El Vaticano inició una investigación canónica contra el sacerdote Emanuel Shaleta, miembro de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol de San Diego, por presuntas irregularidades financieras y conducta inapropiada.
“La Unidad de Fraude de la Oficina del Departamento del Alguacil del Condado de San Diego está al tanto de los informes de prensa sobre un presunto manejo indebido de fondos que identifica al obispo caldeo, Emanuel Shaleta, dado que el caso sigue bajo investigación, no se puede compartir información adicional por el momento”
Esta investigación surge después de un artículo publicado por el medio especializado The Pillar, que está compuesto por un equipo de periodistas católicos que investigan asuntos relacionados con la Iglesia. El artículo afirma que los documentos muestran que el obispo Emanuel Shaleta, de 60 años, podría haber malversado fondos provenientes del alquiler de una propiedad de la iglesia.
El reportaje señala que un investigador privado —exagente del FBI— siguió al sacerdote desde San Diego hasta Tijuana lugar donde dejaba su vehículo en el estacionamiento del Hong Kong Club, lugar señalado en la investigación como un burdel. Shaleta realizaba visitas con una periodicidad de varias veces por semana, hasta que fue cuestionado formalmente y redujo la frecuencia a unas cuantas veces por mes.
El informe también sostiene que el sacerdote frecuentaba el domicilio de una mujer con quien presuntamente compartía una cuenta bancaria. De acuerdo con documentos citados por The Pillar, ambos se conocieron cuando trabajaban en Michigan y mantuvieron contacto tras traslados posteriores a Toronto y San Diego. El investigador afirmó que Shaleta tenía acceso irrestricto a la vivienda de la mujer y que ella también ingresaba a la residencia del sacerdote.
En tanto, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego confirmó que su Unidad de Fraude mantiene abierta una indagatoria activa por presunta “malversación financiera” contra un miembro de alto rango de la eparquía.
Según el reportaje, los documentos revisados indicarían que el sacerdote pudo haber aceptado pagos en efectivo en nombre de la parroquia y posteriormente reembolsado esos montos desde una cuenta destinada a asistencia caritativa. Destacando que faltarían más de 427 mil dólares, aunque la cifra total podría ascender hasta un millón de dólares. Asimismo, se informó que contadores forenses estarían revisando los registros financieros ante la posibilidad de presentar cargos penales.
En este contexto, se informa que el caso sería del conocimiento del nuncio apostólico en Estados Unidos. Hasta el momento, ni la eparquía ni el sacerdote han emitido un posicionamiento público detallado respecto a las acusaciones. La investigación ocurre en un contexto de mayor escrutinio financiero y disciplinario dentro de la Iglesia católica, particularmente en casos que involucran manejo de recursos parroquiales y conducta del clero.
Tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, el sacerdote debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, conforme al debido proceso. El caso continúa bajo revisión tanto en la esfera canónica como en la jurisdicción civil estadounidense.