La relación entre España e Israel entró en una fase crítica luego de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acusara a Israel de llevar a cabo un “genocidio” contra la población palestina en Gaza, al considerar que su ofensiva militar dejó de ser un acto de legítima defensa para convertirse en el “exterminio de un pueblo indefenso”.
Como respuesta, el gobierno español anunció un embargo total de armas, así como la prohibición del uso de puertos y espacio aéreo para transportes militares con destino a Israel. También se determinó vetar los productos procedentes de asentamientos en territorios ocupados y reforzar la ayuda humanitaria con 150 millones de euros para Gaza en 2026.
La decisión española provocó una reacción inmediata en Tel Aviv. El ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, acusó a Madrid de “antisemitismo” y de usar el conflicto como cortina de humo ante escándalos internos. Además, Israel vetó la entrada de las ministras españolas Yolanda Díaz y Sira Rego.
En represalia diplomática, el canciller español José Manuel Albares llamó a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomón, un gesto que refleja la gravedad del choque bilateral.
La crisis entre ambos países sigue escalando y podría marcar un punto de quiebre en las relaciones diplomáticas, con repercusiones en la Unión Europea y la política internacional hacia Medio Oriente.