Por Gregorio Valdés
En Tulum parece que alguien no ha entendido cuál es la función de un director de Comunicación Social. Adán Eduardo Quintanilla Ávila, encargado de proyectar la imagen institucional del Ayuntamiento, vuelve a estar en el centro de la polémica, pero no precisamente por una estrategia de comunicación, una campaña de promoción o un resultado favorable para el municipio.
Su nombre aparece nuevamente ligado a señalamientos de agresiones y amenazas contra periodistas.
El episodio más reciente ocurrió en Chetumal, donde un reportero de Notisur lo señaló públicamente por presuntamente intentar golpearlo y amenazarlo de muerte. El comunicador anunció que acudiría ante la Vicefiscalía de Justicia del Distrito Sur para presentar una denuncia.
Y hay un detalle que no debería pasar inadvertido: el periodista también recordó un incidente anterior en el que Quintanilla habría intentado agredir a otro comunicador cerca del Parque del Renacimiento.
No se trata de hechos que deban darse por probados sin una investigación, pero sí de acusaciones suficientemente graves como para exigir explicaciones públicas.
Lo verdaderamente preocupante es que no parece ser la primera vez que el funcionario aparece en medio de una controversia con integrantes de la prensa.
En junio pasado, periodistas de Tulum denunciaron presuntas campañas de desprestigio y hostigamiento digital mediante cuentas apócrifas, y señalaron al director de Comunicación Social como supuesto responsable de esas acciones.
Antes, en 2022, trabajadores de Grupo Sol Quintana Roo denunciaron amenazas relacionadas con la distribución de sus periódicos en las instalaciones del Ayuntamiento.
A estos antecedentes se suman publicaciones periodísticas que cuestionaron su perfil profesional, su relación con los medios de comunicación y el manejo de los recursos destinados a la publicidad oficial.
Demasiados cuestionamientos alrededor de una oficina cuya responsabilidad debería ser precisamente construir puentes con los medios, facilitar el acceso a la información y comunicar con transparencia las decisiones del gobierno.
Pero aquí viene la pregunta que involucra directamente al presidente municipal, Diego Castañón Trejo: ¿hasta cuándo permitirá que la oficina encargada de cuidar la imagen de su administración termine generando controversias que también lo alcanzan a él?,
Tulum arrastra cuestionamientos públicos por distintos temas: seguridad, servicios, actuación de funcionarios, desarrollo urbano y la imagen de uno de los destinos turísticos más conocidos de México. En ese contexto, el gobierno necesita explicar, responder y demostrar resultados, no sumar conflictos con quienes ejercen el periodismo.
Un vocero no está para pelearse con los reporteros, mucho menos para convertir las diferencias editoriales en enfrentamientos personales. Su obligación es responder con argumentos, información y rendición de cuentas.
Si un periodista publica una crítica, se responde con datos. Si existe información falsa, se desmiente por las vías correspondientes. Y si hay una diferencia personal, se resuelve sin amenazas ni intimidaciones.
La comunicación gubernamental no puede confundirse con propaganda ni mucho menos con una supuesta licencia para desacreditar a quienes cuestionan al poder.
Diego Castañón debe entender que la responsabilidad política de su administración no desaparece porque las controversias las protagonice uno de sus colaboradores. Mantener a un funcionario bajo reiterados señalamientos sin exigir explicaciones también termina convirtiéndose en un asunto de gobierno.
Porque mientras el alcalde intenta proyectar una imagen favorable de Tulum, su director de Comunicación Social tiene que responder por una serie de controversias que ya rebasaron el terreno de las diferencias entre prensa y gobierno.
Y una última pregunta: ¿quién está comunicando los resultados del Ayuntamiento y quién está explicando los problemas de su propio vocero?