos. Tun Jiménez hizo un llamado enérgico a Hayden Cebada Rivas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, señalando que tras hacerse públicos los números telefónicos, los audios y los expedientes, la máxima instancia judicial está obligada a intervenir de inmediato.
A partir de ahora, las autoridades competentes tienen la responsabilidad de investigar a fondo estas afirmaciones, verificar la veracidad de los señalamientos y determinar si existen elementos suficientes para dar curso a procedimientos administrativos o penales conforme a la legislación vigente. Garantizar que la justicia se imparta con imparcialidad, transparencia y apego a derecho es fundamental para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.