En una sesión histórica, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad un anteproyecto que busca garantizar la paridad de género en las elecciones judiciales del Poder Judicial de la Federación para el período 2024-2025.
El objetivo es establecer criterios claros que aseguren condiciones equitativas para que hombres y mujeres compitan en igualdad por puestos en el Poder Judicial, promoviendo una representación balanceada.
A pesar del consenso en la aprobación del anteproyecto, la discusión se tornó álgida en torno a un punto en particular: ¿cómo garantizar la paridad si no hay suficientes mujeres con votos para ocupar los cargos?
El criterio número 5 del documento establece que, en caso de que las mujeres candidatas no obtengan la votación suficiente, se respetará el resultado tal como se haya dado, lo que podría favorecer a los hombres. Esta postura fue defendida por el consejero del INE Arturo Castillo, quien argumentó que la paridad no debería alterar la voluntad del electorado.
Sin embargo, las consejeras rechazaron tajantemente esta idea. Para ellas, el mandato de paridad es innegociable, y un cargo destinado a una mujer no puede ser ocupado por un hombre, independientemente de los resultados.
“El principio de paridad es claro: los cargos en el Poder Judicial deben reflejar una representación equitativa. Es momento de garantizar que las mujeres ocupen los espacios que les corresponden”, enfatizó Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión.
El anteproyecto plantea que, si en un circuito no hay suficientes mujeres con votos para ocupar las plazas, se recurrirá a la paridad horizontal: el puesto se asignará a una candidata de otro circuito con alta votación en la misma especialidad.
No obstante, este mecanismo generó división entre los consejeros, lo que resultó en un empate de dos votos a favor y dos en contra. Ante la falta de consenso, la decisión final pasará al Consejo General del INE, que deberá resolver la cuestión en una votación definitiva.
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Para los impulsores de la medida, la paridad de género en el ámbito judicial es un paso indispensable hacia una democracia más inclusiva y equitativa. Argumentan que este principio no solo responde a un mandato constitucional, sino que es clave para corregir la histórica subrepresentación de mujeres en el Poder Judicial.
Por otro lado, los críticos advierten que forzar la paridad sin considerar los resultados de la votación podría generar incertidumbre en el proceso electoral y afectar la percepción de legitimidad en los nombramientos.
La discusión no ha terminado. La votación definitiva del Consejo General del INE será crucial para determinar cómo se aplicará la paridad de género en la elección judicial de 2025.
Mientras las consejeras insisten en que la paridad debe prevalecer como un derecho adquirido, los consejeros que apoyan el respeto a los resultados advierten sobre las implicaciones de alterar la voluntad electoral.
El desenlace de este debate no solo definirá el futuro de la representación de género en el Poder Judicial, sino que también marcará un precedente en la política de equidad en México
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